Niels Olsen deja sin inmunidad parlamentaria a Juan Andrés González

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión del pleno de este jueves 5 de marzo que iba a tratar el levantamiento de la inmunidad de González, acusado de calumnias por la bancada legislativa de ADN. El Legislativo debía pronunciarse hasta el sábado, de lo contrario se da por levantada la inmunidad del coordinador del bloque de la RC.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, durante la sesión del pleno en la que se intentó destituir a Juan Andrés González, coordinador de la bancada legislativa de RC.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que se esfuerza todos los días por darle un aura institucional a su cargo y que discrepa, casa adentro, con la barra brava de ADN, se metió de lleno en la campaña de persecución y silenciamiento que lleva adelante el oficialismo.

Este jueves 5 de marzo de 2025, se convocó, de manera virtual, al Pleno de la Asamblea Nacional para abordar tres puntos: el pedido de disculpas de la exlegisladora morenista, Norma Vallejo y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Mónica Palacios por una demanda de calumnias por parte de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del Parlamento.

El tercer punto era para analizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Andrés González, coordinador de la bancada legislativa de la RC.

A mediados de diciembre pasado, el asambleísta opositor ofreció una rueda de prensa sobre el caso Porsche, una trama delincuencial que ubica a un vehículo de Industrial Molinera en la vivienda del principal sospechoso de colocar una bomba en la Bahía de Guayaquil.

González, que abanderó ese caso, calificó como autoatentado el bombazo y responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa.

Esa declaración le valió una lluvia de demandas por calumnias. Él dice que son 68 querellas, una por cada asambleísta de ADN.

Eso significa que cada demanda requiere el levantamiento de inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea. Para ello se necesita mayoría calificada, es decir, 101 votos. Sin la RC, ese número es imposible de alcanzar.

Así, el pasado 5 de febrero, el Pleno se reunió, también de manera virtual para analizar cinco pedidos de levantamiento de la inmunidad de González.

Como era de esperarse no se alcanzaron los votos. De hecho, una votación de las cinco, contó, sorpresivamente con la abstención de los asambleístas de ADN, Esteban Torres y Rosie Torres.

Cada demanda cuenta con sus propios tiempos, dependiendo de cuando se haya presentado. Una vez que el juez remite el expediente a la Asamblea para solicitar el levantamiento de la inmunidad, el Pleno debe pronunciarse en máximo 30 días. Si no lo hace, se considera levantada la inmunidad.

La sexta demanda y el respectivo levantamiento de la inmunidad tenían que tratarse ayer. Pero Olsen, luego de votada el tema referente a Mónica Palacios, suspendió la sesión.

En esta sexta demanda contra González, como informa El Universo, el plazo para que la Asamblea se pronuncie vence el sábado. Solo Niels Olsen puede convocar al Pleno y es él quien decide el orden del día.

Una convocatoria a la sesión del pleno requiere 48 horas de antelación. Por lo que ya no es posible un pronunciamiento del Legislativo antes del sábado. Eso significa que no habrá pronunciamiento oficial y, por ende, queda levantada la inmunidad de González.

Olsen se prestó para una jugarreta que viola la voluntad del Pleno, máxima autoridad de la Asamblea.

Durante cinco ocasiones la Asamblea dijo no al levantamiento de la inmunidad. Y no solo fueron votos de la RC; en esta postura también estuvo el PSC, Pachakutik, parte de los expulsados de esta tienda política e independientes.

Como se sabía que nunca se iba a alcanzar los 101 votos, Olsen prefirió ponerle una mordaza a la institución que él representa y lidera. Violó la voluntad de la mayoría con trampas y eso se llama fraude democrático.

En la víspera, ADN, intentó destituir a González al presentar una acusación contra él por supuesto cobro de diezmos que más bien era chismografía. La acusación la presentó Ana Belén Tapia, de ADN, pero en este caso tampoco se consiguieron los 101 votos necesarios.

González se ha convertido en una bestia negra para el oficialismo. Sus denuncias del caso Porsche irritaron a la familia presidencial. Y ante eso, Olsen no pudo resistir, bajó la cabeza y ensució su nombre.

Bancada legislativa de ADN da nuevas muestras de división

Ana Belén Tapia

Otra vez el oficialismo votó dividido; en esta ocasión el disidente fue Andrés Guschmer. Mientras que los aliados tradicionales de ADN se abstuvieron en la votación que pretendía destituir al coordinador de la bancada de la RC.

Ana Belén Tapia
La legisladora Ana Belén Tapia no consiguió los votos de sus compañeros para lograr la destitución del coordinador de la bancada de la RC, Juan Andrés González.

Una vez apresado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el oficialismo tiene una nueva bestia negra. Se trata del asambleísta Juan Andrés González, quien además es coordinador de la bancada legislativa de la RC.

El motivo del odio surge por la denuncia que hiciera González del caso Porsche, acusando directamente al gobierno de provocar un autoatentado en la bahía de Guayaquil, el año pasado.

Esa declaración le valió una catarata de demandas por calumnias de parte de todos los asambleístas de ADN. Por si fuera poco, la asambleísta Ana Belén Tapia, que siempre hace gala del odio en el Pleno, lo acusó de cobrar diezmos.

El caso recayó en el Comité de Ética, integrado por tres asambleístas del oficialismo. Así que el informe que fue al pleno recomendó su destitución. Eso fue lo que se debatió este martes 3 de marzo de 2025.

Más de dos horas de lectura de un informe que más bien parecía un chismógrafo. Un documento oficial repleto de versiones de un exasesor, resentido por el despido, mostrando conversaciones privadas entre él y González.

Luego de ese bodrio, vino la votación y la sorpresa. La destitución requería 101 votos y el oficialismo solo alcanzó 69 votos, menos incluso que la mayoría de 77 con las que aprueban leyes.

Más sorprendente aún fue la postura del asambleísta de ADN, Andrés Guschmer, que se abstuvo, es decir, no apoyó la moción de su coidearia, Ana Belén Tapia.

Encima el oficialismo no contó con aliados tradicionales como los independientes Pablo Jurado y Cristian Benavides, que suelen votar junto al oficialismo. Ellos, ahora, se abstuvieron.

Quienes también se abstuvieron fueron los exRC, David Arias y Carlos Vargas. Mientras que el otro exRC, Sergio Peña, principalizó a su alterna, Damaris Cáceres, que se mantiene en las filas de la RC por lo que votó en contra.

Los PSC también se abstuvieron. De esta manera, la bancada de ADN sigue dando muestras de debilidad y división. La semana pasada el alterno de Camila León, Paco Cepeda, se rehusó a votar por la Ley de Minería. Eso le valió la expulsión de la tienda política.

Con Godoy en la cuerda floja, el oficialismo intensifica la judicialización de la política

Daniel Noboa con el gabinete de seguridad

Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.

Daniel Noboa con el gabinete de seguridad
El presidente de Ecuador dirigió un gabinete de seguridad el pasado 17 de enero de 2026.

Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.

Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.

Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.

La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.

De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.

Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.

Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:

Aquiles Alvarez, el primer perseguido

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.

La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.

Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.

En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.

Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.

Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche

El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.

A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.

También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.

Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.

Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.

Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.  

Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad

La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.

La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.

El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD

El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.

Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.

Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.

Demanda contra Ecuador en Directo

La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.

La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.

Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.

Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.

Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.