Mayoría oficialista prepara sesión legislativa contra el alcalde de Quito

Xavier Ordóñez

Sacados de la contienda electoral los alcaldes de Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Esmeraldas; ahora ADN enfila contra Pabel Muñoz.

Xavier Ordóñez
El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, lidera en el Parlamento la persecución contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Este miércoles 17 de junio de 2026, la Asamblea retomará la sesión 78 del Pleno, que originalmente empezó en Cuenca.

Es que el pasado 17 de marzo, el entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, llevó al Parlamento a la capital azuaya. Era parte de esa campaña de desplazar al Legislativo de Quito, con el objetivo de golpear alcaldes y fortalecer la agenda territorial de Daniel Noboa.

En ese contexto, en aquella sesión de marzo, la mayoría oficialista planteó tres cambios de orden del día; todos para golpear a los alcaldes, incluido el de Cuenca.

El primero fue para conocer el “cobro de tasas municipales a través de planillas de servicios básicos”. El segundo fue para “conocer la situación laboral” de los recolectores de basura de Cuenca y el tercero fue para analizar “los informes emitidos por la Contraloría que determinan indicios de responsabilidad penal en gobiernos autónomos descentralizados”.

Aquella sesión, con los cambios de orden del día aprobados, quedó en el congelador, hasta esta semana, que la retoma la flamante presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno.

Lo cierto es que el primer cambio de orden del día lo planteó el asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, punta de lanza de la persecución contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Él mismo ha hecho videos amenazando al burgomaestre; le aconseja que duerma con pijama. De hecho, ayer publicó otro video, con estas características, reiterando sus amenazas.

Y, por si fuera poco, el precandidato camuflado a la Alcaldía de Quito por ADN, Jorge Yunda, publicó un tuit, en el que asegura que en Calderón la tasa de recolección de basura aumentó 2.500%.

En torno a este tema girará el debate en el primer punto de la sesión de mañana: en el aumento del cobro de tasa de recolección de basura en Quito.

Es una trampa porque fue un problema ocasionado por el Gobierno. El año pasado la empresa eléctrica de Quito, por orden gubernamental, rompió su acuerdo con el Municipio para cobrar esta tasa en las planillas de luz, aun cuando por ese servicio cobraba cuatro millones de dólares anuales.

De la noche a la mañana, el Municipio de Quito se vio imposibilitado de cobrar la tasa de recolección de basura, generando una pérdida de entre 14 y 16 millones de dólares.

Frente a esta situación, la tasa pasó a cobrarse en las planillas de agua. El problema es que en la capital hay alrededor de 1,2 millones de abonados al servicio eléctrico frente a los 700.000 abonados al servicio de agua potable.

Al reducirse el universo de cobro, la tasa subió para al menos el 40% de ciudadanos. El Concejo Cantonal de Quito aprobó una ordenanza que genera un esquema de cobro similar al impuesto a la renta: mientras más agua se consume, más se paga por la tasa de recolección de basura.

El propio alcalde Muñoz reconoció errores al inicio del cobro, que ya se corrigieron. Pero generado el problema, ADN va por sangre. Y eso ayuda también a generar una cortina de humo frente a Progen y el más reciente escándalo: el viaje clandestino al Mundial por parte de Daniel Noboa.

El tercer punto también va contra el alcalde de Quito, si se toma en cuenta el más reciente video de Xavier Ordóñez, que sueña con ver preso a Muñoz.

Persecución penal por compra de trolebuses con la ONU

Pabel Muñoz y los trolebuses
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presenta la nueva flota de trolebuses de la capital, en marzo de 2025.

El alcalde capitalino está siendo perseguido por la compra de trolebuses que hizo a través de la ONU. Ordóñez, en complicidad con la Contraloría, aseguran que en esa compra hubo robo, es decir Naciones Unidas participó en esquema de contratación corrupto. Insólito, pero todo sirve en ADN para limpiar la papeleta electoral de sus contendores.

Es probable que, en las siguientes horas vengan “actos urgentes” de la Fiscalía, gracias a «denuncias» de Ordóñez o la emisión de indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría.

Eso incluiría allanamientos e, incluso, la detención del alcalde de Quito. Frente a la ola de persecución desatada contra los alcaldes, la pregunte siempre es quién será el siguiente. Y todos los ojos apuntan contra Muñoz.

El alcalde ya iniciado una defensa internacional, especialmente en el ámbito de la ONU. Que en Nueva York sepan que se está persiguiendo al alcalde de la capital de un país miembro por contratar por medio de la ONU, en un procedimiento realizado al menos 60 veces en Ecuador.

Así la sesión de este miércoles será un lodazal, repleto de mentiras y odio. Hasta violando la ley, porque la Asamblea no puede fiscalizar a los gobiernos autónomos. No importa, todo vale, con tal de no fiscalizar el latrocinio de Progen y de torcer aún más, las próximas elecciones locales.  

Arrecia la persecución: la plana mayor de la RC enfrenta demandas penales y amenazas de cárcel

Luisa González y legisladores de la RC

Los dos últimos candidatos presidenciales de la RC, los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, el coordinador la bancada legislativa y la expresidenta de la Asamblea enfrentan procesos penales interpuestos por el oficialismo.

Luisa González y legisladores de la RC
La rueda de prensa que ofreció Luisa González el pasado 28 de enero de 2026 rodeada de los asambleístas del movimiento y la presidenta de la tienda política, Gabriela Rivadeneira.

Sigue la huida hacia adelante que el Gobierno emprendió luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

El oficialismo no utilizó ese fracaso como oportunidad para rectificar, sino que profundiza sus políticas. Y en eso se enmarca la persecución desatada contra la plana mayor de la RC, prácticamente el único movimiento político de oposición en el país.

La lista de perseguidos no deja de crecer. Ya no solo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sino también su homólogo de Quito, Pabel Muñoz.

Eso significa que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país enfrentan procesos penales. Y la política de persecución no solo es a título personal, si no que también abarca a los municipios que lideran.

En Quito el Sercop boicoteó las fiestas de fundación de diciembre y en Guayaquil han hecho de todo: desde el retiro de competencias hasta bloquear obras de desarrollo, como un acueducto o un paso elevado.

Aunque Alvarez no forma parte de la RC, llegó al cargo por este movimiento y se mantiene cercano a Rafael Correa.

Por su fuera poco, la persecución además incluye a los candidatos presidenciales de la RC en las elecciones de 2021, 2023 y 2025. Ellos son Andrés Arauz y Luisa González, esta última fue hasta hace dos semanas presidenta de la tienda política.

En la nómina de perseguidos también consta el coordinador de la bancada legislativa de la RC, la única de oposición. Juan Andrés González enfrenta dos demandas por calumnias interpuestas por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea y Janina Rizzo, legisladora de ADN.

Ese fue el costo que Juan Andrés González pagó por denunciar el caso Porsche y asegurar que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue un autoatentado del régimen.

Por si fuera poco, a finales del año pasado, Fiscalía reactivó una denuncia contra Viviana Veloz, quien fuera presidenta de la Asamblea y actualmente es legisladora por la RC.

Ella, además, forma parte del grupo de legisladores que impulsa un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Cada proceso penal forma parte de una política que tiene un objetivo final: la proscripción de la RC. Es el único obstáculo que tiene el Gobierno para controlar todas las instituciones.

De cara a unas elecciones seccionales en 2027, una eventual muerte cruzada o revocatoria del mandato, eliminar a la RC de la contienda electoral significa dejarle el camino libre a ADN.

Es decir, la política de persecución tiene como fin último eliminar a la oposición política de Ecuador. ¿Dirán algo en el extranjero los activistas y mandatarios que defienden la democracia en Venezuela?

Con Godoy en la cuerda floja, el oficialismo intensifica la judicialización de la política

Daniel Noboa con el gabinete de seguridad

Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.

Daniel Noboa con el gabinete de seguridad
El presidente de Ecuador dirigió un gabinete de seguridad el pasado 17 de enero de 2026.

Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.

Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.

Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.

La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.

De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.

Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.

Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:

Aquiles Alvarez, el primer perseguido

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.

La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.

Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.

En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.

Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.

Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche

El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.

A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.

También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.

Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.

Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.

Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.  

Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad

La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.

La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.

El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD

El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.

Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.

Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.

Demanda contra Ecuador en Directo

La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.

La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.

Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.

Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.

Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.

Fracasa el intento de revocatoria de mandato contra Pabel Muñoz

Néstor Marroquín

El organizador de la revocatoria, Néstor Marroquín, admitió que los formularios con las firmas tienen inconsistencias o están en blanco.

Néstor Marroquín
El impulsor del intento de revocatoria del mandato contra Pabel Muñoz, Néstor Marroquín.

Néstor Marroquín, el impulsor de la campaña “Chao Pabel”, escogió este domingo 5 de octubre de 2025 para reconocer que hizo el ridículo.

El político lideraba un proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. No había argumentos, pero si gran cantidad de odio.

Con ese combustible se embarcó en la recolección de firmas. Cada cierto tiempo ofrecía declaraciones a los medios de comunicaciones para asegurar que tenía miles y miles de firmas para avalar el proceso.

Todo fue mentira. Hoy, en la red social X, Marroquín dijo que no presentará las firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con lo que pone fin al proceso.

Él mismo reconoce que los formularios donde están las firmas están repletos de inconsistencias, algunos inclusive en blanco. Sabiendo que podría incurrir en un delito, optó por reconocer su derrota.

https://twitter.com/nmcresearch/status/1974770852093898949

Su comunicado va acompañado de un mensaje en el que aduce que hay tanto requisitos que es imposible lograr un referendo revocatorio del mandato.

Así la aventura llega a su fin, luego de haber engañado a uno que otro odiador ingenuo.

El alcalde de Quito, que también enfrenta el acoso del Gobierno, sale así fortalecido, de cara a las elecciones seccionales de 2027 donde buscará la reelección.