Amenazas, pedidos de clemencia y órdenes judiciales sirvieron para que Jacabo Bucaram guarde prisión en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa de Ecuador y con una estructura de corrupción recientemente descubierta.
Desde que Jacobo Bucaram fuera capturado en Medellín (Colombia) y posteriormente deportado a Quito, su familia luchó por un solo objetivo: que guarde prisión en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
El pretexto era que en esta ciudad vive su familia y sus abogados. Y que llevarlo a la cárcel de Latacunga lo aleja de su hogar y pone en peligro su derecho a la defensa.
La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en la cárcel más peligrosa del país. Las matanzas constantes en esa prisión ocasionaron la segunda emergencia penitenciaria en el gobierno de Lenín Moreno.
El pasado 4 de agosto de 2020, en el enésimo enfrentamiento entre las bandas Los Choneros y Los Lagartos 11 presos murieron.
Cuatro días después, el 8 de agosto, era asesinado Shy Dahan, el israelí capturado en Santa Elena con USD 300.000 en efectivo.
En su declaración, antes de morir, Dahan dijo que ese dinero era producto de las ventas de pruebas rápidas que había hecho a Jacobo Bucaram.
Por eso antecedentes la fiscal Claudia Romero consideró que la vida de Jacobo Bucaram corría peligro en la Penitenciaría por lo que solicitó su traslado a la cárcel de Latacunga, lo que fue aceptado por el juez Ronald Guerrero, que lleva una de las causas contra el hijo mayor de Abdalá Bucaram.
Una amenaza y un fallo favorable
Pero un día después, tres ciudadanos colombianos acudieron al despacho de Guerrero, en Guayaquil. Allí hablaron con su secretaria para que traslade una amenaza: u ordena el traslado de Jacobo Bucaram a la Penitenciaría o enfrentaría consecuencias.
Desde ese día, Guerrero ingresó al programa de testigos protegidos y tiene custodia policial.
La amenaza no resultó, así que la defensa legal de Bucaram solicitó al juez Juan Carlos Terán que ordenara el traslado.
Este juez dijo que sí y argumentó que Bucaram debía estar cerca de su familia y de sus abogados, y además que pertenece a los grupos de atención prioritaria que protege la Constitución. El juez se rehusó a decir qué condición tiene Jacobo Bucaram que le permite acceder a este privilegio.
Con el fallo, los Bucaram celebraron. No importaron los hechos de sangre en la Penitenciaría; se había logrado el objetivo de que Jacobo Bucaram esté en esta peligrosa cárcel.
Sin embargo, la felicidad duró poco. El mismo día que el juez Terán ordenaba el traslado la Policía detenía al director de la Penitenciaría, Héctor Reina.
A él se le formuló cargos por concusión porque Shy Dahan, antes de ser asesinado, grabó una videollamada que mantuvo con Reina.
En el video Reina le pide dinero a cambio de protección. Dahan le contesta hastiado, dice que desde que llegó a la cárcel ha pagado más de USD 40.000 por medicinas, alimentos y protección.
La Fiscalía reveló que Reina encabeza una estructura criminal que involucra a guías y doctores de la cárcel que vende de todo: alimentos, medicinas, cuidado médico, salidas al patio, protección, camas. En la cárcel de Guayaquil los derechos más básicos cuestan.
Es a esa cárcel a la que Jacobo Bucaram y su familia morían por ir. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso la Penitenciaría del Litoral es parte de su reinado o del reparto? Ojalá la Fiscalía responda esa interrogante.
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