Mesa Servida… Lo que debes saber
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De los 9 procesados por el delito de fraude procesal, en el caso originado por la fallida huida de Daniel Salcedo, la Fiscalía solo presentó dictamen acusatorio contra cinco de ellos.
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La Fiscalía vinculó a dos personas más al caso de delincuencia organizada por la venta del fármaco Actemra. Se trata de un broncodilatador que fue muy demandado durante abril y mayo, cuando ocurrió el pico de la pandemia en Guayaquil.
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La Fiscalía procesó al conductor de un vehículo del Municipio de Guayaquil que el pasado viernes 23 de octubre de 2020 atropelló a un ciclista en el centro de la ciudad.
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La Fiscalía solicitó vincular a dos nuevas personas al caso de delincuencia organizada que se desprende de la venta del medicamento Actemra.
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¿Quién permitió la entrada de los Bucaram a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil? La Fiscalía parece que ya tiene una respuesta y apunta a Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS.
Por eso la fiscal Claudia Romero, a cargo del proceso de delincuencia organizada donde están los hermanos Bucaram y Daniel Salcedo, pidió vincular a la causa a Granda.
La audiencia de vinculación se realizó el pasado 13 de octubre de 2020 en Guayaquil pero se suspendió porque la defensa de Granda alegó que el exfuncionario tiene fuero de corte.
En otras palabras, la defensa quiere que a Granda lo juzgue un magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) donde el gobierno tiene influencia.
El juez Ronald Guerrero solicitó a la Presidencia de la República que indique cuál era el cargo de Granda y si este efectivamente tiene fuero de corte.
De hecho, esta es la tesis del Gobierno. El secretario general del gabinete presidencial, Juan Sebastián Roldán, telefoneó a la fiscal Diana Salazar para recordarle que Granda tiene fuero de corte. ¿Acaso el gobierno intenta proteger a Granda?
Durante meses el propio Granda ha maniobrado para que su nombre no aparezca en los medios de comunicación. Él mismo llamaba a los directivos cuando veía alguna noticia que que lo relacionaba con la corrupción de los Bucaram.
Pero, ¿qué elementos de convicción tiene la Fiscalía para involucrar a Granda? Su nombre aparece en la bitácora de visitantes de la Torre Colón I, en el norte de Guayaquil.
En ese mismo edificio guarda prisión domiciliaria Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS y quien también consta en el proceso por delincuencia organizada porque allí vive.
Además, ahí tiene un departamento el exasambleísta Dalo Bucaram Pulley. Y allí mismo arrendó otro departamento Daniel Salcedo.
El propio Granda reconoció que se reunió con políticos en Guayaquil, pero negó conocer a Salcedo.
La Fiscalía cree que en esas reuniones se habría negociado el reparto de los hospitales a los Bucaram, quienes pidieron el nombramiento de Jairala Zunino para que facilite los negocios.
Pero Granda responde que fue él quien ordenó la remoción de Jairala Zunino e interpuso denuncias por actos de corrupción ocurridos en el Teodoro Maldonado Carbo.
Ahora el futuro del proceso está en manos del Gobierno, que debe decidir quién juzgará a Granda.
Nívea Vélez cobró diezmos mientras era asambleísta, en el periodo 2009 – 2013. Así lo aseguró la Fiscalía que la acusó de concusión.
Según las investigaciones la exlegisladora cobró a dos exfuncionarios de su despacho USD 33.000 que sirvieron para financiar las actividades de su Convocatoria, un movimiento local de la provincia de Loja.
Según un comunicado de la Fiscalía “Mercedes T., exfuncionaria, habría entregado a la exlegisladora USD 4.000 y Vicente O. USD 28.000, a través de una cuenta abierta en conjunto con la ahora procesada Adriana C”. Esta última también enfrenta cargos por concusión.
El juez nacional Wilman Terán aceptó los cargos y prohibió a Vélez salir del país. Además la exlegisladora tendrá que presentarse todas las semanas ante la Corte Provincial de Justicia de Loja, de donde es oriunda.
También se le prohibió enajenar bienes por USD 132.000 dólares. Ahora el proceso está en etapa de instrucción fiscal que durará 90 días.
Luego de ese plazo Fiscalía debe decidir si presenta cargos o no contra Vélez para iniciar la etapa de juicio. La concusión se sanciona con 5 a 7 años de prisión.
Durante su etapa de asambleísta, Vélez hizo oposición al gobierno de Rafael Correa y apoyó a Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales de 2013.
En los comicios seccionales de 2014 su movimiento Convocatoria hizo una alianza con CREO con la que Rafael Dávila ganó la prefectura de Loja y ella se convirtió en viceprefecta.
En las elecciones locales de 2019, la alianza se mantuvo y se llamó Loja Progresa con la que Vélez buscó la alcaldía de Loja, pero quedó en cuarto lugar.
El caso es el mismo en el que están los hermanos Jacobo, Dalo y Michel Bucaram, además de Daniel Salcedo. Ellos están acusados de corrupción en los hospitales del IESS de Guayaquil.
La Fiscalía vinculó formalmente a Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un caso de delincuencia organizada.
Lo mismo hizo con Paola Mera, exgerenta del hospital Los Ceibos, del IESS, en Guayaquil.
En este caso por delincuencia organizada también están involucrados los hermanos Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Pulley, además de la esposa de este último, Gabriela Pazmiño.
También constan en el proceso los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. En total son 15 procesados que aumentarán a 17, si es que el juez acepta la vinculación de Granda y Mera.
Este proceso cambió el pasado 7 de octubre porque antes se investigaba un delito por asociación ilícita.
Sin embargo, la Fiscalía encontró elemento para cambiar la figura penal por delincuencia organizada, un delito más grave que se sanciona con 7 a 10 años de prisión.
Ahora la Fiscalía solicita hora y fecha para la audiencia de vinculación contra Granda y Mera.
Paúl Granda renunció el pasado 22 de abril de 2020 al IESS, en plena pandemia del coronavirus, luego de que se denunciara la compra de bolsa de cadáveres con sobreprecio en el hospital Los Ceibos.
Esa denuncia permitió develar una red de corrupción que tenía como eje a Daniel Salcedo, quien actualmente guarda prisión en Quito.
Según investigaciones de la Fiscalía, Salcedo se reunió en varias ocasiones con Granda en Guayaquil. Pero el exfuncionario negó esta versión.
Granda reaccionó en su cuenta en redes sociales. Dijo que ha acudido a la Fiscalía en cuatro ocasiones y que no saldrá del país.
Desde que Jacobo Bucaram fuera capturado en Medellín (Colombia) y posteriormente deportado a Quito, su familia luchó por un solo objetivo: que guarde prisión en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
El pretexto era que en esta ciudad vive su familia y sus abogados. Y que llevarlo a la cárcel de Latacunga lo aleja de su hogar y pone en peligro su derecho a la defensa.
La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en la cárcel más peligrosa del país. Las matanzas constantes en esa prisión ocasionaron la segunda emergencia penitenciaria en el gobierno de Lenín Moreno.
El pasado 4 de agosto de 2020, en el enésimo enfrentamiento entre las bandas Los Choneros y Los Lagartos 11 presos murieron.
Cuatro días después, el 8 de agosto, era asesinado Shy Dahan, el israelí capturado en Santa Elena con USD 300.000 en efectivo.
En su declaración, antes de morir, Dahan dijo que ese dinero era producto de las ventas de pruebas rápidas que había hecho a Jacobo Bucaram.
Por eso antecedentes la fiscal Claudia Romero consideró que la vida de Jacobo Bucaram corría peligro en la Penitenciaría por lo que solicitó su traslado a la cárcel de Latacunga, lo que fue aceptado por el juez Ronald Guerrero, que lleva una de las causas contra el hijo mayor de Abdalá Bucaram.
Pero un día después, tres ciudadanos colombianos acudieron al despacho de Guerrero, en Guayaquil. Allí hablaron con su secretaria para que traslade una amenaza: u ordena el traslado de Jacobo Bucaram a la Penitenciaría o enfrentaría consecuencias.
Desde ese día, Guerrero ingresó al programa de testigos protegidos y tiene custodia policial.
La amenaza no resultó, así que la defensa legal de Bucaram solicitó al juez Juan Carlos Terán que ordenara el traslado.
Este juez dijo que sí y argumentó que Bucaram debía estar cerca de su familia y de sus abogados, y además que pertenece a los grupos de atención prioritaria que protege la Constitución. El juez se rehusó a decir qué condición tiene Jacobo Bucaram que le permite acceder a este privilegio.
Con el fallo, los Bucaram celebraron. No importaron los hechos de sangre en la Penitenciaría; se había logrado el objetivo de que Jacobo Bucaram esté en esta peligrosa cárcel.
Sin embargo, la felicidad duró poco. El mismo día que el juez Terán ordenaba el traslado la Policía detenía al director de la Penitenciaría, Héctor Reina.
A él se le formuló cargos por concusión porque Shy Dahan, antes de ser asesinado, grabó una videollamada que mantuvo con Reina.
En el video Reina le pide dinero a cambio de protección. Dahan le contesta hastiado, dice que desde que llegó a la cárcel ha pagado más de USD 40.000 por medicinas, alimentos y protección.
La Fiscalía reveló que Reina encabeza una estructura criminal que involucra a guías y doctores de la cárcel que vende de todo: alimentos, medicinas, cuidado médico, salidas al patio, protección, camas. En la cárcel de Guayaquil los derechos más básicos cuestan.
Es a esa cárcel a la que Jacobo Bucaram y su familia morían por ir. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso la Penitenciaría del Litoral es parte de su reinado o del reparto? Ojalá la Fiscalía responda esa interrogante.