Los casos de Bayona, Roche y Yúnez evidencia que la persecución se amplía

Gisela Bayona, Andrés Roche y Juan José Yúnez.

Durante años, buena parte de la sociedad ecuatoriana permaneció tranquila ante la campaña de persecución desatada contra el correísmo. Ahora, Noboa usa ese mismo aparato para destruir a todo aquel que se le oponga, hasta personas vinculadas a la derecha.

Gisela Bayona, Andrés Roche y Juan José Yúnez.
Gisella Bayona, Andrés Roche y Juan José Yúnez, las más recientes víctimas de la persecución de Daniel Noboa.

El estrangulamiento de la sociedad civil ecuatoriana avanza a pasos agigantados gracias a que las pocas instituciones que quedan en el país se hacen a un lado.

Ya no es solo contra los correístas o los indígenas, la campaña ahora abarca a empresarios, periodistas de medios hegemónicos y al candidato a alcalde de Guayaquil del PSC, Andrés Roche.

El propio Roche confirmó el rumor. Luego de recibir una advertencia por parte de un emisario del Gobierno para que cambie el discurso de su campaña, vino la retaliación.

Roche se negó a cumplir los dictámenes de ADN. La consecuencia fue el bloqueo de las cuentas bancarias de él, sus hijos, sus hermanos, sus empresas y los representantes legales de las mismas.

Nadie notificó nada. Los afectados se enteraron cuando no pudieron hacer transferencias. El banco ni siquiera informa quién dio la orden del bloqueo. La gente supone que vino de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la entidad que debería combatir el lavado de activos y que maneja el todopoderoso Julio Neira. El mismo que Oswaldo Hurtado calificó de “vicepresidente”.

Semejante medida puede quebrar a cualquier empresa. Roche dijo que tiene dificultades para acceder a efectivo y que sus empresas buscan préstamos emergentes utilizando los fondos congelados como garantía.

¿Pero en qué condiciones puede un candidato hacer campaña sino tiene acceso a recursos financieros? Y no se trata de cualquier candidato. Es el representante del partido que controló el municipio de Guayaquil durante 30 años, además de reconocido empresario de la ciudad.

Lo mismo le pasó a Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, militante del PSC y empresario. Él no ha hecho ninguna denuncia pública, pero Roche informó que el congelamiento también lo afectó a él.

Es una medida que en el pasado se aplicó a Washington Andrade, el abogado que estaba impulsando la revocatoria del mandato de Daniel Noboa. También la sufrieron dirigentes indígenas y autoridades locales de Imbabura.

El mensaje es claro: cualquier ecuatoriano, de la noche a la mañana, puede sufrir el congelamiento de sus cuentas bancarias, sin explicación alguna.

Una medida que debería ser utilizada para combatir el narcotráfico y el lavado de activos se usa para perseguir a cualquiera, para quebrarlo económicamente. Nadie está a salvo. Por cierto; los bancos mudos, totalmente sometidos.

Más persecución; menos periodismo

A la persecución de Roche y Yúnez, se suma otro caso, el de Gisela Bayona. Con ella elm hostigamiento fue de otra forma.

La periodista sufrió una campaña de desprestigio en la que participaron todos los medios adictos a Carondelet y los “influencers”. La acusaron a ella y su esposo de denunciar la crisis de la salud pública porque tienen intereses económicos en el sector.

Tras cinco días de acoso, Bayona no resistió. Renunció a los espacios informativos que dirigía y al periodismo. Todo ante el silencio de buena parte de la sociedad ecuatoriana.

Bayona hizo lo que cualquiera en una situación así: pensar en su familia. Porque su esposo es el verdadero blanco del Gobierno, lo atacan a él para callarla a ella.

¿Noboa participó en esta campaña de derribo? Por supuesto, fue él, el pasado viernes, quien dijo, sin nombrarla, que había periodistas que hacen denuncias porque tienen intereses económicos.

Luego de su declaración se desató el infierno contra Bayona en redes.

Pero más allá de estos casos, queda claro que nadie está a salvo. Si eres una piedra en el zapato de Noboa, te quebrarán o te desprestigiarán. Eso, de facto, es el fin del estado de derecho. La Constitución, en la práctica, ha dejado de estar vigente.

Nunca antes el ejemplo de la hacienda bananera había sido tan real. Noboa es el capataz y los quince millones de ecuatorianos somos sus trabajadores, con los que puede hacer lo que le plazca.

Esa lección es la que aún no comprende el país. Noboa es una amenaza para todos, incluso para personas poderosas como Guillermo Lasso y Fidel Egas.

Porque cuando los correístas y los indígenas hayan sido exterminados, ellos y sus bancos serán los próximos. De ahí la urgencia de la unidad.

De lo contrario el horizonte es la conversión de Ecuador en la Nicaragua de los Ortega o de los Somoza, donde nadie tenga derechos, no importa si eres de izquierda o derecha, rico o pobre, hombre o mujer.

Arrecia la persecución: la plana mayor de la RC enfrenta demandas penales y amenazas de cárcel

Luisa González y legisladores de la RC

Los dos últimos candidatos presidenciales de la RC, los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, el coordinador la bancada legislativa y la expresidenta de la Asamblea enfrentan procesos penales interpuestos por el oficialismo.

Luisa González y legisladores de la RC
La rueda de prensa que ofreció Luisa González el pasado 28 de enero de 2026 rodeada de los asambleístas del movimiento y la presidenta de la tienda política, Gabriela Rivadeneira.

Sigue la huida hacia adelante que el Gobierno emprendió luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.

El oficialismo no utilizó ese fracaso como oportunidad para rectificar, sino que profundiza sus políticas. Y en eso se enmarca la persecución desatada contra la plana mayor de la RC, prácticamente el único movimiento político de oposición en el país.

La lista de perseguidos no deja de crecer. Ya no solo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sino también su homólogo de Quito, Pabel Muñoz.

Eso significa que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país enfrentan procesos penales. Y la política de persecución no solo es a título personal, si no que también abarca a los municipios que lideran.

En Quito el Sercop boicoteó las fiestas de fundación de diciembre y en Guayaquil han hecho de todo: desde el retiro de competencias hasta bloquear obras de desarrollo, como un acueducto o un paso elevado.

Aunque Alvarez no forma parte de la RC, llegó al cargo por este movimiento y se mantiene cercano a Rafael Correa.

Por su fuera poco, la persecución además incluye a los candidatos presidenciales de la RC en las elecciones de 2021, 2023 y 2025. Ellos son Andrés Arauz y Luisa González, esta última fue hasta hace dos semanas presidenta de la tienda política.

En la nómina de perseguidos también consta el coordinador de la bancada legislativa de la RC, la única de oposición. Juan Andrés González enfrenta dos demandas por calumnias interpuestas por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea y Janina Rizzo, legisladora de ADN.

Ese fue el costo que Juan Andrés González pagó por denunciar el caso Porsche y asegurar que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue un autoatentado del régimen.

Por si fuera poco, a finales del año pasado, Fiscalía reactivó una denuncia contra Viviana Veloz, quien fuera presidenta de la Asamblea y actualmente es legisladora por la RC.

Ella, además, forma parte del grupo de legisladores que impulsa un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Cada proceso penal forma parte de una política que tiene un objetivo final: la proscripción de la RC. Es el único obstáculo que tiene el Gobierno para controlar todas las instituciones.

De cara a unas elecciones seccionales en 2027, una eventual muerte cruzada o revocatoria del mandato, eliminar a la RC de la contienda electoral significa dejarle el camino libre a ADN.

Es decir, la política de persecución tiene como fin último eliminar a la oposición política de Ecuador. ¿Dirán algo en el extranjero los activistas y mandatarios que defienden la democracia en Venezuela?

La persecución arrecia contra la alcaldesa de Otavalo y la viceprefecta de Imbabura

Paulina Vercoutere y Anabel Hermosa

Anabel Hermosa y Paulina Vercoutere defendieron a sus pueblos durante la violenta represión estatal en Imbabura, durante el paro convocado por la Conaie en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

Paulina Vercoutere y Anabel Hermosa
La viceprefecta de Imbabura, Paulina Vercoutere y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.

El presidente Daniel Noboa dijo que era un mal enemigo. Y eso lo están viviendo en carne propia la viceprefecta de Imbabura, Pauila Vercoutere y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.

Ambas autoridades salieron en defensa de su pueblo cuando la fuerza pública reprimía de manera salvaje las protestas en contra del Gobierno.

Hermosa, por ejemplo, fue protagonista de un video donde se la observa caminando junto a su pueblo. Al ver la barricada de militares ella dice a los manifestantes “hasta aquí no más”.  Y sola empieza a caminar para dialogar con los uniformados.

Ella logró sentar en una mesa a las fuerzas indígenas de Otavalo y el ministro del Interior, John Reimberg, cuando este se rehusaba a dialogar.

Después dio la cara a los manifestantes que están furiosos por el diálogo.

Vercoutere tuvo un desempeño similar, con el “agravante” de que ella es una mujer indígena, también de Otavalo.

Desde esa posición ofreció entrevistas a los medios explicando las lógicas del mundo indígena en Otavalo. Explicación que también se la dio a la vicepresidenta María José Pinto, que por esos días hacía oficina en esa ciudad.

Vercoutere denunció la represión que sufrían los manifestantes, que incluyó corte de servicio eléctrico e internet en ciertas comunidades.

Ambas, además de ser autoridades locales, tienen otra condición que es clave para entender la persecución que sufren: llegaron al cargo por la Revolución Ciudadana.

A partir de allí el hostigamiento no ha dejado de crecer. Empezó con el congelamiento de sus cuentas bancarias sin explicación alguna. Todo se manejó en secreto en nombre de la seguridad nacional.

Recién el pasado jueves 6 de noviembre se levantó esa medida arbitraria.

Hermosa enfrenta investigaciones en la Fiscalía por financiamiento al terrorismo y enriquecimiento ilícito.

A eso se suma la persecución institucional al Municipio de Otavalo que lleva cuatro meses sin que se les paguen las rentas. Y la única oferta que recibe del Ministerio de Finanzas es pago en bonos, que al negociarlos puede tener un castigo de hasta el 30%.

Por su parte, Vercoutere enfrenta las mismas investigaciones en la Fiscalía. Su programa emblemático de asistencia social, Las Warmi, está siendo boicoteado por entidades del Gobierno.

La prefectura de Imbabura también sufre retrasos en el pago de sus rentas.

El paro concluyó, pero la persecución no. Todo lo contrario, se refuerza contra dos mujeres valientes que pusieron el cuerpo ante las balas, los gases y los perdigones.