La derecha lo vuelve a intentar. El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, suspendió al movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, por 9 meses por pedido del fiscal general Leonardo Alarcón, que a su vez se basa en el caso Caja Chica. Esa trama se genera gracias a la delación del exasambleísta Santiago Diaz, acusado de violar a una niña.
El oficialismo aplasta el acelerador en su política de persecución y silenciamiento de la oposición. En un mes apresaron al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dejaron sin inmunidad parlamentaria al coordinador de la única bancada legislativa de oposición, allanaron la sede del principal partido de oposición y finalmente proscribieron a la Revolución Ciudadana.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri, suspendió por nueves meses al movimiento político Revolución Ciudadana. Tomó la decisión por un pedido del fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón.
Este último busca revalidar su cargo en el concurso, lleno de irregularidades, que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. Así que está haciendo mérito, ante el Gobierno, para que lo ratifiquen.
Alarcón basó su pedido en el caso Caja Chica. El mismo que sirvió de argumento para allanar la sede de la RC en Quito y la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González.
El caso Caja Chica supuestamente investiga una trama para financiar a la RC con dinero procedente de la Venezuela de Nicolás Maduro. La prueba madre es la delación de Santiago Díaz, el exasambleísta de la RC que guarda prisión por estar acusado de violar a una niña.
La RC lo expulsó y se rehusó a defenderlo, como el propio Rafael Correa lo dijo. Eso hizo que Díaz se lance a los brazos del Gobierno. Luego de “confesar” guarda prisión en una cómoda cárcel, a veces, hasta en un centro de salud de la capital.
La compra de este testigo fue suficiente para que el oficialismo utilice toda la estructura del Estado para impedir la actividad político electoral de la RC, el mayor movimiento de oposición de Ecuador.
Durante nueves meses la RC no podrá participar en ninguna contienda electoral. Si hay revocatoria de mandato, consulta popular o muerte cruzada, estas se realizarán sin la oposición.
Tampoco podrá registrar candidatos de cara a las elecciones locales del próximo año. Ya apresaron a Aquiles Alvarez, amenazan con allanamientos al alcalde de Quito, Pabel Muñoz y ahora proscriben a la RC.
No es la primera vez que ocurre. La anterior fue durante el gobierno de Lenín Moreno cuando Gabriela Rivadeneira era secretaria ejecutiva de la extinta Alianza PAIS.
Ironías del destino; ahora ella es presidenta de la RC y le toca, por segunda ocasión, afrontar el mismo reto.
Eso le permitió adelantarse a este escenario. Ella mismo ha dicho, adentro y afuera del partido: la RC va a participar en las elecciones como sea.
Por eso ya hay contactos con otras tiendas políticas que podrán albergar a los candidatos de la RC y la militancia ya sabe manejarse en tiempos de persecución. Nunca antes fue tan cierto el mantra que repite Rafael Correa: quisieron enterrarnos y no sabían que éramos semilla.
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