Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.
Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.
Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.
Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.
La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.
De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.
Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.
Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:
Aquiles Alvarez, el primer perseguido
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.
La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.
Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.
En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.
Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.
Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche
El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.
A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.
También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.
Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.
Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.
Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.
Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad
La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.
La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.
El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD
El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.
Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.
Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.
Demanda contra Ecuador en Directo
La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.
La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.
Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.
Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.
Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.
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