Mesa Servida… Lo que debes saber
Cuando la información está a un clic de distancia, el discurso único se fortalece y las disidencias se castigan. Frente a la sombra de la censura y del odio queremos difundir la otra mirada.
El juez Ronald Guerrero dictó arresto domiciliario contra Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Cambio de discurso. Aunque nunca utilizó la frase “perseguido político”, Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), asegura que es víctima de una “injusticia” fruto del odio político.
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De los 9 procesados por el delito de fraude procesal, en el caso originado por la fallida huida de Daniel Salcedo, la Fiscalía solo presentó dictamen acusatorio contra cinco de ellos.
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La Fiscalía vinculó a dos personas más al caso de delincuencia organizada por la venta del fármaco Actemra. Se trata de un broncodilatador que fue muy demandado durante abril y mayo, cuando ocurrió el pico de la pandemia en Guayaquil.
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La Fiscalía procesó al conductor de un vehículo del Municipio de Guayaquil que el pasado viernes 23 de octubre de 2020 atropelló a un ciclista en el centro de la ciudad.
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La Fiscalía solicitó vincular a dos nuevas personas al caso de delincuencia organizada que se desprende de la venta del medicamento Actemra.
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¿Quién permitió la entrada de los Bucaram a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil? La Fiscalía parece que ya tiene una respuesta y apunta a Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS.
Por eso la fiscal Claudia Romero, a cargo del proceso de delincuencia organizada donde están los hermanos Bucaram y Daniel Salcedo, pidió vincular a la causa a Granda.
La audiencia de vinculación se realizó el pasado 13 de octubre de 2020 en Guayaquil pero se suspendió porque la defensa de Granda alegó que el exfuncionario tiene fuero de corte.
En otras palabras, la defensa quiere que a Granda lo juzgue un magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) donde el gobierno tiene influencia.
El juez Ronald Guerrero solicitó a la Presidencia de la República que indique cuál era el cargo de Granda y si este efectivamente tiene fuero de corte.
De hecho, esta es la tesis del Gobierno. El secretario general del gabinete presidencial, Juan Sebastián Roldán, telefoneó a la fiscal Diana Salazar para recordarle que Granda tiene fuero de corte. ¿Acaso el gobierno intenta proteger a Granda?
Durante meses el propio Granda ha maniobrado para que su nombre no aparezca en los medios de comunicación. Él mismo llamaba a los directivos cuando veía alguna noticia que que lo relacionaba con la corrupción de los Bucaram.
Pero, ¿qué elementos de convicción tiene la Fiscalía para involucrar a Granda? Su nombre aparece en la bitácora de visitantes de la Torre Colón I, en el norte de Guayaquil.
En ese mismo edificio guarda prisión domiciliaria Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS y quien también consta en el proceso por delincuencia organizada porque allí vive.
Además, ahí tiene un departamento el exasambleísta Dalo Bucaram Pulley. Y allí mismo arrendó otro departamento Daniel Salcedo.
El propio Granda reconoció que se reunió con políticos en Guayaquil, pero negó conocer a Salcedo.
La Fiscalía cree que en esas reuniones se habría negociado el reparto de los hospitales a los Bucaram, quienes pidieron el nombramiento de Jairala Zunino para que facilite los negocios.
Pero Granda responde que fue él quien ordenó la remoción de Jairala Zunino e interpuso denuncias por actos de corrupción ocurridos en el Teodoro Maldonado Carbo.
Ahora el futuro del proceso está en manos del Gobierno, que debe decidir quién juzgará a Granda.
Nívea Vélez cobró diezmos mientras era asambleísta, en el periodo 2009 – 2013. Así lo aseguró la Fiscalía que la acusó de concusión.
Según las investigaciones la exlegisladora cobró a dos exfuncionarios de su despacho USD 33.000 que sirvieron para financiar las actividades de su Convocatoria, un movimiento local de la provincia de Loja.
Según un comunicado de la Fiscalía “Mercedes T., exfuncionaria, habría entregado a la exlegisladora USD 4.000 y Vicente O. USD 28.000, a través de una cuenta abierta en conjunto con la ahora procesada Adriana C”. Esta última también enfrenta cargos por concusión.
El juez nacional Wilman Terán aceptó los cargos y prohibió a Vélez salir del país. Además la exlegisladora tendrá que presentarse todas las semanas ante la Corte Provincial de Justicia de Loja, de donde es oriunda.
También se le prohibió enajenar bienes por USD 132.000 dólares. Ahora el proceso está en etapa de instrucción fiscal que durará 90 días.
Luego de ese plazo Fiscalía debe decidir si presenta cargos o no contra Vélez para iniciar la etapa de juicio. La concusión se sanciona con 5 a 7 años de prisión.
Durante su etapa de asambleísta, Vélez hizo oposición al gobierno de Rafael Correa y apoyó a Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales de 2013.
En los comicios seccionales de 2014 su movimiento Convocatoria hizo una alianza con CREO con la que Rafael Dávila ganó la prefectura de Loja y ella se convirtió en viceprefecta.
En las elecciones locales de 2019, la alianza se mantuvo y se llamó Loja Progresa con la que Vélez buscó la alcaldía de Loja, pero quedó en cuarto lugar.