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Cuando las cosas no podían estar peor, el gobierno se supera así mismo. Parecía que Ecuador se había salvado del Viernes 13 pero dos noticias le dieron vida a la superstición en el país.
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Para Richard Martínez, ahora exministro de Economía, la misión está cumplida. Por eso puede abandonar el cargo porque renegoció la deuda externa y concretó un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6.500 millones de dólares.
A cambio de ese crédito, Ecuador se compromete a subir el IVA al 15% en el segundo semestre de 2021. Será una tarea para el nuevo gobierno, si es que quiere seguir recibiendo los recursos del FMI.
Para obtener ese logro Martínez debió cumplir a cabalidad con los tenedores de bonos, incluidos los que estafaron al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Así, el 24 de marzo de 2020, cuando la pandemia ocasionaba cientos de muertos en Guayaquil, Martínez honró la deuda externa, pese a las recomendaciones internacionales que pedían lo contrario.
Eso costó despidos masivos en el sector público, retraso en el pago de los sueldos de los funcionarios y en las rentas de los gobiernos locales que apenas tenían recursos para combatir al Covid-19.
Martínez eligió a quien pagar: los bonistas en lugar de los ecuatorianos, lo que acrecentó la crisis que ahora enfrenta el país.
Pero el saliente ministro de Economía no lo ve así. Se asume como el hombre que salvó la economía ecuatoriana y por eso ahora puede ocupar una de las vicepresidencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero, ¿cómo es que Martínez consiguió ese trabajo? Todo se remonta a la elección del nuevo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, quien era el candidato de Donald Trump.
Trump rompió el consenso internacional que reina desde el fin de la II Guerra Mundial que establece que el mando del FMI es para un europeo, el Banco Mundial queda en manos de un estadounidense y el BID lo controla un latinoamericano.
Fiel a su estilo, Trump tumbó esa costumbre e impuso a Claver-Carone, de nacionalidad estadounidense. Pese a la protesta internacional, incluidos expresidentes de la región y de la propia Unión Europea que pidió aplazar la elección hasta después de los comicios de Estados Unidos, Trump siguió adelante.
Ahora se sabe que Claver-Carone vendió puestos entre los países para lograr su elección. Según el excanciller peruano, Rafael Rocangliolo, se ofrecieron puestos a Brasil, Ecuador y Jamaica a cambio de votos, además de un millonario préstamo a Colombia.
Ecuador efectivamente votó por Claver-Carone y un mes después se concretó el ofrecimiento: una vicepresidencia para el saliente ministro de Economía, Richard Martínez.
Pero para cumplir su objetivo, Martínez tendrá que violar la Constitución. El artículo 153 de la Carta Magna establece lo siguiente:
Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.
Artículo 153 de la Constitución de Ecuador
Ante esa expresa prohibición, Martínez señaló que no le afecta porque, según él, el BID no es una entidad financiera.
De esta forma, Martínez prepara su viaje a Washington, donde tiene sede el BID, sin que la Asamblea nunca haya podido tramitar los juicios políticos en su contra.
Tampoco hay pronunciamientos de los legisladores, de la Corte Constitucional o del propio gobierno ante la violación a la prohibición constitucional.
Al frente del Ministerio de Finanzas quedará Mauricio Pozo, quien ya ocupó el cargo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que también se firmó un acuerdo con el FMI.
En las elecciones de 2017 Pozo fue compañero de fórmula de la candidata a la Presidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, quien hoy es alcaldesa de Guayaquil.
Una vez que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo préstamo por USD 6.500 millones para Ecuador se empezaron a difundir las condiciones que el país deberá cumplir para conseguir esos recursos.
El pasado 4 de octubre, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno informaba que Ecuador debe “ampliar la base impositiva”.
Esa frase significa crear o aumentar impuestos, pero esa tarea quedará para el nuevo gobierno, que se instale en mayo de 2021.
Moreno ya no tiene mayoría en la Asamblea y una reforma tributaria ahora, en época preelectoral, es políticamente inviable.
Pese a ese panorama el FMI plantea lo siguiente, en materia tributaria:
En una rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que esas medidas contemplarían ingresos al fisco por USD 2.000 millones.
El propio gobierno aseguro que una cantidad igual ya transfirió el FMI. Esos recursos servirán para pagar sueldos atrasados en el sector público y liquidaciones en empresas públicas cerradas; deudas con proveedores del Estado y con gobiernos locales, además de devoluciones de impuestos que no han realizado este año.
De hecho, el pasado lunes, en una ceremonia en el Palacio de Carondelet, Moreno lideró la entrega de jubilaciones a maestros.
Fue un acto para defender el nuevo endeudamiento del país, puesto que los recursos, indicó el Mandatario, sirven para pagar a los grupos más vulnerables.
Sin embargo, desde gremio de profesores se advirtió sobre despidos de profesores y personal administrativo del Ministerio de Educación.
“Como no hay plata para las copias ahora se obliga a los padres de familia que no tienen internet que entreguen dinero para imprimir las fichas”, dijo una fuente del Ministerio.
Esas fichas sirven como guía de estudio en la educación virtual.
El nuevo crédito con el FMI es a 10 años plazo y contempla cuatro años de gracia y 2% de interés.