Los asambleístas Eliana Correa, Franklin Samaniego y Luis Molina acusan a Martin de incumplimiento de funciones por el impago a proveedores y dializadoras, además del desabastecimiento grave de los hospitales públicos.
Luego de los resultados de la pasada consulta popular, la Bancada de la Revolución Ciudadana hizo un análisis de lo bueno y lo malo de lo que va de la actual legislatura.
El consenso fue que lo mejor que se ha hecho fue la fiscalización, in situ, a los hospitales públicos. Aquellas visitas sirvieron para colocar en la agenda mediática la grave crisis en la salud.
Con ese antecedente, la RC da un paso más. Este miércoles 26 de noviembre se presentó un juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martin. Él dejó el cargo luego de la derrota electoral del Gobierno en la consulta popular.
Martin se hizo tristemente famoso por negar en reiteradas ocasiones la crisis en la salud pública. El 28 de agosto pasado, durante una entrevista, dijo «no voy a decir que hay crisis, tenemos problemas». Una línea que replicó el oficialismo.
Para tapar la crisis, el gobierno creó un comité que prometió una compra de medicinas masiva que hasta la fecha se ejecuta. Y declaró una emergencia que termina hoy sin resultado alguno.
El proceso está liderado por tres legisladores: Eliana Correa (médico de profesión), Luis Fernando Molina (quien lideró la acción judicial para que el Ministerio de Salud entregue la información) y Franklin Samaniego.
La documentación se apoya en las visitas que hicieron los asambleístas de la RC a 100 de los 135 hospitales del MSP a nivel nacional, lo que ha permitido recabar información recopilada en 6.000 fojas.
Son también tres hechos que promueven el juicio: impago a proveedores, impago a dializadoras y desabastecimiento en los hospitales. Todo ello ha contribuido a que pacientes deban desembolsar sus propios recursos para ser atendidos.
Una vez que se formalice el juicio, el proceso irá al Consejo de Administración Legislativa (CAL), totalmente controlado por ADN. Esa misma instancia bloqueo el juicio a Inés Manzano por el caso Progen.
Por ello la RC pide que, si ADN quiere establecer puentes con la oposición, abra el CAL y le de un asiento que por ley le corresponde.
La pregunta ahora es si ADN seguirá con su política de bloqueo a la fiscalización y si defenderán a un exministro. Está el antecedente que fue el oficialismo el que impulsó el juicio político a la exministra de Energia, Andrea Arrobo.
Si el CAL da paso, el proceso irá a la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Alvarez, alias Tilin, y donde ADN tiene mayoría. Tanto así que ayer se designó como vicepresidente a Ana Belén Tapia, señalada como la versión femenina de Andrés Castillo.
Ahora la pelota está en la cancha de ADN. ¿Encubrirán a un exministro, cuya ineficiencia, fue crucial en la derrota electoral?
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