Cuando la información está a un clic de distancia, el discurso único se fortalece y las disidencias se castigan. Frente a la sombra de la censura y del odio queremos difundir la otra mirada.
La asambleísta Verónica Iñiguez argumentó la demanda: no es económica urgente, no contó con consulta prelegislativa al abordar derechos de las comunidades, no respeta la unidad de la materia, no contó con debate democrático puesto que se impidió la participación ciudadana y es regresiva a los derechos de la naturaleza.
Los legisladores de la RC ofrecieron una rueda de prensa al pie de la Corte Constitucional tras presentar una demanda contra la Ley Minera.
Primero fue la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de GAD y ahora una acción similar, pero contra la Ley Minera. Son las acciones de la Bancada de la Revolución Ciudadana como parte de su actividad política de resistencia al gobierno de Daniel Noboa.
Este miércoles 4 de marzo de 2025, los legisladores de la RC, liderados por la asambleísta Verónica Iñiguez acudieron a la Corte Constitucional para presentar la demanda.
Allí Iñiguez ofreció una rueda de prensa donde argumentó detalladamente las razones de la demanda.
Primero, no es económico urgente puesto que sus efectos no son inmediatos. Segundo, no contó con la consulta prelegislativa, un requisito indispensable cuando se tramitan leyes que afecten los derechos colectivos de las comunidades.
Tercero, no respetó la unidad de la materia puesto que aborda temas de minería, energía, inversiones, tributarios y más.
Cuarto, no contó con el debate democrático que toda ley requiere antes de ser aprobada. En la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó el proyecto, nunca quiso recibir a grupos ecologistas.
A la propia Iñiguez se le negó la palabra durante la comparecencia de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, en la comisión.
Después de una comparecencia de la ministra Manzano en la que, abiertamente y sin sonrojarse, mintió a la ciudadanía, se vuelve imprescindible exponer los argumentos que le devuelvan la verdad al pueblo. Me hubiera gustado contar con el uso de la palabra para dar un debate… pic.twitter.com/jpCBO9EwGf
A Iñiguez tampoco le dieron la palabra durante el segundo y definitivo debate que se realizó la semana pasada en una universidad privada de Samborondón (Guayas).
La quinta y última razón es que la norma es regresiva de derechos, especialmente a los de la naturaleza, consagrados en la Constitución.
Los legisladores de la Revolución Ciudadana, en su demanda, solicitaron medidas cautelares para que la Corte suspenda cuanto antes los efectos de toda la Ley Minera.
Esta norma y la de los GAD fueron enviados por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Ambas se tramitaron en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN.
Otra vez el oficialismo votó dividido; en esta ocasión el disidente fue Andrés Guschmer. Mientras que los aliados tradicionales de ADN se abstuvieron en la votación que pretendía destituir al coordinador de la bancada de la RC.
La legisladora Ana Belén Tapia no consiguió los votos de sus compañeros para lograr la destitución del coordinador de la bancada de la RC, Juan Andrés González.
Una vez apresado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el oficialismo tiene una nueva bestia negra. Se trata del asambleísta Juan Andrés González, quien además es coordinador de la bancada legislativa de la RC.
El motivo del odio surge por la denuncia que hiciera González del caso Porsche, acusando directamente al gobierno de provocar un autoatentado en la bahía de Guayaquil, el año pasado.
— Juan Andrés González Alvear (@JAGonzalvear) March 3, 2026
Esa declaración le valió una catarata de demandas por calumnias de parte de todos los asambleístas de ADN. Por si fuera poco, la asambleísta Ana Belén Tapia, que siempre hace gala del odio en el Pleno, lo acusó de cobrar diezmos.
El caso recayó en el Comité de Ética, integrado por tres asambleístas del oficialismo. Así que el informe que fue al pleno recomendó su destitución. Eso fue lo que se debatió este martes 3 de marzo de 2025.
Más de dos horas de lectura de un informe que más bien parecía un chismógrafo. Un documento oficial repleto de versiones de un exasesor, resentido por el despido, mostrando conversaciones privadas entre él y González.
Luego de ese bodrio, vino la votación y la sorpresa. La destitución requería 101 votos y el oficialismo solo alcanzó 69 votos, menos incluso que la mayoría de 77 con las que aprueban leyes.
ADN volvió a votar dividido en el pleno de la Asamblea
El oficialismo solo reunió 69 votos para destituir a @JAGonzalvear, el coordinador de la bancada de la RC, quien estaba acusado de cobrar diezmos.
Más sorprendente aún fue la postura del asambleísta de ADN, Andrés Guschmer, que se abstuvo, es decir, no apoyó la moción de su coidearia, Ana Belén Tapia.
Encima el oficialismo no contó con aliados tradicionales como los independientes Pablo Jurado y Cristian Benavides, que suelen votar junto al oficialismo. Ellos, ahora, se abstuvieron.
Quienes también se abstuvieron fueron los exRC, David Arias y Carlos Vargas. Mientras que el otro exRC, Sergio Peña, principalizó a su alterna, Damaris Cáceres, que se mantiene en las filas de la RC por lo que votó en contra.
El presidente Rafael Correa publicó un video de alrededor de 15 policías ingresando a la sede del principal movimiento político de oposición en Ecuador.
Captura de pantalla del video de seguridad donde se observa a policías ingresando a la sede de la RC en Quito.
El expresidente Rafael Correa denunció hace pocos minutos el allanamiento de la sede de la Revolución Ciudadana en Quito.
“En lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito”, denunció Correa, quien además publicó un video de cámaras de seguridad, donde se observa a los policías ingresar al recinto.
De su lado, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, escribió: “despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza política, mientras que en la calle, la ciudadanía clama por seguridad y por respuestas judiciales a miles de denuncias de homicidios, violaciones, extorsión, secuestros, en el país más violento e inseguro del continente”.
🔴 A la comunidad internacional:
En este momento están allanando la sede del Movimiento Revolución Ciudadana 🇪🇨 la principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa.
Despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza… https://t.co/aLLgyDDsxa
Hasta el momento, Fiscalía no informa sobre qué caso se relaciona este allanamiento. Sin embargo, la excandidata presidencial y expresidenta de la RC, Luisa González, denunció en redes sociales: “Felicitaciones Fiscalía, ustedes cada vez buscan la manera de superarse. Llamar a las 05:45 am a mi madre para decirle que van a allanar la sede de la RC y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es seguirse superando”.
Felicitaciones @FiscaliaEcuador Ustedes cada vez buscan la manera de superarse.
Llamar a las 05:45 am A MI MADRE para decirle que van a allanar la Sede de la @RC5Oficial y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es SEGUIRSE SUPERANDO.
Poco después, la Fiscalía publicó un tuit donde informa que el allanamiento está vinculado al caso Caja Chica que se basa en la declaración del exasambleísta de la RC, Santiago Diaz, quien guarda prisión acusado de violación a una niña.
Díaz, actualmente, negocia con el Gobierno y la Fiscalía. En ese sentido, ofreció una declaración en la que aseguraba que trasladó dinero al país, procedente de Venezuela, por orden de Rafael Correa.
La RC rechaza esta acusación, mientras que juristas condenan que se negocie la absolución de un acusado de violación a cambio de supuestas delaciones de carácter político.
A inicios de mes, los asambleístas de ADN, Rosie Torres y Esteban Torres se rehusaron a votar junto con sus compañeros en el levantamiento de la inmunidad a su colega Juan Andrés González. Ayer, Camila León tampoco quiso seguir la disciplina partidista por lo que principalizó a su suplente, quien se abstuvo en la votación de la Ley Minera.
Miembros de la bancada legislativa de ADN, durante la sesión de la Asamblea realizada en Samborondón, Guayas, el 25 de febrero de 2025.
El cisma que generó en la bancada de ADN el juicio político a Mario Godoy se agudiza, alimentado por la agenda legislativa que les imponen desde Carondelet.
Primero fue la partición del bloque en dos bandos, uno liderado por la vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno y otro por la coordinadora de la bancada, Valentina Centeno. La división era en torno a salvar o no Godoy. La última tesis se impuso y Centeno se hizo con el control del grupo parlamentario.
Luego vino la revuelta de “Los Torres”. Se trata de los legisladores Esteban Torres (Tungurahua) y Rosie Torres (Los Ríos). Aunque comparten el mismo apellido, no son parientes.
Lo que sí es cierto es que se sientan uno a lado del otro en el hemiciclo, lo que les ha permitido desarrollar una amistad. A Esteban, por ejemplo, le molestó que ADN haya dejado sola a Rosie Torres tras ser involucrada en el escándalo de las “muñecas de la mafia”.
Los ataques en redes y ciertos medios de comunicación significaron que Rosie Torres se ausente una semana de la Asamblea. Y durante ese tiempo ni un comunicado institucional de respaldo a ella por parte de sus compañeros.
Con ese malestar a cuestas, el pasado 9 de febrero de 2026, durante la sesión del Pleno para levantar la inmunidad parlamentaria al coordinador de la bancada de RC, Juan Andrés González, los Torres enviaron una clara señal.
Tercera votación para levantar la inmunidad al coordinador de la bancada de RC, Juan Andrés González.
La sesión ahora la dirige Sade Fritschi. Solo se alcanzaron 71 votos de 101 que son necesarios.
Aquel día se produjeron cinco votaciones sobre lo mismo: levantar la inmunidad a González. Era claro que no había los 101 votos para lograr ese objetivo, así que las votaciones fueron mero trámite.
En ese contexto, en la tercera votación, Rosie Torres y Esteban Torres se abstuvieron. Mientras el resto de sus compañeros votaron a favor.
La votación dividida de ADN solo se mostró en una de las cinco que se realizaron un día. Claramente se trataba de una señal, probablemente para la interna del oficialismo. Porque la bancada gobiernista, ni su coordinadora, ni la ministra de Gobierno reaccionaron. Silencio total.
Lo contrario ocurrió ayer, durante la sesión de la Asamblea en Samborondón (Guayas) para aprobar la Ley Minera, un asunto especialmente controversial en Azuay.
Por eso los asambleístas de esa provincia estaban en la mira. Tres son de RC, que ya habían adelantado su negativa y tres de ADN. De estos últimos, Anthony Becerra fue quien propuso la moción para aprobar la norma y Adrián Castro intervino para asegurae que la ley no perjudica en nada a la naturaleza.
#MineríaYEnergía@anthonybecerra0 mociona: Aprobar el texto del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía calificado como urgente en materia económica, en dos secciones divididas de la siguiente manera:
La tercera era Camila León, que además es presidenta de la Comisión de Biodiversidad. Es la misma que protagoniza dos videos virales. Uno cuando huye de los periodistas cuencanos que le consultaban sobre el proyecto minero en Quimsacocha y el segundo cuando la legisladora de RC, Verónica Iñiguez le espeta en plena sesión de la comisión: usted cree que el agua viene del grifo, pero viene de la montaña.
León no quiso volver a generar el repudio de su tierra, así que principalizó a su alterno, un joven llamado Paco Cepeda.
Al momento de la votación, Cepeda se abstuvo pese a las insoportables presiones de las asambleístas de ADN, Inés Alarcón y Yadira Bayas. Hay un video que registra la resistencia numantina del suplente.
ADN logró aprobar gracias a los tránsfugas de la RC, Pachakutik y PSC. Sin embargo, expulsó de sus filas a Cepeda, advirtió que nunca más será principalizado (clarísimo mensaje para León) y le pidió la renuncia.
Primera vez que una diferencia a la interna de ADN se ventila públicamente. Y es que cada votación trascendental le cuesta cada vez más al oficialismo.
La votación de la Ley de los GAD fue con las justas (77 votos) y la Ley Minera igual, pero con la salvedad de que se aprobó mochada tras una revuelta de los exPK de la Amazonía y le costó una expulsión de sus propias filas.
Dificiles horas vive la bancada de ADN. Ni siquiera tener a una exasambleísta de esa bancada, Nathalie Morillo, ha servido para apaciguar las diferencias, todo lo contrario, cada día se profundizan más y hasta de manera pública.
El oficialismo siguió el manual de las típicas operaciones de desprestigio en redes sociales. Luego que Pipo denunciara a Daniel Noboa de ordenar el asesinato de Fernando Villavicencio, el asambleísta tránsfuga, Sergio Peña acusó a Luzárraga de ser abogada de Pipo. Los seudo medios de comunicación vinculados a ADN replicaron el bulo.
La reconocida abogada guayaquileña, Mónica Luzárraga.
Tal fue el terror que causó la denuncia de alias Pipo, líder de la temida banda delincuencial Los Lobos, que el Gobierno buscó rápidamente una cortina de humo para tratar de apagar este nuevo incendio.
Los hechos ocurrieron así. Poco después del mediodía de este miércoles 25 de febrero de 2026, la prestigiosa agencia española de noticias Efe publica una noticia de última hora. Era la versión de Pipo a la fiscalía española donde acusa a Noboa de ser narcotraficante, de estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio y de maniobrar para que se acuse a Rafael Correa de una serie de delitos.
Escándalo internacional, las redes se agitaron y medios ecuatorianos empezaron, tímidamente, a replicar la nota de Efe.
Ante estos hechos salió el asambleísta Sergio Peña, que llegó al puesto por RC y a pocos días de posesionarse se fue con la bancada de ADN. Para la anécdota quedan los videos de Peña en Tiktok criticando a los “nobielovers”.
Peña, que ha lanzado epítetos machistas y misóginos contra Luzárraga, la acusó de viajar a España y dar asesoría a alias Pipo.
Inmediatamente las cuentas trol que orbitan en la esfera de ADN replicaron y difundieron el bulo. Para ello usaron unas vacaciones que cumplió Luzárraga en España.
Fue tan obvia la operación que Peña tenía conocimiento de los movimientos migratorios de Luzárraga. Usaron un hecho para fabricar una mentira.
La abogada reaccionó con un ultimátum a Peña: tiene 48 horas para demostrar lo dicho en enfrentará acciones legales.
Ni siquiera cuando ejercí la defensa de Gabriela Goldbaum en la defensa irrestricta de los derechos de su hija, fui víctima de una campaña tan miserable, difamatoria y denigrante a mi rol profesional y mi dignidad como mujer.
Peña tiene desde hace algún tiempo en la mira a Mónica Luzárraga. Después de todo fue ella una de las primeras en señalar el acercamiento de él con ADN, es ella la que ha mostrado a la ciudadanía las incoherencias de Peña.
A él solo le queda responder con los insultos más vulgares. De paso, en los últimos días Mónica Luzárraga ha denunciado un nuevo negociado de los Noboa.
El nuevo trazado del quinto puente, una megaobra para unir el sur de Guayaquil con el sur de la provincia de Guayas, beneficia directamente a la familia presidencial que tiene unos terrenos por la zona.
Más de lo mismo: política de silenciamiento y aleccionamiento al opositor. Buscan a toda costa dejar vía libre para sus negociados y, de paso, eliminar cualquier disidencia.
Los dos últimos candidatos presidenciales de la RC, los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, el coordinador la bancada legislativa y la expresidenta de la Asamblea enfrentan procesos penales interpuestos por el oficialismo.
La rueda de prensa que ofreció Luisa González el pasado 28 de enero de 2026 rodeada de los asambleístas del movimiento y la presidenta de la tienda política, Gabriela Rivadeneira.
Sigue la huida hacia adelante que el Gobierno emprendió luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
El oficialismo no utilizó ese fracaso como oportunidad para rectificar, sino que profundiza sus políticas. Y en eso se enmarca la persecución desatada contra la plana mayor de la RC, prácticamente el único movimiento político de oposición en el país.
La lista de perseguidos no deja de crecer. Ya no solo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sino también su homólogo de Quito, Pabel Muñoz.
Eso significa que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país enfrentan procesos penales. Y la política de persecución no solo es a título personal, si no que también abarca a los municipios que lideran.
En Quito el Sercop boicoteó las fiestas de fundación de diciembre y en Guayaquil han hecho de todo: desde el retiro de competencias hasta bloquear obras de desarrollo, como un acueducto o un paso elevado.
Aunque Alvarez no forma parte de la RC, llegó al cargo por este movimiento y se mantiene cercano a Rafael Correa.
Por su fuera poco, la persecución además incluye a los candidatos presidenciales de la RC en las elecciones de 2021, 2023 y 2025. Ellos son Andrés Arauz y Luisa González, esta última fue hasta hace dos semanas presidenta de la tienda política.
En la nómina de perseguidos también consta el coordinador de la bancada legislativa de la RC, la única de oposición. Juan Andrés González enfrenta dos demandas por calumnias interpuestas por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea y Janina Rizzo, legisladora de ADN.
Ese fue el costo que Juan Andrés González pagó por denunciar el caso Porsche y asegurar que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue un autoatentado del régimen.
Por si fuera poco, a finales del año pasado, Fiscalía reactivó una denuncia contra Viviana Veloz, quien fuera presidenta de la Asamblea y actualmente es legisladora por la RC.
Ella, además, forma parte del grupo de legisladores que impulsa un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Cada proceso penal forma parte de una política que tiene un objetivo final: la proscripción de la RC. Es el único obstáculo que tiene el Gobierno para controlar todas las instituciones.
De cara a unas elecciones seccionales en 2027, una eventual muerte cruzada o revocatoria del mandato, eliminar a la RC de la contienda electoral significa dejarle el camino libre a ADN.
Es decir, la política de persecución tiene como fin último eliminar a la oposición política de Ecuador. ¿Dirán algo en el extranjero los activistas y mandatarios que defienden la democracia en Venezuela?
Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.
El presidente de Ecuador dirigió un gabinete de seguridad el pasado 17 de enero de 2026.
Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.
Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.
Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.
La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.
De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.
Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.
Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:
Aquiles Alvarez, el primer perseguido
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.
La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.
Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.
En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.
Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.
Esto es hostigamiento institucional.
Actúan en bloque: Fiscalía, Contraloría, SRI, Superintendencia de Compañías, UAFE. Todas. Reiteradas veces. Sin resultados.
Eso busca desgastar, busca intimidar.
Qué distinto sería si ese despliegue del Estado se usara para perseguir a los… pic.twitter.com/QiKate4t6J
Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche
El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.
A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.
También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.
Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.
Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.
Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.
Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad
La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.
La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.
Presenté con evidencia en mano, una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado, para que se investigue el presunto tráfico de influencias y asociación ilícita que existiría entre la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario… pic.twitter.com/8z7NifdpO0
El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD
El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.
Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.
La política no se hace desde el odio, la ignorancia y la pura denunciología. Esta administración ha enfrentado ataques y persecución desde el primer día, pero seguimos firmes y enfocados en trabajar para mejorar la vida de nuestra gente. Las obras están ahí y la gente lo siente… pic.twitter.com/ChgVWSghpb
Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.
Demanda contra Ecuador en Directo
La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.
La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.
#ATENCIÓN | Ecuador en Directo Informa a la ciudadanía sobre una denuncia penal interpuesta por la asambleista Paola Jaramillo, que representa un intento de vulnerar nuestras libertades de expresión y prensa.
Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.
Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.
Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.
Valentina Centeno fue ungida, otra vez, como jefa de bancada de ADN y arropada por la plana mayor del Gobierno. Mientras que a Mancheno no le ha quedado más que bajar el perfil. De fondo está el juicio político a Mario Godoy que ha fracturado al oficialismo.
De izquierda a derecha: John Reimberg, ministro del Interior; María José Pinto, vicepresidenta de la República; Valentina Centeno, jefa de bancada de ADN y Geovanny Bravo, secretario de la Asamblea Nacional.
Primero fue la derrota en la consulta popular del pasado noviembre y ahora ADN, específicamente su bancada legislativa, enfrenta una pugna a la interna.
La génesis del conflicto es el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El tiempo que le dieron a Godoy, fue utilizado por la bancada de la Revolución Ciudadana que presentó un juicio político contra el titular de la Judicatura.
Así ADN es víctima de su propia estrategia parlamentaria. Sí, porque a lo largo de esta legislatura, ha propuesto votaciones sobre Maduro, apoyo a las FF.AA., saludo a la detención de algún mafioso, entre otros.
Eso, desde su perspectiva, ponía en entredicho a la RC. Si votaba en contra de ellos, entonces estaban con la delincuencia.
Esa encerrona se aplica ahora a ADN. Si salva a Godoy, como lo hicieron antes con los ministros de Defensa, Energía y Salud, entonces su relato de supuesta lucha contra la criminalidad y el narco se viene abajo.
Ante ese dilema, la bancada oficialista se partió. El grupo que quiere salvar a Godoy está liderado por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y coordinadora del bloque.
Ella asumió este último cargo cuando Valentina Centeno anunció su retiro provisional, de un año, para realizar estudios en el extranjero. Nadie se creyó esa treta, pero nunca se esclarecieron las verdaderas causas de su salida, la cual coincidió con la declaratoria de inconstitucionalidad de dos leyes económicas urgentes en las que ella fue ponente.
A Mancheno se la considera muy cercana a Godoy. Una foto de ella en el matrimonio del presidente del Consejo de la Judicatura se regó como pólvora en las redes.
La indignación ciudadana, especialmente mediática y de buena parte de la derecha, fue tal que Mancheno no pudo sostener a Godoy. El CAL dio paso al juicio político gracias una moción de ella.
El regreso de Valentina Centeno
La vicepresidenta quedó debilitada, lo cual fue aprovechado por Centeno para volver por la puerta grande sin que se cumpla el año que supuestamente necesitaba para culminar sus estudios.
El pasado viernes 16 de enero se desarrolló en Carondelet una reunión del gabinete y de la bancada oficialista, aprovechando la visita de dos días de Daniel Noboa a Ecuador.
De esa cita, Centeno salió ungida, otra vez, como jefa de la bancada legislativa de ADN. Un día antes, ella y un puñado de sus coidearios estuvieron en la sesión de la Comisión de Fiscalización que dio paso al juicio político a Godoy. Mancheno, por supuesto, no.
La asambleísta Valentina Centeno durante la sesión de la Comisión de Fiscalización que dio trámite al juicio político a Mario Godoy.
La coronación pública ocurrió el pasado 21 de enero en la Asamblea. Hasta este lugar llegó medio gabinete ministerial, incluida la vicepresidente María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg.
Ante ellos, Centeno presentó un proyecto de ley para sancionar el reclutamiento de menores de edad en bandas delictivas.
Mancheno baja el perfil
Mientras Centeno era arropada por la plana mayor de ADN, Mancheno bajaba el perfil. Olsen estuvo ausente la semana pasada y parte de esta, pero ella no dirigió las sesiones del pleno.
Esa tarea se la dejaron a Sade Fritschi y hasta Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta y otrora militante de Pachakutik.
Mancheno incluso presentó una demanda penal por calumnias contra la asambleísta de RC, Mónica Palacios. Algo similar hizo contra Juan Andrés González, coordinador la bancada opositora.
En este último caso, Mancheno brindó una rueda de prensa en los exteriores del Pleno para anunciar su demanda. Con Palacios no, y si el país se enteró de la querella fue por la propia demandada.
Mishel Mancheno, junto a asambleístas de ADN, ofrece una rueda de prensa el pasado 14 de diciembre para anunciar acciones penales en contra de Juan Andrés González, coordinador de la bancada de RC.
Godoy en el centro de la disputa
Así, Centeno retorna por todo lo alto y Mancheno luce golpeada. No solo se trata de una disputa personal entre ambas, sino que revela un problema más estructural en ADN: el juicio a Godoy los fracturó.
Los asambleístas oficialistas están ante un dilema. O salvan a Godoy o lo dejan caer. Ellos son los dueños de su destino, porque sin sus votos el presidente de la Judicatura nunca será censurado.
¿Estarán dispuestos los asambleístas de ADN a unir su destino al de Godoy? Antes del 16 de noviembre de 2026 la respuesta a esa pregunta probablemente iba a ser afirmativa. Pero ahora, cuando el aura de invencible que tenía Noboa, se ha desvanecido, no hay nada claro.
Peor aún que muchos de ellos tienen aspiraciones en las elecciones seccionales de 2027. ¿Si defienden a Godoy, cómo dirán en sus territorios que luchan contra la delincuencia? Momentos difíciles para ser asambleísta de ADN, tienen hasta carnaval para decidir qué hacer.
