Cuando la información está a un clic de distancia, el discurso único se fortalece y las disidencias se castigan. Frente a la sombra de la censura y del odio queremos difundir la otra mirada.
El oficialismo siguió el manual de las típicas operaciones de desprestigio en redes sociales. Luego que Pipo denunciara a Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio, el asambleísta tránsfuga, Sergio Peña acusó a Luzárraga de ser abogada de Pipo. Los seudo medios de comunicación vinculados a ADN replicaron el bulo.
La reconocida abogada guayaquileña, Mónica Luzárraga.
Tal fue el terror que causó la denuncia de alias Pipo, líder de la temida banda delincuencial Los Lobos, que el Gobierno buscó rápidamente una cortina de humo para tratar de apagar este nuevo incendio.
Los hechos ocurrieron así. Poco después del mediodía de este miércoles 25 de febrero de 2026, la prestigiosa agencia española de noticias Efe publica una noticia de última hora. Era la versión de Pipo a la fiscalía española donde acusa a Noboa de ser narcotraficante, de estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio y de maniobrar para que se acuse a Rafael Correa de una serie de delitos.
Escándalo internacional, las redes se agitaron y medios ecuatorianos empezaron, tímidamente, a replicar la nota de Efe.
Ante estos hechos salió el asambleísta Sergio Peña, que llegó al puesto por RC y a pocos días de posesionarse se fue con la bancada de ADN. Para la anécdota quedan los videos de Peña en Tiktok criticando a los “nobielovers”.
Peña, que ha lanzado epítetos machistas y misóginos contra Luzárraga, la acusó de viajar a España y dar asesoría a alias Pipo.
Inmediatamente las cuentas trol que orbitan en la esfera de ADN replicaron y difundieron el bulo. Para ello usaron unas vacaciones que cumplió Luzárraga en España.
Fue tan obvia la operación que Peña tenía conocimiento de los movimientos migratorios de Luzárraga. Usaron un hecho para fabricar una mentira.
La abogada reaccionó con un ultimátum a Peña: tiene 48 horas para demostrar lo dicho en enfrentará acciones legales.
Ni siquiera cuando ejercí la defensa de Gabriela Goldbaum en la defensa irrestricta de los derechos de su hija, fui víctima de una campaña tan miserable, difamatoria y denigrante a mi rol profesional y mi dignidad como mujer.
Peña tiene desde hace algún tiempo en la mira a Mónica Luzárraga. Después de todo fue ella una de las primeras en señalar el acercamiento de él con ADN, es ella la que ha mostrado a la ciudadanía las incoherencias de Peña.
A él solo le queda responder con los insultos más vulgares. De paso, en los últimos días Mónica Luzárraga ha denunciado un nuevo negociado de los Noboa.
El nuevo trazado del quinto puente, una megaobra para unir el sur de Guayaquil con el sur de la provincia de Guayas, beneficia directamente a la familia presidencial que tiene unos terrenos por la zona.
Más de lo mismo: política de silenciamiento y aleccionamiento al opositor. Buscan a toda costa dejar vía libre para sus negociados y, de paso, eliminar cualquier disidencia.
Los dos últimos candidatos presidenciales de la RC, los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, el coordinador la bancada legislativa y la expresidenta de la Asamblea enfrentan procesos penales interpuestos por el oficialismo.
La rueda de prensa que ofreció Luisa González el pasado 28 de enero de 2026 rodeada de los asambleístas del movimiento y la presidenta de la tienda política, Gabriela Rivadeneira.
Sigue la huida hacia adelante que el Gobierno emprendió luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
El oficialismo no utilizó ese fracaso como oportunidad para rectificar, sino que profundiza sus políticas. Y en eso se enmarca la persecución desatada contra la plana mayor de la RC, prácticamente el único movimiento político de oposición en el país.
La lista de perseguidos no deja de crecer. Ya no solo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sino también su homólogo de Quito, Pabel Muñoz.
Eso significa que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país enfrentan procesos penales. Y la política de persecución no solo es a título personal, si no que también abarca a los municipios que lideran.
En Quito el Sercop boicoteó las fiestas de fundación de diciembre y en Guayaquil han hecho de todo: desde el retiro de competencias hasta bloquear obras de desarrollo, como un acueducto o un paso elevado.
Aunque Alvarez no forma parte de la RC, llegó al cargo por este movimiento y se mantiene cercano a Rafael Correa.
Por su fuera poco, la persecución además incluye a los candidatos presidenciales de la RC en las elecciones de 2021, 2023 y 2025. Ellos son Andrés Arauz y Luisa González, esta última fue hasta hace dos semanas presidenta de la tienda política.
En la nómina de perseguidos también consta el coordinador de la bancada legislativa de la RC, la única de oposición. Juan Andrés González enfrenta dos demandas por calumnias interpuestas por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea y Janina Rizzo, legisladora de ADN.
Ese fue el costo que Juan Andrés González pagó por denunciar el caso Porsche y asegurar que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue un autoatentado del régimen.
Por si fuera poco, a finales del año pasado, Fiscalía reactivó una denuncia contra Viviana Veloz, quien fuera presidenta de la Asamblea y actualmente es legisladora por la RC.
Ella, además, forma parte del grupo de legisladores que impulsa un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Cada proceso penal forma parte de una política que tiene un objetivo final: la proscripción de la RC. Es el único obstáculo que tiene el Gobierno para controlar todas las instituciones.
De cara a unas elecciones seccionales en 2027, una eventual muerte cruzada o revocatoria del mandato, eliminar a la RC de la contienda electoral significa dejarle el camino libre a ADN.
Es decir, la política de persecución tiene como fin último eliminar a la oposición política de Ecuador. ¿Dirán algo en el extranjero los activistas y mandatarios que defienden la democracia en Venezuela?
Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.
El presidente de Ecuador dirigió un gabinete de seguridad el pasado 17 de enero de 2026.
Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.
Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.
Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.
La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.
De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.
Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.
Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:
Aquiles Alvarez, el primer perseguido
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.
La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.
Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.
En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.
Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.
Esto es hostigamiento institucional.
Actúan en bloque: Fiscalía, Contraloría, SRI, Superintendencia de Compañías, UAFE. Todas. Reiteradas veces. Sin resultados.
Eso busca desgastar, busca intimidar.
Qué distinto sería si ese despliegue del Estado se usara para perseguir a los… pic.twitter.com/QiKate4t6J
Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche
El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.
A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.
También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.
Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.
Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.
Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.
Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad
La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.
La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.
Presenté con evidencia en mano, una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado, para que se investigue el presunto tráfico de influencias y asociación ilícita que existiría entre la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario… pic.twitter.com/8z7NifdpO0
El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD
El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.
Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.
La política no se hace desde el odio, la ignorancia y la pura denunciología. Esta administración ha enfrentado ataques y persecución desde el primer día, pero seguimos firmes y enfocados en trabajar para mejorar la vida de nuestra gente. Las obras están ahí y la gente lo siente… pic.twitter.com/ChgVWSghpb
Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.
Demanda contra Ecuador en Directo
La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.
La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.
#ATENCIÓN | Ecuador en Directo Informa a la ciudadanía sobre una denuncia penal interpuesta por la asambleista Paola Jaramillo, que representa un intento de vulnerar nuestras libertades de expresión y prensa.
Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.
Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.
Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.
Valentina Centeno fue ungida, otra vez, como jefa de bancada de ADN y arropada por la plana mayor del Gobierno. Mientras que a Mancheno no le ha quedado más que bajar el perfil. De fondo está el juicio político a Mario Godoy que ha fracturado al oficialismo.
De izquierda a derecha: John Reimberg, ministro del Interior; María José Pinto, vicepresidenta de la República; Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN y Geovanny Bravo, secretario de la Asamblea Nacional.
Primero fue la derrota en la consulta popular del pasado noviembre y ahora ADN, específicamente su bancada legislativa, enfrenta una pugna a la interna.
La génesis del conflicto es el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El tiempo que le dieron a Godoy, fue utilizado por la bancada de la Revolución Ciudadana que presentó un juicio político contra el titular de la Judicatura.
Así ADN es víctima de su propia estrategia parlamentaria. Sí, porque a lo largo de esta legislatura, ha propuesto votaciones sobre Maduro, apoyo a las FF.AA., saludo a la detención de algún mafioso, entre otros.
Eso, desde su perspectiva, ponía en entredicho a la RC. Si votaba en contra de ellos, entonces estaban con la delincuencia.
Esa encerrona se aplica ahora a ADN. Si salva a Godoy, como lo hicieron antes con los ministros de Defensa, Energía y Salud, entonces su relato de supuesta lucha contra la criminalidad y el narco se viene abajo.
Ante ese dilema, la bancada oficialista se partió. El grupo que quiere salvar a Godoy está liderado por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y coordinadora del bloque.
Ella asumió este último cargo cuando Valentina Centeno anunció su retiro provisional, de un año, para realizar estudios en el extranjero. Nadie se creyó esa treta, pero nunca se esclarecieron las verdaderas causas de su salida, la cual coincidió con la declaratoria de inconstitucionalidad de dos leyes económicas urgentes en las que ella fue ponente.
A Mancheno se la considera muy cercana a Godoy. Una foto de ella en el matrimonio del presidente del Consejo de la Judicatura se regó como pólvora en las redes.
La indignación ciudadana, especialmente mediática y de buena parte de la derecha, fue tal que Mancheno no pudo sostener a Godoy. El CAL dio paso al juicio político gracias una moción de ella.
El regreso de Valentina Centeno
La vicepresidenta quedó debilitada, lo cual fue aprovechado por Centeno para volver por la puerta grande sin que se cumpla el año que supuestamente necesitaba para culminar sus estudios.
El pasado viernes 16 de enero se desarrolló en Carondelet una reunión del gabinete y de la bancada oficialista, aprovechando la visita de dos días de Daniel Noboa a Ecuador.
De esa cita, Centeno salió ungida, otra vez, como jefa de la bancada legislativa de ADN. Un día antes, ella y un puñado de sus coidearios estuvieron en la sesión de la Comisión de Fiscalización que dio paso al juicio político a Godoy. Mancheno, por supuesto, no.
La asambleísta Valentina Centeno durante la sesión de la Comisión de Fiscalización que dio trámite al juicio político a Mario Godoy.
La coronación pública ocurrió el pasado 21 de enero en la Asamblea. Hasta este lugar llegó medio gabinete ministerial, incluida la vicepresidente María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg.
Ante ellos, Centeno presentó un proyecto de ley para sancionar el reclutamiento de menores de edad en bandas delictivas.
Mancheno baja el perfil
Mientras Centeno era arropada por la plana mayor de ADN, Mancheno bajaba el perfil. Olsen estuvo ausente la semana pasada y parte de esta, pero ella no dirigió las sesiones del pleno.
Esa tarea se la dejaron a Sade Fritschi y hasta Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta y otrora militante de Pachakutik.
Mancheno incluso presentó una demanda penal por calumnias contra la asambleísta de RC, Mónica Palacios. Algo similar hizo contra Juan Andrés González, coordinador la bancada opositora.
En este último caso, Mancheno brindó una rueda de prensa en los exteriores del Pleno para anunciar su demanda. Con Palacios no, y si el país se enteró de la querella fue por la propia demandada.
Mishel Mancheno, junto a asambleístas de ADN, ofrece una rueda de prensa el pasado 14 de diciembre para anunciar acciones penales en contra de Juan Andrés González, coordinador de la bancada de RC.
Godoy en el centro de la disputa
Así, Centeno retorna por todo lo alto y Mancheno luce golpeada. No solo se trata de una disputa personal entre ambas, sino que revela un problema más estructural en ADN: el juicio a Godoy los fracturó.
Los asambleístas oficialistas están ante un dilema. O salvan a Godoy o lo dejan caer. Ellos son los dueños de su destino, porque sin sus votos el presidente de la Judicatura nunca será censurado.
¿Estarán dispuestos los asambleístas de ADN a unir su destino al de Godoy? Antes del 16 de noviembre de 2026 la respuesta a esa pregunta probablemente iba a ser afirmativa. Pero ahora, cuando el aura de invencible que tenía Noboa, se ha desvanecido, no hay nada claro.
Peor aún que muchos de ellos tienen aspiraciones en las elecciones seccionales de 2027. ¿Si defienden a Godoy, cómo dirán en sus territorios que luchan contra la delincuencia? Momentos difíciles para ser asambleísta de ADN, tienen hasta carnaval para decidir qué hacer.
La Asamblea resucita el tema del agua contaminada con caca en Guayaquil. Los legisladores de oposición enfrentan demandas penales por injurias y campañas de desprestigio en redes sociales.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, durante su intervención en la Asamblea el pasado 5 de enero de 2026.
Le tomó casi tres semanas al Gobierno de Daniel Noboa y su bancada reaccionar al escándalo protagonizado por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
La presión mediática paralizó al oficialismo que apenas alcanzó a convocar una sesión extraordinaria el primer día laborable de 2026 para que Godoy hablara lo que quisiera en el Pleno de la Asamblea.
Mientras llegaba ese día, la oposición no descansó y presentó un juicio político contra Godoy. Se trata de una iniciativa de los asambleístas Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Xavier Lasso y Raúl Chávez; todos de RC excepto el último que es de Reto.
Ante la parálisis, la oposición avanzó, gracias también a una revuelta de la prensa hegemónica que, en este tema, retiró el respaldo al Gobierno.
Como resultado de eso y de la presión ciudadana, ADN se fracturó en dos bloques: uno que apoyaba al juicio y otro que no. Al oficialismo no le quedó otra que dar paso al procedimiento, el primero de esta legislatura.
El Gobierno parece salir de la noqueada de la consulta popular
Esta semana, finalmente ADN salió del transe y pasó a la ofensiva, la cual apunta a dos objetivos: Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y los legisladores de la RC.
Alvarez afronta una descarnada campaña de persecución desde que Noboa llegó al cargo hace poco más de dos años. Pero en estos días, el cerco se apretó.
El alcalde fue llamado a rendir versión en Quito por un segundo proceso penal en su contra (el primero es el caso Triple A) por supuesto lavado de activos.
Luego la Fiscalía allanó la agencia Rompecabezas, proveedora de servicios de comunicación del Municipio de Guayaquil. Su propietaria y asesora en comunicación de Alvarez, Catrina Tala, no aguantó más y rompió el silencio.
Denuncio un acoso desde hace más de un año y que su empresa está intervenida por la Superintendencia de Compañías. Que ya lleva más de tres interventores sin que se encuentre alguna anomalía. Hasta su cuenta de Instagram intentaron piratearla.
De manera paralela, el oficialismo reactiva la narrativa de que los guayaquileños consumen agua contaminada. Se trata de un bluf lanzado por el propio Noboa en noviembre del año pasado, en las vísperas de la consulta popular que días después perdió.
El relato, con tuit incluido, aseguraba que los guayaquileños tomaban agua con caca. A Alvarez no le tomó ni 24 horas desarmar la mentira.
Por lo que, a Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente, no le quedó más que “reducir” la denuncia. Cambió la versión a que Interagua lanza las aguas servidas al río Guayas, cuyo afluente es el Daule, de donde toma la ciudad el agua que consume.
Eso le sirvió hasta para amenazar a Alvarez con la cárcel. Montado el show, el asambleísta de ADN y representante de Guayas, Álex Morán, presentó el 8 de noviembre una propuesta de cambio de orden del día.
Morán propuso abrir un proceso de fiscalización al agua de Guayaquil, Quito y Cuenca. La moción pasó, pero nunca se trató porque el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión.
Así el cambio del orden del día fue al congelador. Olsen retomó la propuesta y la Asamblea debatirá la “fiscalización” este jueves 21 de enero.
El Gobierno ve en Alvarez un contrincante formidable de Godoy. Es que este último ha hecho todo cuanto está a su alcance para que el caso Triple A corra. Hasta nombró fiscal general del Estado al mismo agente que ha solicitado dos veces su encarcelamiento.
Llueven las demandas contra asambleístas de oposición
El otro flanco de ataque es el Legislativo. Allí el Gobierno fijó dos cabezas de turco: Juan Andrés González, coordinador de la bancada de RC y Mónica Palacios, asambleísta de la misma bancada.
El primero enfrenta dos demandas por calumnias. La primera proviene de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y antigua coordinadora de la bancada oficialista.
Una foto suya en el matrimonio de Godoy ha sido la comidilla en las redes sociales. Y a ella se la señala como la líder del bloque de ADN que quiere salvar a Godoy.
La segunda demanda la interpuso Janina Rizo, asambleísta de ADN de Guayas. Su esposo y a la vez alterno es nada más y nada menos que Luis Alvarado, dueño de Galamedios. Esta empresa saltó a la fama por la compra de La Posta.
Ni Rizo ni Alvarado nunca explicaron de dónde salió el millón de dólares que pagaron por La Posta, medio que, por cierto, hoy forma parte de los panfletos virtuales del Gobierno.
Ambas demandas son por la rueda de prensa ofrecida por González en diciembre pasado donde señala que el estallido de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue orquestado por el Gobierno.
La Asamblea debía debatir el pasado martes 20 de enero si levantaba la inmunidad parlamentaria de González en ambos casos. Pero Olsen suspendió la sesión sin que se trate ese punto.
Si la Asamblea no se pronuncia en un mes, luego de ser notificada, la ley establece que se entenderá que la inmunidad queda levantada.
Y por si fuera poco, Mancheno puso otra denuncia por calumnia. Esta vez contra Mónica Palacios, una de las asambleístas más perseguidas en esta legislatura.
El CAL la suspendió el año pasado por señalar el nexo entre la primera dama, Lavinia Valvonesi con Dundee Precious Metal, la empresa que iba a explotar Quimsacocha, en Azuay.
A ella la suspendieron pese a que estaba recién dada a luz. Presentó una acción de protección que ganó. Volvió para destapar el escándalo de La Libertad, cuando encontró nexos entre la madre de la supuesta testaferro en la compra de propiedades en ese cantón de Santa Elena y Cynthia Gelibert, secretaria de la Administración.
Luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, donde, en rueda de prensa denunció los vínculos de ella con Godoy. El oficialismo hasta envió agitadores a aquella rueda de prensa.
A Palacios la denuncia le costó la demanda por calumnias que recién fue presentada por lo que aún no llega a la Asamblea para analizar si se levanta o no la inmunidad.
Por último, Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea y proponente del juicio político a Godoy, enfrenta una campaña de desprestigio en redes sociales.
La han señalado de aliada de Guillermo Lasso y, con inteligencia artificial, han manipulado imágenes de carácter sexual.
Así cierran la pinza. El oficialismo busca recuperar la iniciativa. Tras la derrota en la consulta solo acumulan escándalos.
Con un líder ausente enfrentaron las denuncias de Progen, HealthBird, la compra de terrenos en La Libertad, las narco mujeres y la crisis de seguridad. Y llegó Godoy para desbaratar el último relato que tenía el Gobierno: que lucha contra las mafias.
El Gobierno reacciona de la única manera que sabe: persiguiendo, con la esperanza de acabar con el rival antes de su propia ruina. Y para alcanzar ese objetivo violará cualquier ley porque en el trumpismo ecuatoriano el fin justifica los medios.
ADN protegió a Martin, uno de los grandes responsables de la debacle de la salud pública y que de manera reiterada negó la crisis en el sector. Tan mala fue su gestión que, luego de la derrota en la consulta popular, Daniel Noboa lo destituyó. Aun así el oficialismo lo protegió.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
Y es que Martin es uno de los grandes responsables de la debacle de la salud pública. No se trata de un invento de la oposición, sino de una desgracia que padecen cada día los enfermos y sus familiares.
Hospitales totalmente desabastecidos, sin medicinas y sin los insumos más básicos, con equipos dañados y con personal de apoyo (limpieza y seguridad) impagos durante meses.
Este infierno genera muertes silenciosas. Se acumulan casos de pacientes que mueren por falta de atención médica.
Ante este escenario, Martin tuvo la audacia, en varias ocasiones, de negar la existencia de la crisis en la salud pública. Dijo que no había paralización de servicios, pese a que cirugías no podían realizarse por las carencias.
Nada de esto pudo conmover a ADN. Ni siquiera el hecho de que Martin ya no era ministro. El presidente Daniel Noboa lo destituyó luego de la derrota electoral en la pasada consulta popular.
A diferencia de otros ministros, Martin no fue reciclado, sino que salió del Gobierno. Y eso envía el claro mensaje de que la gestión de Martin fue un fiasco y de que fue el responsable del fracaso oficialista.
Hasta había un antecedente. El propio Gobierno, con los primeros apagones de 2024, destituyó a la exministra de Energía, Andrea Arrobo. En este caso, ADN impulsó un juicio político en su contra cuando ya había dejado el cargo.
Ahora no, el oficialismo cerró filas en torno a Martin y se puso de espaldas a los enfermos. El bloqueo ocurrió en la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez, alias Tilín.
Allí los asambleístas de ADN, Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, Fabiola Sanmartín, Luigi García y María Paula Villacreces, más el exPachacutik, José Nango se abstuvieron en la votación para avocar conocimiento del juicio político a Martin.
En la práctica eso significa el bloqueo del proceso. Con esa votación, el juicio no podrá seguir su trámite y quedará archivado.
ADN emitió un comunicado, para justificarse, que es una oda al cinismo. “Dar paso a un juicio político que no aporta soluciones reales solo desviaría la atención de lo urgente: enfrentar a las mafias enquistadas en el sistema sanitario”.
🟣Comunicado🟣 Ecuador necesita decisiones responsables, no espectáculos. Porque la crisis de salud no nació hoy, es el resultado de dos décadas de abandono.#ADNenAcciónpic.twitter.com/C8AbOv6vtk
Es hasta gracioso porque Álvarez, el presidente de la Comisión de Fiscalización ha sido señalado por justamente pertenecer a esas mafias. Y, por otro lado, ¿cómo un proceso de fiscalización entorpece la gestión gubernamental?
Lo que en realidad le preocupaba a ADN era que el proceso iba evidenciar de forma nítida su crueldad con los enfermos, su displicencia y su real intención: desmantelar, de facto, el derecho a la salud.
Igual la votación y el comunicado los dejan desnudos frente a los enfermos y personal de la salud. Que el país siempre recuerde a los responsables y encubridores de las muertes que ocurren a diario en la salud pública.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha perdido toda vergüenza. Vuelve a Estados Unidos, pese a que la semana pasada ya estuvo allá. Y luego se irá a Emiratos Árabes.
El presidente Daniel Noboa en el único acto público que ha realizado desde la consulta popular: un acto militar en Quito.
Luego de la derrota electoral, el presidente Daniel Noboa envía un mensaje claro a los ecuatorianos: no quiere estar en el país.
Así lo demuestra su agenda. Desde que perdió está realizando un viaje al extranjero por semana. Y solo participó en un acto público en Ecuador.
Luego de la consulta popular, Noboa escapó a Estados Unidos para supuestamente cumplir una agenda relacionada a la seguridad. Pero a ese viaje no fue ni la canciller, ni el ministro de Defensa, ni el ministro del Interior.
El único que lo acompañó fue Julio José Neira, un funcionario gubernamental que acumula 11 cargos. Él mismo, en una entrevista, calificó la agenda como reservada.
Y como los medios han perdido cierto miedo tras la consulta, desataron una ola de críticas.
Pero Noboa decidió huir hacia adelante. Este 27 de noviembre de 2025 emitió un decreto donde señala que volverá a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 1 de diciembre.
Es decir, el presidente de Ecuador vivirá la fiesta estadounidense más importante: Acción de Gracias, y de paso su cumpleaños.
Noboa demuestra así lo estadounidense que es. Los ciudadanos de ese país suelen volver a casa para la cena de Acción de Gracias.
Es una mentira muy obvia la versión de que vaya a cumplir actividades oficiales porque estas son públicas.
El problema es que son los ecuatorianos los que pagan la farra. Así lo señala el decreto ejecutivo.
Se va en el avión presidencial que dijo una hora de vuelo cuesta la carrera universitaria de un joven. Hay que pagar viáticos en los más lujosos lugares y la estadía de su comitiva.
Noboa vivirá allá el “black Friday”. Supuestamente adelantó el décimo tercer sueldo en Ecuador para que los ciudadanos disfruten de esta fiesta comercial. Pero el presidente no estará en el país para eso. Otra farsa más que se derrumba.
Por si fuera poco, la próxima semana también habrá otro viaje presidencial. Esta vez se irá a Emiratos Árabes Unidos, donde esta Dubai, el destino de los ricos por excelencia.
Supuestamente va a reforzar relaciones comerciales, pero todo apunta a que asistirá a la carrera de Fórmula 1 que se desarrollará allá.
Así Noboa demuestra que no gobierno y que no le importa el país. Porque cuando el regrese, el 1 de diciembre, se cumplirá el ultimátum de los prestadores de salud del IESS que dejarán de atender a los afiliados.
Los asambleístas Eliana Correa, Franklin Samaniego y Luis Molina acusan a Martin de incumplimiento de funciones por el impago a proveedores y dializadoras, además del desabastecimiento grave de los hospitales públicos.
El exministro de Salud, Jimmy Martin.
Luego de los resultados de la pasada consulta popular, la Bancada de la Revolución Ciudadana hizo un análisis de lo bueno y lo malo de lo que va de la actual legislatura.
El consenso fue que lo mejor que se ha hecho fue la fiscalización, in situ, a los hospitales públicos. Aquellas visitas sirvieron para colocar en la agenda mediática la grave crisis en la salud.
Con ese antecedente, la RC da un paso más. Este miércoles 26 de noviembre se presentó un juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin. Él dejó el cargo luego de la derrota electoral del Gobierno en la consulta popular.
Martin se hizo tristemente famoso por negar en reiteradas ocasiones la crisis en la salud pública. El 28 de agosto pasado, durante una entrevista, dijo «no voy a decir que hay crisis, tenemos problemas». Una línea que replicó el oficialismo.
Para tapar la crisis, el gobierno creó un comité que prometió una compra de medicinas masiva que hasta la fecha se ejecuta. Y declaró una emergencia que termina hoy sin resultado alguno.
El proceso está liderado por tres legisladores: Eliana Correa (médico de profesión), Luis Fernando Molina (quien lideró la acción judicial para que el Ministerio de Salud entregue la información) y Franklin Samaniego.
La documentación se apoya en las visitas que hicieron los asambleístas de la RC a 100 de los 135 hospitales del MSP a nivel nacional, lo que ha permitido recabar información recopilada en 6.000 fojas.
Son también tres hechos que promueven el juicio: impago a proveedores, impago a dializadoras y desabastecimiento en los hospitales. Todo ello ha contribuido a que pacientes deban desembolsar sus propios recursos para ser atendidos.
Una vez que se formalice el juicio, el proceso irá al Consejo de Administración Legislativa (CAL), totalmente controlado por ADN. Esa misma instancia bloqueo el juicio a Inés Manzano por el caso Progen.
Por ello la RC pide que, si ADN quiere establecer puentes con la oposición, abra el CAL y le de un asiento que por ley le corresponde.
La pregunta ahora es si ADN seguirá con su política de bloqueo a la fiscalización y si defenderán a un exministro. Está el antecedente que fue el oficialismo el que impulsó el juicio político a la exministra de Energia, Andrea Arrobo.
Si el CAL da paso, el proceso irá a la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Alvarez, alias Tilin, y donde ADN tiene mayoría. Tanto así que ayer se designó como vicepresidente a Ana Belén Tapia, señalada como la versión femenina de Andrés Castillo.
Ahora la pelota está en la cancha de ADN. ¿Encubrirán a un exministro, cuya ineficiencia, fue crucial en la derrota electoral?
