Mesa Servida… Lo que debes saber
Cuando la información está a un clic de distancia, el discurso único se fortalece y las disidencias se castigan. Frente a la sombra de la censura y del odio queremos difundir la otra mirada.
¿Qué país dejará el presidente Lenín Moreno el próximo 24 de mayo cuando entregue el cargo? La respuesta es un Ecuador con deudas que ponen en riesgo incluso la continuidad de la dolarización.
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Un día después de que el Ejecutivo rectificara los acuerdos ministeriales que recortaban las asignaciones presupuestarias de los gobiernos locales, los prefectos del país se reunieron en Quito.
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Por primera vez desde que Ecuador retornó a la democracia el año empezará sin un incremento del Salario Básico Unificado (SBU).
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Más de 24 horas después de la censura de María Paula Romo como ministra de Gobierno, las emociones siguen a flor de piel. Los que consideran la destitución una victoria siguen disfrutando y quienes se sienten derrotados, aunque digan lo contrario, aún lloran la partida de alguien que los entusiasmaba.
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Desde el Palacio de Carondelet, el Gobierno ofreció una rueda de prensa para informar sobre la situación de la pandemia en Ecuador.
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¿Quién permitió la entrada de los Bucaram a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil? La Fiscalía parece que ya tiene una respuesta y apunta a Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS.
Por eso la fiscal Claudia Romero, a cargo del proceso de delincuencia organizada donde están los hermanos Bucaram y Daniel Salcedo, pidió vincular a la causa a Granda.
La audiencia de vinculación se realizó el pasado 13 de octubre de 2020 en Guayaquil pero se suspendió porque la defensa de Granda alegó que el exfuncionario tiene fuero de corte.
En otras palabras, la defensa quiere que a Granda lo juzgue un magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) donde el gobierno tiene influencia.
El juez Ronald Guerrero solicitó a la Presidencia de la República que indique cuál era el cargo de Granda y si este efectivamente tiene fuero de corte.
De hecho, esta es la tesis del Gobierno. El secretario general del gabinete presidencial, Juan Sebastián Roldán, telefoneó a la fiscal Diana Salazar para recordarle que Granda tiene fuero de corte. ¿Acaso el gobierno intenta proteger a Granda?
Durante meses el propio Granda ha maniobrado para que su nombre no aparezca en los medios de comunicación. Él mismo llamaba a los directivos cuando veía alguna noticia que que lo relacionaba con la corrupción de los Bucaram.
Pero, ¿qué elementos de convicción tiene la Fiscalía para involucrar a Granda? Su nombre aparece en la bitácora de visitantes de la Torre Colón I, en el norte de Guayaquil.
En ese mismo edificio guarda prisión domiciliaria Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS y quien también consta en el proceso por delincuencia organizada porque allí vive.
Además, ahí tiene un departamento el exasambleísta Dalo Bucaram Pulley. Y allí mismo arrendó otro departamento Daniel Salcedo.
El propio Granda reconoció que se reunió con políticos en Guayaquil, pero negó conocer a Salcedo.
La Fiscalía cree que en esas reuniones se habría negociado el reparto de los hospitales a los Bucaram, quienes pidieron el nombramiento de Jairala Zunino para que facilite los negocios.
Pero Granda responde que fue él quien ordenó la remoción de Jairala Zunino e interpuso denuncias por actos de corrupción ocurridos en el Teodoro Maldonado Carbo.
Ahora el futuro del proceso está en manos del Gobierno, que debe decidir quién juzgará a Granda.
El gobierno publicó los resultados de la última encuesta de empleo realizada en septiembre pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
En una rueda de prensa ofrecido en el Palacio de Carondelet, el director del INEC, Diego Andrade, dijo que el 98% de las encuestas fueron presenciales.
El anterior estudio, que se realizó en mayo y junio pasado, fue vía telefónica por la pandemia.
Andrade explicó que la tasa de desempleo en Ecuador es actualmente del 6.6%, lo que implica que 522.000 personas se encuentran en la desocupación.
Sin embargo, si se toma como referencia la anterior encuesta, la que se hizo vía telefónica, el desempleo registro una reducción considerable.
En junio de 2020, en plena pandemia, el desempleo era de 13.3% y afectaba a un millón de ecuatorianos.
Consultado por qué el drástico descenso en menos de tres meses, Andrade dijo “no tenemos parámetros de comparación histórica. Ahora estamos viendo tendencia de recuperación, si es rápido o lento, en el futuro se va a generar ese análisis”.
Mientras que el ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien también participó en la rueda de prensa rechazó un supuesto maquillaje de las cifras.
Aseguró que la recuperación obedece a las políticas adoptadas por el Gobierno. “Las decisiones de política pública están en el camino correcto. Queremos aprovechar los buenos resultados en ciertas políticas y seguirlas ampliando”, señaló.
Dijo que las iniciativas sociales del gobierno, como la entrega de alimentos y bonos a los sectores más vulnerables funcionó. Isch también destacó el proceso de reapertura económica adoptada tras el confinamiento. Según el ministro, Ecuador fue el primer país de la región en caminar hacia la nueva normalidad.
Según la encuesta del INEC, el 93.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene un empleo, lo que equivale a 7.3 millones de personas.
Sin embargo, de ese grupo solo 32,1% tiene empleo adecuado, es decir que está afiliado a la seguridad social y goza de todos los derechos laborales.
El resto se encuentra en la informalidad y el subempleo. Por eso el exdirector del INEC, Byron Villacís, explicó que “hay 7.8 millones de personas en la PEA: medio millón desempleados, 1.8 millones subempleados, 2 millones con otro empleo no pleno (en realidad son subempleados pero se inventaron categoría para maquillar datos) y 800.000 no remunerados. En pocas palabras, 65% de la PEA está en problemas”.
Para el exfuncionario lo correcto es comparar el índice de subempleo de septiembre de este año (6.6%) con el mismo mes de 2019 cuando fue de 4.9%.
Esta encuesta de empleo generó un problema político para el gobierno. El pasado miércoles 14 de octubre los gremios empresariales denunciaron una acusación que hizo Carondelet contra el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón.
El dirigente gremial publicó cifras de la encuesta de empleo antes que lo hiciera el INEC. Al respecto, la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, quien también participó en la rueda de prensa, justificó la acción.
“No se ha puesto una demanda contra Patricio Alarcón si no una demanda por filtración de información, la Fiscalía llama a Patricio quien publicó la información filtrada para que rinda versión libre y voluntaria para esclarecer esos hechos”, dijo Vásquez.
Añadió que el objetivo es “entender de qué manera Alarcón tuvo acceso a información restringida”.
Mediante Decreto Ejecutivo 1160, el presidente Lenín Moreno creó la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador.
Esta nueva entidad sustituye a Medios Públicos EP que se encuentra en proceso de liquidación y que el pasado 24 de julio de 2020 despidió a 500 trabajadores.
La nueva empresa estará domiciliada en Quito y tiene a su cargo “operar y mantener los servicios públicos de radiodifusión y televisión pública, incluido el diario El Telégrafo como un medio en internet”.
La Empresa Pública de Comunicación del Ecuador tendrá un directorio que estará presidido por el secretario de Comunicación. Sus otros integrantes son el presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y el titular del organismo de planificación.
Esta conformación es idéntica a la que tenía Medios Públicos EP. De esta forma habrá dos empresas en paralelo, la primera que está en liquidación y la segunda que es la recientemente creada.