Niels Olsen deja sin inmunidad parlamentaria a Juan Andrés González

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión del pleno de este jueves 5 de marzo que iba a tratar el levantamiento de la inmunidad de González, acusado de calumnias por la bancada legislativa de ADN. El Legislativo debía pronunciarse hasta el sábado, de lo contrario se da por levantada la inmunidad del coordinador del bloque de la RC.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, durante la sesión del pleno en la que se intentó destituir a Juan Andrés González, coordinador de la bancada legislativa de RC.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que se esfuerza todos los días por darle un aura institucional a su cargo y que discrepa, casa adentro, con la barra brava de ADN, se metió de lleno en la campaña de persecución y silenciamiento que lleva adelante el oficialismo.

Este jueves 5 de marzo de 2025, se convocó, de manera virtual, al Pleno de la Asamblea Nacional para abordar tres puntos: el pedido de disculpas de la exlegisladora morenista, Norma Vallejo y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Mónica Palacios por una demanda de calumnias por parte de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del Parlamento.

El tercer punto era para analizar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Andrés González, coordinador de la bancada legislativa de la RC.

A mediados de diciembre pasado, el asambleísta opositor ofreció una rueda de prensa sobre el caso Porsche, una trama delincuencial que ubica a un vehículo de Industrial Molinera en la vivienda del principal sospechoso de colocar una bomba en la Bahía de Guayaquil.

González, que abanderó ese caso, calificó como autoatentado el bombazo y responsabilizó directamente al presidente Daniel Noboa.

Esa declaración le valió una lluvia de demandas por calumnias. Él dice que son 68 querellas, una por cada asambleísta de ADN.

Eso significa que cada demanda requiere el levantamiento de inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea. Para ello se necesita mayoría calificada, es decir, 101 votos. Sin la RC, ese número es imposible de alcanzar.

Así, el pasado 5 de febrero, el Pleno se reunió, también de manera virtual para analizar cinco pedidos de levantamiento de la inmunidad de González.

Como era de esperarse no se alcanzaron los votos. De hecho, una votación de las cinco, contó, sorpresivamente con la abstención de los asambleístas de ADN, Esteban Torres y Rosie Torres.

Cada demanda cuenta con sus propios tiempos, dependiendo de cuando se haya presentado. Una vez que el juez remite el expediente a la Asamblea para solicitar el levantamiento de la inmunidad, el Pleno debe pronunciarse en máximo 30 días. Si no lo hace, se considera levantada la inmunidad.

La sexta demanda y el respectivo levantamiento de la inmunidad tenían que tratarse ayer. Pero Olsen, luego de votada el tema referente a Mónica Palacios, suspendió la sesión.

En esta sexta demanda contra González, como informa El Universo, el plazo para que la Asamblea se pronuncie vence el sábado. Solo Niels Olsen puede convocar al Pleno y es él quien decide el orden del día.

Una convocatoria a la sesión del pleno requiere 48 horas de antelación. Por lo que ya no es posible un pronunciamiento del Legislativo antes del sábado. Eso significa que no habrá pronunciamiento oficial y, por ende, queda levantada la inmunidad de González.

Olsen se prestó para una jugarreta que viola la voluntad del Pleno, máxima autoridad de la Asamblea.

Durante cinco ocasiones la Asamblea dijo no al levantamiento de la inmunidad. Y no solo fueron votos de la RC; en esta postura también estuvo el PSC, Pachakutik, parte de los expulsados de esta tienda política e independientes.

Como se sabía que nunca se iba a alcanzar los 101 votos, Olsen prefirió ponerle una mordaza a la institución que él representa y lidera. Violó la voluntad de la mayoría con trampas y eso se llama fraude democrático.

En la víspera, ADN, intentó destituir a González al presentar una acusación contra él por supuesto cobro de diezmos que más bien era chismografía. La acusación la presentó Ana Belén Tapia, de ADN, pero en este caso tampoco se consiguieron los 101 votos necesarios.

González se ha convertido en una bestia negra para el oficialismo. Sus denuncias del caso Porsche irritaron a la familia presidencial. Y ante eso, Olsen no pudo resistir, bajó la cabeza y ensució su nombre.

Bancada de la Revolución Ciudadana demanda la inconstitucionalidad de la Ley Minera

Demanda de inconstitucionalidad

La asambleísta Verónica Iñiguez argumentó la demanda: no es económica urgente, no contó con consulta prelegislativa al abordar derechos de las comunidades, no respeta la unidad de la materia, no contó con debate democrático puesto que se impidió la participación ciudadana y es regresiva a los derechos de la naturaleza.

Demanda de inconstitucionalidad
Los legisladores de la RC ofrecieron una rueda de prensa al pie de la Corte Constitucional tras presentar una demanda contra la Ley Minera.

Primero fue la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de GAD y ahora una acción similar, pero contra la Ley Minera. Son las acciones de la Bancada de la Revolución Ciudadana como parte de su actividad política de resistencia al gobierno de Daniel Noboa.

Este miércoles 4 de marzo de 2025, los legisladores de la RC, liderados por la asambleísta Verónica Iñiguez acudieron a la Corte Constitucional para presentar la demanda.

Allí Iñiguez ofreció una rueda de prensa donde argumentó detalladamente las razones de la demanda.

Primero, no es económico urgente puesto que sus efectos no son inmediatos. Segundo, no contó con la consulta prelegislativa, un requisito indispensable cuando se tramitan leyes que afecten los derechos colectivos de las comunidades.

Tercero, no respetó la unidad de la materia puesto que aborda temas de minería, energía, inversiones, tributarios y más.

Cuarto, no contó con el debate democrático que toda ley requiere antes de ser aprobada. En la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó el proyecto, nunca quiso recibir a grupos ecologistas.

A la propia Iñiguez se le negó la palabra durante la comparecencia de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, en la comisión.

A Iñiguez tampoco le dieron la palabra durante el segundo y definitivo debate que se realizó la semana pasada en una universidad privada de Samborondón (Guayas).

La quinta y última razón es que la norma es regresiva de derechos, especialmente a los de la naturaleza, consagrados en la Constitución.

Los legisladores de la Revolución Ciudadana, en su demanda, solicitaron medidas cautelares para que la Corte suspenda cuanto antes los efectos de toda la Ley Minera.

Esta norma y la de los GAD fueron enviados por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Ambas se tramitaron en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN.

Bancada legislativa de ADN da nuevas muestras de división

Ana Belén Tapia

Otra vez el oficialismo votó dividido; en esta ocasión el disidente fue Andrés Guschmer. Mientras que los aliados tradicionales de ADN se abstuvieron en la votación que pretendía destituir al coordinador de la bancada de la RC.

Ana Belén Tapia
La legisladora Ana Belén Tapia no consiguió los votos de sus compañeros para lograr la destitución del coordinador de la bancada de la RC, Juan Andrés González.

Una vez apresado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el oficialismo tiene una nueva bestia negra. Se trata del asambleísta Juan Andrés González, quien además es coordinador de la bancada legislativa de la RC.

El motivo del odio surge por la denuncia que hiciera González del caso Porsche, acusando directamente al gobierno de provocar un autoatentado en la bahía de Guayaquil, el año pasado.

Esa declaración le valió una catarata de demandas por calumnias de parte de todos los asambleístas de ADN. Por si fuera poco, la asambleísta Ana Belén Tapia, que siempre hace gala del odio en el Pleno, lo acusó de cobrar diezmos.

El caso recayó en el Comité de Ética, integrado por tres asambleístas del oficialismo. Así que el informe que fue al pleno recomendó su destitución. Eso fue lo que se debatió este martes 3 de marzo de 2025.

Más de dos horas de lectura de un informe que más bien parecía un chismógrafo. Un documento oficial repleto de versiones de un exasesor, resentido por el despido, mostrando conversaciones privadas entre él y González.

Luego de ese bodrio, vino la votación y la sorpresa. La destitución requería 101 votos y el oficialismo solo alcanzó 69 votos, menos incluso que la mayoría de 77 con las que aprueban leyes.

Más sorprendente aún fue la postura del asambleísta de ADN, Andrés Guschmer, que se abstuvo, es decir, no apoyó la moción de su coidearia, Ana Belén Tapia.

Encima el oficialismo no contó con aliados tradicionales como los independientes Pablo Jurado y Cristian Benavides, que suelen votar junto al oficialismo. Ellos, ahora, se abstuvieron.

Quienes también se abstuvieron fueron los exRC, David Arias y Carlos Vargas. Mientras que el otro exRC, Sergio Peña, principalizó a su alterna, Damaris Cáceres, que se mantiene en las filas de la RC por lo que votó en contra.

Los PSC también se abstuvieron. De esta manera, la bancada de ADN sigue dando muestras de debilidad y división. La semana pasada el alterno de Camila León, Paco Cepeda, se rehusó a votar por la Ley de Minería. Eso le valió la expulsión de la tienda política.

Policía allana la sede de la RC en Quito

Captura de pantalla del video de seguridad

El presidente Rafael Correa publicó un video de alrededor de 15 policías ingresando a la sede del principal movimiento político de oposición en Ecuador.

Captura de pantalla del video de seguridad
Captura de pantalla del video de seguridad donde se observa a policías ingresando a la sede de la RC en Quito.

El expresidente Rafael Correa denunció hace pocos minutos el allanamiento de la sede de la Revolución Ciudadana en Quito.

“En lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito”, denunció Correa, quien además publicó un video de cámaras de seguridad, donde se observa a los policías ingresar al recinto.

De su lado, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, escribió: “despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza política, mientras que en la calle, la ciudadanía clama por seguridad y por respuestas judiciales a miles de denuncias de homicidios, violaciones, extorsión, secuestros, en el país más violento e inseguro del continente”.

Hasta el momento, Fiscalía no informa sobre qué caso se relaciona este allanamiento. Sin embargo, la excandidata presidencial y expresidenta de la RC, Luisa González, denunció en redes sociales: “Felicitaciones Fiscalía, ustedes cada vez buscan la manera de superarse. Llamar a las 05:45 am a mi madre para decirle que van a allanar la sede de la RC y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es seguirse superando”.

Poco después, la Fiscalía publicó un tuit donde informa que el allanamiento está vinculado al caso Caja Chica que se basa en la declaración del exasambleísta de la RC, Santiago Diaz, quien guarda prisión acusado de violación a una niña.

Díaz, actualmente, negocia con el Gobierno y la Fiscalía. En ese sentido, ofreció una declaración en la que aseguraba que trasladó dinero al país, procedente de Venezuela, por orden de Rafael Correa.

La RC rechaza esta acusación, mientras que juristas condenan que se negocie la absolución de un acusado de violación a cambio de supuestas delaciones de carácter político.

Crisis en la bancada legislativa de ADN

Bancada de ADN en Samborondón

A inicios de mes, los asambleístas de ADN, Rosie Torres y Esteban Torres se rehusaron a votar junto con sus compañeros en el levantamiento de la inmunidad a su colega Juan Andrés González. Ayer, Camila León tampoco quiso seguir la disciplina partidista por lo que principalizó a su suplente, quien se abstuvo en la votación de la Ley Minera.

Bancada de ADN en Samborondón
Miembros de la bancada legislativa de ADN, durante la sesión de la Asamblea realizada en Samborondón, Guayas, el 25 de febrero de 2025.

El cisma que generó en la bancada de ADN el juicio político a Mario Godoy se agudiza, alimentado por la agenda legislativa que les imponen desde Carondelet.

Primero fue la partición del bloque en dos bandos, uno liderado por la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno y otro por la coordinadora de la bancada, Valentina Centeno. La división era en torno a salvar o no Godoy. La última tesis se impuso y Centeno se hizo con el control del grupo parlamentario.

Luego vino la revuelta de “Los Torres”. Se trata de los legisladores Esteban Torres (Tungurahua) y Rosie Torres (Los Ríos). Aunque comparten el mismo apellido, no son parientes.

Lo que sí es cierto es que se sientan uno a lado del otro en el hemiciclo, lo que les ha permitido desarrollar una amistad. A Esteban, por ejemplo, le molestó que ADN haya dejado sola a Rosie Torres tras ser involucrada en el escándalo de las “muñecas de la mafia”.

Los ataques en redes y ciertos medios de comunicación significaron que Rosie Torres se ausente una semana de la Asamblea. Y durante ese tiempo ni un comunicado institucional de respaldo a ella por parte de sus compañeros.

Con ese malestar a cuestas, el pasado 9 de febrero de 2026, durante la sesión del Pleno para levantar la inmunidad parlamentaria al coordinador de la bancada de RC, Juan Andrés González, los Torres enviaron una clara señal.

Aquel día se produjeron cinco votaciones sobre lo mismo: levantar la inmunidad a González. Era claro que no había los 101 votos para lograr ese objetivo, así que las votaciones fueron mero trámite.

En ese contexto, en la tercera votación, Rosie Torres y Esteban Torres se abstuvieron. Mientras el resto de sus compañeros votaron a favor.

La votación dividida de ADN solo se mostró en una de las cinco que se realizaron un día. Claramente se trataba de una señal, probablemente para la interna del oficialismo. Porque la bancada gobiernista, ni su coordinadora, ni la ministra de Gobierno reaccionaron. Silencio total.

Lo contrario ocurrió ayer, durante la sesión de la Asamblea en Samborondón (Guayas) para aprobar la Ley Minera, un asunto especialmente controversial en Azuay.

Por eso los asambleístas de esa provincia estaban en la mira. Tres son de RC, que ya habían adelantado su negativa y tres de ADN. De estos últimos, Anthony Becerra fue quien propuso la moción para aprobar la norma y Adrián Castro intervino para asegurae que la ley no perjudica en nada a la naturaleza.

La tercera era Camila León, que además es presidenta de la Comisión de Biodiversidad. Es la misma que protagoniza dos videos virales. Uno cuando huye de los periodistas cuencanos que le consultaban sobre el proyecto minero en Quimsacocha y el segundo cuando la legisladora de RC, Verónica Iñiguez le espeta en plena sesión de la comisión: usted cree que el agua viene del grifo, pero viene de la montaña.

León no quiso volver a generar el repudio de su tierra, así que principalizó a su alterno, un joven llamado Paco Cepeda.

Al momento de la votación, Cepeda se abstuvo pese a las insoportables presiones de las asambleístas de ADN, Inés Alarcón y Yadira Bayas. Hay un video que registra la resistencia numantina del suplente.

ADN logró aprobar gracias a los tránsfugas de la RC, Pachakutik y PSC. Sin embargo, expulsó de sus filas a Cepeda, advirtió que nunca más será principalizado (clarísimo mensaje para León) y le pidió la renuncia.

Primera vez que una diferencia a la interna de ADN se ventila públicamente. Y es que cada votación trascendental le cuesta cada vez más al oficialismo.

La votación de la Ley de los GAD fue con las justas (77 votos) y la Ley Minera igual, pero con la salvedad de que se aprobó mochada tras una revuelta de los exPK de la Amazonía y le costó una expulsión de sus propias filas.

Dificiles horas vive la bancada de ADN. Ni siquiera tener a una exasambleísta de esa bancada, Nathalie Morillo, ha servido para apaciguar las diferencias, todo lo contrario, cada día se profundizan más y hasta de manera pública.

Oficialismo reacciona la denuncia de alias Pipo con una campaña de desprestigio contra Mónica Luzárraga

Mónica Luzárraga

El oficialismo siguió el manual de las típicas operaciones de desprestigio en redes sociales. Luego que Pipo denunciara a Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio, el asambleísta tránsfuga, Sergio Peña acusó a Luzárraga de ser abogada de Pipo. Los seudo medios de comunicación vinculados a ADN replicaron el bulo.

Mónica Luzárraga
La reconocida abogada guayaquileña, Mónica Luzárraga.

Tal fue el terror que causó la denuncia de alias Pipo, líder de la temida banda delincuencial Los Lobos, que el Gobierno buscó rápidamente una cortina de humo para tratar de apagar este nuevo incendio.

Los hechos ocurrieron así. Poco después del mediodía de este miércoles 25 de febrero de 2026, la prestigiosa agencia española de noticias Efe publica una noticia de última hora. Era la versión de Pipo a la fiscalía española donde acusa a Noboa de ser narcotraficante, de estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio y de maniobrar para que se acuse a Rafael Correa de una serie de delitos.

Escándalo internacional, las redes se agitaron y medios ecuatorianos empezaron, tímidamente, a replicar la nota de Efe.

Ante estos hechos salió el asambleísta Sergio Peña, que llegó al puesto por RC y a pocos días de posesionarse se fue con la bancada de ADN. Para la anécdota quedan los videos de Peña en Tiktok criticando a los “nobielovers”.

Peña, que ha lanzado epítetos machistas y misóginos contra Luzárraga, la acusó de viajar a España y dar asesoría a alias Pipo.

Inmediatamente las cuentas trol que orbitan en la esfera de ADN replicaron y difundieron el bulo. Para ello usaron unas vacaciones que cumplió Luzárraga en España.

Fue tan obvia la operación que Peña tenía conocimiento de los movimientos migratorios de Luzárraga. Usaron un hecho para fabricar una mentira.

La abogada reaccionó con un ultimátum a Peña: tiene 48 horas para demostrar lo dicho en enfrentará acciones legales.

Peña tiene desde hace algún tiempo en la mira a Mónica Luzárraga. Después de todo fue ella una de las primeras en señalar el acercamiento de él con ADN, es ella la que ha mostrado a la ciudadanía las incoherencias de Peña.

A él solo le queda responder con los insultos más vulgares. De paso, en los últimos días Mónica Luzárraga ha denunciado un nuevo negociado de los Noboa.

El nuevo trazado del quinto puente, una megaobra para unir el sur de Guayaquil con el sur de la provincia de Guayas, beneficia directamente a la familia presidencial que tiene unos terrenos por la zona.

Más de lo mismo: política de silenciamiento y aleccionamiento al opositor. Buscan a toda costa dejar vía libre para sus negociados y, de paso, eliminar cualquier disidencia.

Arrecia la persecución: la plana mayor de la RC enfrenta demandas penales y amenazas de cárcel

Luisa González y legisladores de la RC

Los dos últimos candidatos presidenciales de la RC, los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, el coordinador la bancada legislativa y la expresidenta de la Asamblea enfrentan procesos penales interpuestos por el oficialismo.

Luisa González y legisladores de la RC
La rueda de prensa que ofreció Luisa González el pasado 28 de enero de 2026 rodeada de los asambleístas del movimiento y la presidenta de la tienda política, Gabriela Rivadeneira.

Sigue la huida hacia adelante que el Gobierno emprendió luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

El oficialismo no utilizó ese fracaso como oportunidad para rectificar, sino que profundiza sus políticas. Y en eso se enmarca la persecución desatada contra la plana mayor de la RC, prácticamente el único movimiento político de oposición en el país.

La lista de perseguidos no deja de crecer. Ya no solo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sino también su homólogo de Quito, Pabel Muñoz.

Eso significa que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país enfrentan procesos penales. Y la política de persecución no solo es a título personal, si no que también abarca a los municipios que lideran.

En Quito el Sercop boicoteó las fiestas de fundación de diciembre y en Guayaquil han hecho de todo: desde el retiro de competencias hasta bloquear obras de desarrollo, como un acueducto o un paso elevado.

Aunque Alvarez no forma parte de la RC, llegó al cargo por este movimiento y se mantiene cercano a Rafael Correa.

Por su fuera poco, la persecución además incluye a los candidatos presidenciales de la RC en las elecciones de 2021, 2023 y 2025. Ellos son Andrés Arauz y Luisa González, esta última fue hasta hace dos semanas presidenta de la tienda política.

En la nómina de perseguidos también consta el coordinador de la bancada legislativa de la RC, la única de oposición. Juan Andrés González enfrenta dos demandas por calumnias interpuestas por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea y Janina Rizzo, legisladora de ADN.

Ese fue el costo que Juan Andrés González pagó por denunciar el caso Porsche y asegurar que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue un autoatentado del régimen.

Por si fuera poco, a finales del año pasado, Fiscalía reactivó una denuncia contra Viviana Veloz, quien fuera presidenta de la Asamblea y actualmente es legisladora por la RC.

Ella, además, forma parte del grupo de legisladores que impulsa un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Cada proceso penal forma parte de una política que tiene un objetivo final: la proscripción de la RC. Es el único obstáculo que tiene el Gobierno para controlar todas las instituciones.

De cara a unas elecciones seccionales en 2027, una eventual muerte cruzada o revocatoria del mandato, eliminar a la RC de la contienda electoral significa dejarle el camino libre a ADN.

Es decir, la política de persecución tiene como fin último eliminar a la oposición política de Ecuador. ¿Dirán algo en el extranjero los activistas y mandatarios que defienden la democracia en Venezuela?

Con Godoy en la cuerda floja, el oficialismo intensifica la judicialización de la política

Daniel Noboa con el gabinete de seguridad

Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.

Daniel Noboa con el gabinete de seguridad
El presidente de Ecuador dirigió un gabinete de seguridad el pasado 17 de enero de 2026.

Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.

Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.

Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.

La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.

De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.

Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.

Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:

Aquiles Alvarez, el primer perseguido

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.

La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.

Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.

En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.

Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.

Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche

El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.

A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.

También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.

Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.

Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.

Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.  

Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad

La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.

La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.

El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD

El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.

Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.

Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.

Demanda contra Ecuador en Directo

La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.

La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.

Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.

Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.

Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.