En total, la Alcaldía de Pabel Muñoz enfrenta 539 acciones legales y administrativas procedentes de 8 instituciones del Estado.
El cerco del régimen de Daniel Noboa contra el Municipio de Quito se estrecha a medida que se acercan las elecciones. Y es que todas las encuestas colocan en primer puesto al alcalde Pabel Muñoz.
Pero ¿cómo se traduce el acoso estatal? La alcaldía de Pabel Muñoz enfrenta un total de 539 acciones administrativas o legales originadas por 8 instituciones del Estado.
El asambleísta de la RC y representante de Pichincha, Héctor Rodríguez, desagregó esa cifra en una rueda de prensa ofrecida este 27 de octubre de 2026.
En la Fiscalía se tramitan 13 denuncias procedentes de concejales y políticos cercanos al régimen. Una de ellas derivó, la semana pasada, en el allanamiento al despacho del alcalde Muñoz, quien en ese momento se encontraba fuera del país.
En la Función Electoral (CNE y TCE) se tramitaron otros 6 procesos. Hasta una denuncia por campaña anticipada hubo originada a raíz de una sesión del Concejo Metropolitano.
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial lleva adelante 59 procesos de control, mientras que la Contraloría ha emitido 308 pedidos de información.
El acoso llega, incluso, a boicotear obras a favor de los quiteños. El Servicio de Contratación Pública (Sercop) ha suspendido 67 procesos, sin justificación técnica alguna.
Hasta los asambleístas de ADN juegan un rol en el cerco al Municipio capitalino. Ellos han enviado 28 pedidos de información pese que su rol fiscalizador no abarca a los gobiernos locales.
El asambleísta de la RC, Xavier Lasso, aseguró que el oficialismo convirtió a la Asamblea en Concejo Metropolitano.
Es que, legisladores de ADN, han llevado al Pleno la fiscalización de Quitopía, compra de nuevos troles, compra de recolectores de basura, funcionamiento del Metro y hasta quiénes conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio.
“¿Qué le ha ofrecido la bancada oficial a Quito? ¿Qué ha hecho el Gobierno por Quito? Nada, por eso nosotros no los podemos fiscalizar. Le ha ofrecido, eso sí, racionamientos energéticos al sector industrial y hospitales sin vacunas”, dijo Lasso.
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