La Fiscalía, con base a un informe de la UAFE, allanó las viviendas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y sus hermanos. Lo acusan ahora de “lavado de activos”.
Está ocurriendo lo mismo que sucede en julio y octubre, meses en que Guayaquil celebra sus fiestas. El Gobierno aprovecha la atención mediática en esta ciudad para arreciar la persecución contra el alcalde Aquiles Alvarez.
En la víspera de las fiestas del 9 de octubre, la Fiscalía allanó la vivienda de Alvarez y sus hermanos. Hasta publicaron imágenes de su vivienda en redes sociales, como parte de un escarnio pública contra el líder de la oposición.
Supuestamente la Fiscalía está investigando un presunto lavado de activos. De esta manera el nuevo fiscal subrogante, Carlos Alarcón, sigue así el libreto, luego de ser ungido por el Consejo de la Judicatura.
Alarcón cumplió con todos los pedidos de Carondelet: perseguir a Alvarez, a la exvicepresidenta Verónica Abad y a los Goldbaum, todos archienemigos de Noboa. Así que, ya en el cargo, Alarcón acentúa el acoso.
La Fiscalía se basa en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que está a cargo de José Julio Neira, un alfil de Noboa que realiza los trabajos sucios.
Neira es piedra angular en la política de persecución contra Alvarez. Él impulsó el caso Triple A por supuesto tráfico de combustible y ahora presenta otro, por lavado de activos.
Neira también lidera el Sercop. Desde allí boicotea los procesos de contratación pública del Municipio de Guayaquil para impedir que se haga obra pública en la ciudad y truncar la reelección de Alvarez.
El Alcalde reaccionó en redes, aclarando que nada empañará las fiestas de la ciudad. Y calificó la acción judicial como nueva cortina de humo frente a las protestas contra el Gobierno.
Es tan obvia la persecución y la pinza (Fiscalía y UAFE) que solo hay que evidenciar el doble rasero.
¿Investiga la UAFE lavado de activos? No porque en el caso de la compra de los medios La Posta y Radio Centro la entidad permanece muda.
Esa transacción la hizo el asambleísta de ADN, Luis Alvarado, que solo tiene un patrimonio de 60.000 dólares. Sin embargo, compró dos empresas en 2.4 millones de dólares.
En este caso nadie dice nada, ni en la Asamblea, ni en el Gobierno, ni en la esfera mediática. Los titulares y las condenas solo son cuando los señalados son opositores.
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