La Asamblea resucita el tema del agua contaminada con caca en Guayaquil. Los legisladores de oposición enfrentan demandas penales por injurias y campañas de desprestigio en redes sociales.
Le tomó casi tres semanas al Gobierno de Daniel Noboa y su bancada reaccionar al escándalo protagonizado por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
A finales del año pasado estalló el escándalo. El juez Carlos Serrano denunció presiones de Godoy para que falle a favor del capo de la mafia albanesa en Ecuador, Jezdimir Srdan.
Otro caso similar surgió con la directora provincial del Consejo de la Judicatura, Samantha Lozada.
La presión mediática paralizó al oficialismo que apenas alcanzó a convocar una sesión extraordinaria el primer día laborable de 2026 para que Godoy hablara lo que quisiera en el Pleno de la Asamblea.
Mientras llegaba ese día, la oposición no descansó y presentó un juicio político contra Godoy. Se trata de una iniciativa de los asambleístas Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Xavier Lasso y Raúl Chávez; todos de RC excepto el último que es de Reto.
Ante la parálisis, la oposición avanzó, gracias también a una revuelta de la prensa hegemónica que, en este tema, retiró el respaldo al Gobierno.
Como resultado de eso y de la presión ciudadana, ADN se fracturó en dos bloques: uno que apoyaba al juicio y otro que no. Al oficialismo no le quedó otra que dar paso al procedimiento, el primero de esta legislatura.
El Gobierno parece salir de la noqueada de la consulta popular
Esta semana, finalmente ADN salió del transe y pasó a la ofensiva, la cual apunta a dos objetivos: Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y los legisladores de la RC.
Alvarez afronta una descarnada campaña de persecución desde que Noboa llegó al cargo hace poco más de dos años. Pero en estos días, el cerco se apretó.
El alcalde fue llamado a rendir versión en Quito por un segundo proceso penal en su contra (el primero es el caso Triple A) por supuesto lavado de activos.
Luego la Fiscalía allanó la agencia Rompecabezas, proveedora de servicios de comunicación del Municipio de Guayaquil. Su propietaria y asesora en comunicación de Alvarez, Catrina Tala, no aguantó más y rompió el silencio.
Denuncio un acoso desde hace más de un año y que su empresa está intervenida por la Superintendencia de Compañías. Que ya lleva más de tres interventores sin que se encuentre alguna anomalía. Hasta su cuenta de Instagram intentaron piratearla.
De manera paralela, el oficialismo reactiva la narrativa de que los guayaquileños consumen agua contaminada. Se trata de un bluf lanzado por el propio Noboa en noviembre del año pasado, en las vísperas de la consulta popular que días después perdió.
El relato, con tuit incluido, aseguraba que los guayaquileños tomaban agua con caca. A Alvarez no le tomó ni 24 horas desarmar la mentira.
Por lo que, a Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente, no le quedó más que “reducir” la denuncia. Cambió la versión a que Interagua lanza las aguas servidas al río Guayas, cuyo afluente es el Daule, de donde toma la ciudad el agua que consume.
Eso le sirvió hasta para amenazar a Alvarez con la cárcel. Montado el show, el asambleísta de ADN y representante de Guayas, Álex Morán, presentó el 8 de noviembre una propuesta de cambio de orden del día.
Morán propuso abrir un proceso de fiscalización al agua de Guayaquil, Quito y Cuenca. La moción pasó, pero nunca se trató porque el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión.
Así el cambio del orden del día fue al congelador. Olsen retomó la propuesta y la Asamblea debatirá la “fiscalización” este jueves 21 de enero.
El Gobierno ve en Alvarez un contrincante formidable de Godoy. Es que este último ha hecho todo cuanto está a su alcance para que el caso Triple A corra. Hasta nombró fiscal general del Estado al mismo agente que ha solicitado dos veces su encarcelamiento.
Llueven las demandas contra asambleístas de oposición
El otro flanco de ataque es el Legislativo. Allí el Gobierno fijó dos cabezas de turco: Juan Andrés González, coordinador de la bancada de RC y Mónica Palacios, asambleísta de la misma bancada.
El primero enfrenta dos demandas por calumnias. La primera proviene de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y antigua coordinadora de la bancada oficialista.
Una foto suya en el matrimonio de Godoy ha sido la comidilla en las redes sociales. Y a ella se la señala como la líder del bloque de ADN que quiere salvar a Godoy.
La segunda demanda la interpuso Janina Rizo, asambleísta de ADN de Guayas. Su esposo y a la vez alterno es nada más y nada menos que Luis Alvarado, dueño de Galamedios. Esta empresa saltó a la fama por la compra de La Posta.
Ni Rizo ni Alvarado nunca explicaron de dónde salió el millón de dólares que pagaron por La Posta, medio que, por cierto, hoy forma parte de los panfletos virtuales del Gobierno.
Ambas demandas son por la rueda de prensa ofrecida por González en diciembre pasado donde señala que el estallido de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue orquestado por el Gobierno.
La Asamblea debía debatir el pasado martes 20 de enero si levantaba la inmunidad parlamentaria de González en ambos casos. Pero Olsen suspendió la sesión sin que se trate ese punto.
Si la Asamblea no se pronuncia en un mes, luego de ser notificada, la ley establece que se entenderá que la inmunidad queda levantada.
Y por si fuera poco, Mancheno puso otra denuncia por calumnia. Esta vez contra Mónica Palacios, una de las asambleístas más perseguidas en esta legislatura.
El CAL la suspendió el año pasado por señalar el nexo entre la primera dama, Lavinia Valvonesi con Dundee Precious Metal, la empresa que iba a explotar Quimsacocha, en Azuay.
A ella la suspendieron pese a que estaba recién dada a luz. Presentó una acción de protección que ganó. Volvió para destapar el escándalo de La Libertad, cuando encontró nexos entre la madre de la supuesta testaferro en la compra de propiedades en ese cantón de Santa Elena y Cynthia Gelibert, secretaria de la Administración.
Luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, donde, en rueda de prensa denunció los vínculos de ella con Godoy. El oficialismo hasta envió agitadores a aquella rueda de prensa.
A Palacios la denuncia le costó la demanda por calumnias que recién fue presentada por lo que aún no llega a la Asamblea para analizar si se levanta o no la inmunidad.
Por último, Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea y proponente del juicio político a Godoy, enfrenta una campaña de desprestigio en redes sociales.
La han señalado de aliada de Guillermo Lasso y, con inteligencia artificial, han manipulado imágenes de carácter sexual.
Así cierran la pinza. El oficialismo busca recuperar la iniciativa. Tras la derrota en la consulta solo acumulan escándalos.
Con un líder ausente enfrentaron las denuncias de Progen, HealthBird, la compra de terrenos en La Libertad, las narco mujeres y la crisis de seguridad. Y llegó Godoy para desbaratar el último relato que tenía el Gobierno: que lucha contra las mafias.
El Gobierno reacciona de la única manera que sabe: persiguiendo, con la esperanza de acabar con el rival antes de su propia ruina. Y para alcanzar ese objetivo violará cualquier ley porque en el trumpismo ecuatoriano el fin justifica los medios.
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