Un líder criminal pasó los controles migratorios sin problema alguno, mientras que a líderes sociales y políticos los hostigan y bloquean sus cuentas. El capo asesinado se sentía tan seguro en Ecuador que regresó al país estando en el extranjero.
El país ahora lo puede ver con claridad absoluta. Los controles que tiene a su mano el Estado y que existen para proteger a los ciudadanos y hacer cumplir la ley, solo funcionan para los opositores.
Así lo evidencia el asesinato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, líder de la banda Los Águilas. El hecho ocurrió en el aeropuerto de Guayaquil, cuando el capo acaba de llegar al país.
Es decir, que este sujeto pudo salir y volver del país, pasar los controles migratorios sin problema alguno. Se podría argumentar que los policías que revisan los pasaportes no sabían quién era Suástegui.
Pero la Policía sí lo sabía, el tuit de John Reimberg, ministro del Interior, lo confirma. Él publicó todo el prontuario de Suástegui, dijo que era un objetivo de alto valor y que hasta sentencia tenía.
Pese a ello pudo viajar sin problema alguno. El tipo se sentía tan seguro en Ecuador, que estando en el extranjero, decidió volver al país. Las personas creerían que los delincuentes siempre buscan huir; en Ecuador no, aquí retornan a su hogar.
Es tan patético el fracaso de la política de seguridad de Reimberg y de Daniel Noboa, que la banda rival sí conocía los pasos de Suástegui. Tanto que lo estaban esperando en el aeropuerto; sabían la hora en la que aterrizaría.
¿Dónde está la inteligencia policial? Persiguiendo a la oposición. Sí porque es bien sabido que líderes políticos y sociales han sido hostigados al momento de salir del país.
Les hacen un sinnúmero de preguntas, hasta los han llevado a cuartos separados para interrogatorios. Hasta se especuló sobre la existencia de una lista de carácter político.
Los dirigentes que están impulsando la revocatoria del mandato de Noboa denuncian el bloqueo de sus cuentas bancarias, las suyas y de sus familiares. Algo parecido hicieron contra líderes indígenas durante las protestas del año pasado.
Pero resulta que Suástegui pudo comprar pasajes, viajar al extranjero y cruzar controles migratorios pese a que era un objetivo de alto valor. Hasta sentencia tenía, pero él no estaba en la Cárcel del Encuentro. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que no tiene sentencia, permanece allí sufriendo tratos crueles e inhumanos.
Y esta es una de las razones de la crisis de seguridad que sufre el país. La justicia, la policía y la inteligencia no están para proteger a los ciudadanos; sino que se usan para perseguir a todo aquel que se oponga al régimen de Noboa.
Como consecuencia, el ciudadano de a pie queda indefenso. Sí porque aunque no hubo “víctimas colaterales” en el ataque al aeropuerto de Guayaquil, la vida de cientos de personas se convirtió en un infierno ayer.
Desde el conductor que se quedó atrapado en el tráfico de la Avenida de Las Américas, hasta el viajero que no pudo cumplir su cita en Quito o tomar su conexión para un vuelo internacional.
El infierno es para la gente, porque los Noboa y Reimberg sí tienen seguridad. Ellos, sus familias y amigos, se mueven con escolta policial, en autos blindados. Hay policías en los exteriores de sus domicilios, hasta tanquetas los cuidan.
Es la misma protección que no contó Alexandra Bravo, la fiscal de Manta asesinada el fin de semana pasado.
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