Consulta popular de Noboa será sin la principal tienda política de oposición

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El CNE negó la participación de la Revolución Ciudadana en la campaña por la consulta popular promovida por Daniel Noboa.

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Imagen referencial de la consulta electoral promovida por el presidente Daniel Noboa.

Un escenario parecido al de la consulta de Lenín Moreno se repite ahora con Daniel Noboa. En aquella ocasión a la Revolución Ciudadana se le despojó su casillero judicial y se le impidió participar en la campaña de la consulta.

En ese entonces era presidenta del CNE, Nubia Villacís. Ahora está en ese puesto Diana Atamaint, ejerciendo un rol similar.

Villacís hizo todo lo posible para que aquella consulta no pase por el filtro de la Corte Constitucional, y lo logró. Atamaint también, pero no se atrevió, solo que ahora los jueces claudicaron, víctimas de la presión del oficialismo.

Sin embargo, Atamaint da un paso más allá. Basada en tecnicismo legales impidió que la Revolución Ciudadana participe en la campaña electoral promoviendo el no.

¿Qué significa eso? Que la consulta parte con una falla democrática que la deslegitima desde ya.

No puede haber un proceso electoral equilibrado, democrático y justo sin que participen todos, especialmente la oposición.

Y la Revolución Ciudadana, muy a pesar de las personas consumidas por el odio, es la principal tienda política de oposición.

Es cierto que hay otras agrupaciones políticas que se inscribieron por el no, pero no la principal fuerza política del país, la que gobierna las ciudades y provincias más pobladas del país, además de contar con una bancada de 62 legisladores.

Semejante representación popular no podrá participar en una campaña, que será restringida. A eso se suma que la Revolución Ciudadana, con amplias conexiones con la izquierda internacional, no podrá traer invitados que hagan las veces de observadores.

Así la consulta nace torcida, con un pecado original. Es, desde ya, una consulta fraudulenta.

Las primeras dos leyes económicas urgente de Noboa fueron declaradas inconstitucionales

Corte Constitucional

La Corte Constitucional consideró que las leyes de Solidaridad e Integridad violan derechos y no respetaron la unidad de la materia.

Corte Constitucional
Los jueces de la Corte Constitucional de Ecuafor.

Una de cal y otra de arena. Esa es la actitud de la Corte Constitucional. Si días atrás dio paso al referendo para instalar una Constituyente; la noche de este 26 de septiembre de 2025 echó abajo las leyes de Solidaridad e Integridad.

Se trata de las primeras dos leyes económicas urgente enviadas por Daniel Noboa, una vez que ADN se hizo con el control de la Asamblea. En total, ya van cinco leyes de este tipo. De hecho, la última, la que permite la venta de cartera del Biess se aprobó ayer.

Las dos leyes declaradas inconstitucionales eran fundamentales para el Gobierno, en lo que se refiere a su agenda de regresión de derechos y de obediencia al FMI.

Es así que la primera ley, la de Solidaridad, es la que instauraba un nuevo estado, no contemplado en la Constitución: el conflicto armado interno. Eso permitía una violación de derechos básicos como detener personas o incautar propiedades sin orden judicial.

Además, creaba un indulto anticipado para los miembros de la fuerza pública que cometieran excesos.  Represión pura para supuestamente dar seguridad a los ecuatorianos.

El mismo discurso maniqueo de siempre: que la ciudadanía entregue derechos a cambio de una seguridad que nunca llega. Lo mismo dijeron para subir el IVA.

La defensa de esta ley fue el argumento del asambleísta Sergio Peña para abandonar la RC. Actualmente, él siempre vota con el oficialismo en el Legislativo.

Mientras que la otra norma inconstitucional, la de Integridad, fue la que precarizó los derechos laborales en el sector público. Permitía capacitaciones ad hoc y otorgaba súper poderes al Ministerio de Trabajo para despedir funcionarios.

También permitió el juzgamiento de menores de edad como si fueran adultos, cortesía del asambleísta Andrés Castillo. Además, eliminó la acción afirmativa a los sectores de la economía popular y solidaria en las compras públicas.

La oposición, representada por la Revolución Ciudadana, siempre advirtió que la ley violaba el principio jurídico de unidad de la materia. Esto es que una ley económica urgente solo puede abordar una temática.

Al final la ley quedó como un shampoo, una especie de Ley Trole. Y eso reconoció la Corte Constitucional en su dictamen puesto que la ley trataba una diversidad de temas.

La ponente de ambas leyes fue la otrora jefa de bloque de ADN y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Valentina Centeno. Ella hoy está desaparecida porque supuestamente está estudiando en el extranjero. Por eso va una vez al mes a la Asamblea para renovar su permiso, en lo que es una trampa más del oficialismo.

Pero ella tendrá que explicarle al país porque impulsó y aprobó normas abiertamente inconstitucionales, como lo advirtieron la oposición y expertos jurídicos.

No solo que hacen perder tiempo y recursos; ADN usa la Asamblea para impulsar leyes que no benefician al país. Y en eso tiene un rol preponderante Niels Olsen.

Finalmente este es un logro de la oposición porque los asambleísta de la RC siempre lo dijeron: esas leyes no pasarán el filtro de la Corte. Pese a eso, ADN siguió adelante, incluso comprando voluntades.

Ahora el Gobierno y sus acólitos otra vez redoblan sus ataques a la Corte. Se quedaron mudos cuando le dieron paso a su referendo. El fallo lo ven como una oportunidad para impulsar la Constituyente.

¿Aprobará Ecuador semejante despropósito, habiendo visto que el único norte de Daniel Noboa es la destrucción del Estado y de los derechos, como forma para enriquecer aún más a su familia? Eso se sabrá el 16 de noviembre.

A la asambleísta Mónica Palacios la sancionan por decir la verdad

Mónica Palacios

Mónica Palacios fue suspendida por 90 días por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado totalmente por el oficialismo.

Mónica Palacios
La asambleísta Mónica Palacios durante una sesión en el Pleno.

Mónica Palacios estaba en su permiso de maternidad, luego de dar a luz. El pasado 10 de septiembre interrumpió su vacancia para acudir a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.

Ese día, la comisión, presidida por la cuencana Camila León, convocó a las ministras de Ambiente y Energía para analizar la situación del proyecto minero Loma Larga, en Quimsacocha.

Las ministras no fueron, pero Mónica Palacios, cuencana de nacimiento, sí. Ella no forma parte de la comisión, pero solicitó participar en la sesión.

León, acorralada por la ira de los cuencanos que se oponen a Loma Larga por afectaciones a sus fuentes de agua, en un momento le dio la palabra a Palacios.

Ella centró su intervención en un post de la primera dama, Lavinia Valvonesi, donde agradecía un auspicio a su proyecto social por parte de Dundee Precious Metal. Esta empresa es la encargada de explotar Loma Larga.

Palacios llevó impresa la publicación, pero León la interrumpió y le dijo que se centró en el tema que generó la convocatoria de la comisión.

Palacios no acató y siguió, incluso después de que se le apagó el micrófono. Ella se puso de pie y, a viva voz, denunció la cercanía de la primera dama con la empresa minera.

Eso ocasionó que Nataly Morillo, asambleísta de ADN y que también estaba en la sesión, le presentara una denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Este órgano de la Asamblea está totalmente integrado por miembros de la mayoría oficialista. Así que no hubo sorpresa: Palacios recibió una suspensión de tres meses, tiempo en el que no podrá actuar como asambleísta, ni percibirá su salario.

Esa sanción se le impuso pese a su periodo de maternidad. Por lo que Palacios presentará acciones legales dentro y fuera del país.

En una rueda de prensa, ella le habló a Cuenca. Le dijo que recibe esa sanción como retaliación por su defensa de Quimsacocha.

La sanción de Palacios se enmarca en medio de una asedio y hostigamiento que vive la oposición en la Asamblea. La legisladora de RC, Nuria Butiñá, enfrenta una posible destitución por supuesto cobro de diezmos.

De igual manera Niels Olsen, presidente de la Asamblea, lleva adelante un proceso contra 45 legisladores opositores por supuesto abandono del Pleno. Ellos se ausentaron 7 minutos para ofrecer una rueda de prensa.

Corte sucumbe ante la presión y da vía libre al referendo para convocar a una Constituyente

Corte Constitucional

La Corte Constitucional, luego de semanas de pugna con el Gobierno, aprobó el referendo para convocar a una Constituyente.

Corte Constitucional
Los jueces de la Corte Constitucional de Ecuafor.

Ecuador se acerca peligrosamente al abismo luego que la Coite Constitucional se haya rendido frente a los amedrantamientos del Gobierno de Daniel Noboa.

Campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación y hasta amenazas de cárcel surtieron efecto. La resistencia que duró semanas terminó y los jueces emitieron un cuestionado fallo aprobando la convocatoria a un referendo para que los ecuatorianos decidan si se instala una Asamblea Constituyente.

Un día antes la Corte, durante un proceso de revisión, mandó a corregir el decreto. En menos de 12 horas el Ejecutivo lo hizo y 12 horas después la Corte lo aprobó.

Juristas cuestionaron que la Corte hizo las veces de corrector de texto, cuando en realidad lo que debía hacer era, si había inconstitucionalidades, rechazar el decreto ejecutivo.

Con ello finalmente la consulta popular es un hecho y se realizará el próximo 16 de noviembre de 2025. Hasta el momento son tres preguntas: si se permite la instalación de bases militares extranjeras en el país, si se financian las campañas electorales con recursos públicos y si se instala una Constituyente.

Esta tercera pregunta está acompañada de un anexo que es el estatuto de cómo funcionará la Constituyente y cómo se conformará.

Y en esto último está la trampa porque la Constituyente solo tendrá 80 miembros, de los cuales 24 serán de carácter nacional. El resto se divide entre representantes provinciales y seis de los migrantes.

Resulta que 13 provincias únicamente tendrán un representante. Estas son Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Carchi, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos.

Mientras que otras 8 provincias tendrán dos, las cuales son Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja y Chimborazo.

Es decir, en estas jurisdicciones el que gana se lleva todo. Con ello queda eliminada la representación de las minorías. Además, para el Gobierno que cuenta con todo el aparato del estado, bonos incluidos, y el aplauso de casi todos los medios de comunicación, le será relativamente fácil ganar.

Atrás quedaron las representaciones de los cantones más pequeños porque en las provincias donde solo tengan un constituyente, muy seguramente este provendrá de la capital provincial.

Con esta ventaja de partida Daniel Noboa se apresta para imponer una agenda brutal de retrocesos de derechos en todas las áreas. Eso en lo social porque en lo económico la hoja de ruta es depredar lo que queda del Estado, incluidos los sectores estratégicos y áreas protegidas.

Noboa, un niño malcriado millonaria, está muy cerca de aglutinar en él todos los poderes. Y en su mente no está el servicio, sino el enriquecimiento de su familia. Eso es lo que se decidirá noviembre, el resto es cuento.  

Daniel Noboa huye de Otavalo en helicóptero

Noboa en Otavalo

La vicepresidenta María José Pinto se iba a quedar en Otavalo, pero Ecuavisa informó que también se fue en helicóptero.

La valentía de Daniel Noboa duró poco en Otavalo (Imbabura). El presidente llegó a la ciudad en la madrugada para evitar las protestas que afectan a la ciudad desde el pasado lunes por el retiro del subsidio del diésel.

Previamente un enorme convoy de policías y militares salieron de Quito rumbo a Otavalo para preparar la cápsula de seguridad del mandatario.

Así llegó a Noboa y la ciudad amaneció militarizada como nunca antes. Allí se atrincheró el presidente, que un día antes dijo que prefiere morir antes que ceder ante las manifestaciones.

Esta vez incluso dijo que si el movimiento indígena lo declara persona non grata en Otavalo, él hace lo mismo pero a niel nacional con los dirigentes.

Imágenes en redes sociales mostraron a manifestantes gritando consignas contra el Gobierno en los exteriores del cerco militar.

A medidas que transcurrió la mañana, el número de protestantes aumentó. Por eso, Noboa, que llegó por tierra, no pudo irse de la misma forma.

Antes de que acabe el día un helicóptero militar aterrizó en una cancha de fútbol para llevarse al Presidente.

En la ciudad estaba previsto que se quede la vicepresidenta María José Pinto. Ella despacha desde esta urbe desde inicios de semana.

Pero Ecuavisa informó que ella también se fue en helicóptero, sin ofrecer mayores explicaciones.

Ambos, Noboa y Pinto, no eran bienvenidos en Otavalo. Y eso se acaba de evidenciar con la huída en helicóptero, muy parecido a Lucio Gutiérrez cuando dejó Carondelet, arrinconado por los forajidos.

Movimiento indígena enfrenta la mayor ola represiva de su historia

Militares en Otavalo

A los gases, detenciones arbitrarias y golpes contra los miembros del movimiento indígena se suma el congelamiento de las cuentas de sus dirigentes y el cierre de TV MICC.

Daniel Noboa tiene un nuevo enemigo al que está dispuesto a destruir de todas las formas posibles. Se trata del movimiento indígena de Ecuador, uno de los más grandes y prestigiosos del planeta.

El enfrentamiento se desató tras la eliminación del subsidio al diésel, pese a que Noboa prometió que no lo haría. Por lo que el movimiento indígena asumió la medida como una traición por lo que convocó a un paro nacional e indefinido.

Noboa, teniendo en mente los paros de octubre de 2019 y junio de 2022, respondió con una ola represiva sin precedentes en la historia reciente del país. Fiel a su línea de que es un mal enemigo.

Primero se atrincheró en Latacunga (Cotopaxi) y envió a su vicepresidenta a Otavalo (Imbabura). Dos provincias con fuerte presencia indígena con el objetivo de amedrentar.

Luego, sin que las autoridades ofrezcan explicación alguna, se congelaron las cuentas bancarias de los dirigentes indígenas, alguno de los cuales ni siquiera están en el país o ya no ejercen actualmente liderazgo.

Noboa demostró que nuevamente está dispuesto a torcer la ley y violar cuanto derecho civil exista con tal de imponer su voluntad. Queda claro, a partir de ahora, que cualquier enemigo del Presidente puede sufrir un congelamiento bancario.

Los propios dirigentes de la Conaie denuncian que la medida incluso llega a los comunicadores comunitarios que tiene la organización y que son muy hábiles en épocas de paro. Ellos, en anteriores ocasiones, lograron romper el cerco mediático y el relato de que todos los manifestantes son terroristas.

Esto de por si ya es un atentado a la libertad de expresión. Y en esa línea Noboa fue más allá este miércoles 24 de septiembre de 2025.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció la censura de la señala de TV MICC (canal 47 UHF). La medida fue dispuesta por Arcotel porque supuestamente la estación atenta contra la seguridad del Estado.

Por ahora este caso de censura y atentado a la libertad de expresión no ha causado ninguna reacción de organismos internacionales de defensa de periodistas, ni en Ecuador ni afuera. La otrora muy activa Relatoría de la CIDH para la libertad de expresión guarda silencio.

El conjunto de medidas represivas de Noboa se enmarca en una clara criminalización de la protesta social, lo que incluye la violación de las garantías más básicas. Paulatinamente Ecuador se adentra a un régimen fascista sin que la ciudadanía tome conciencia del peligro.

Corte Constitucional apenas hace modificaciones al decreto que convoca a una Constituyente

Corte Constitucional

La Corte Constitucional sucumbió ante las presiones del Ejecutivo, que incluso amenazó con acciones penales contra los jueces.

Corte Constitucional
Los jueces de la Corte Constitucional durante una sesión del Pleno.

Apenas dos días le tomó a la Corte Constitucional solventar las dos revisiones al decreto de Daniel Noboa que convoca a un referendo para que los ecuatorianos decidan si se instala una Asamblea Constituyente.

La noche de este martes 24 de septiembre de 2025, la Corte emitió su fallo en el que pide al Ejecutivo eliminar considerandos y hacer ajustes en el estatuto de la eventual Constituyente por considerarlos ilegales.

La Corte aclara que estas correcciones puede hacerlas el Ejecutivo y seguir adelante con el proceso. De hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno y en menos de 12 horas remitió el decreto corregido.

En redes sociales, juristas criticaron el accionar de la Corte y lo calificaron como un lavado de manos.

«Las normas del Estatuto sobre circunscripciones electorales y método de asignación de escaños no está conforme a la CRE, el dictamen debía ser no favorable, así de simple».

Santiago Machuca, abogado constitucionalista

Mientras que el abogado Joffre Campaña escribió: «Es curioso, en otros casos, la CC no envió a subsanar los errores y ordenó archivar los pedidos de Asamblea Constituyente».

Teniendo en cuenta que, en anteriores ocasiones, la Corte negó hasta por seis ocasiones pedidos similares de referendo para convocar a una Constituyente.

Por eso la lectura política es que los jueces sucumbieron ante las presiones y amenazas provenientes del Gobierno. Resistieron las marchas lideradas por Noboa, la estigmatización en carteles y redes sociales, hasta supuestas amenazas de bomba para desalojar las oficinas.

Pero hubo una amenaza que marcó un antes y después. La de la exministra de Gobierno y actual embajadora de Ecuador en la OEA, Mónica Palencia, y que además es una de las principales consejeras de Noboa.

Ella advirtió que si la Corte osaba tumbar la convocatoria a una Constituyente, los jueces enfrentarían acciones penales, es decir cárcel, tomando en cuenta que el Gobierno controla la Judicatura y la Fiscalía.

Ante eso, prácticamente los jueces dieron vía libre a Noboa para instalar un régimen fascista en lo social, y ultraliberal en lo económica con su Constituyente.

Asambleísta Ana Belén Tapia hace gala de su bajeza

Ana Belén Tapia

La asambleísta de la RC, Ana Belén Yela, intervino para dudar de las intenciones del oficialismo en la Constituyente. Entonces Tapia tomó la palabra para lanzar ataques personales, incluso contra María de los Ángeles Duarte, la madre de Yela.

La Asamblea, controlada por ADN, descendió un escalón más en la escalera de la indignidad. El escenario fue el debate para aprobar una resolución a favor de la Asamblea Constituyente, como finalmente ocurrió.

Pero previo a ello, Olsen abrió un breve debate en el que intervino Ana Belén Yela, asambleísta de Guayas por la Revolución Ciudadana (RC).

“Esta Constituyente es una instancia más del Gobierno que dice combatir el crimen, pero en realidad tienen otras razones. Cosas que trajo la Constitución de 2008 están, por ejemplo, que se prohibió la tercerización y el trabajo por horas. Ustedes no nos van a decir que por segunda vez nos preguntan para legalizar el trabajo por hora que lo primero que van a hacer en la Constituyente es legalizar el trabajo por horas, precarizar la vida, retroceder en derechos”, dijo.

Agregó que la Constitución de Montecristi protege los derechos de la naturaleza frente a las ansias del Gobierno de rellenar el estero de Oloncito (Santa Elena) para construir un condominio o de llevar la minería a Quimsacocha. “Les mienten al país todos los días”, espetó Yela al oficialismo.

Entonces pidió la palabra la legisladora Ana Belén Tapia, de Napo y de ADN. Ella uso su tiempo para lanzar ataques personales a Yela, concretamente mencionando a su madre, María de los Ángeles Duarte, exministra de Vivienda y de Transporte en el gobierno de Rafael Correa.

“Es importante al país hacer acuerdo de aquellos ministros, aquellas personas, que fueron parte del gabinete del gobierno del expresidente Rafael Correa, que ahora es prófugo de la justicia, una de ellas es María de los Ángeles Duarte  que estuvo implicada en el caso sobornos”, afirmó Tapia.

Nada tenía que ver Duarte en el debate sobre una Constituyente, pero eso no detuvo a Tapia. Lo suyo era acanallar, insultar, hacer sentir mal a Yela.

Pero ese objetivo no lo logró. Ana Belén Yela respondió con altura. “Nada de lo que los miembros del oficialismo puedan decir a mí en este Pleno me llega. Yo vi a mi madre irse detenida injustamente, una mujer inocente que le entregó su vida a este país, no me llega asambleísta Tapia pero sepa que la razón por la que esta Asamblea tiene este nivel de discurso es por este tipo de cosas”.