Cuando la información está a un clic de distancia, el discurso único se fortalece y las disidencias se castigan. Frente a la sombra de la censura y del odio queremos difundir la otra mirada.
Los dos últimos candidatos presidenciales de la RC, los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país, el coordinador la bancada legislativa y la expresidenta de la Asamblea enfrentan procesos penales interpuestos por el oficialismo.
La rueda de prensa que ofreció Luisa González el pasado 28 de enero de 2026 rodeada de los asambleístas del movimiento y la presidenta de la tienda política, Gabriela Rivadeneira.
Sigue la huida hacia adelante que el Gobierno emprendió luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
El oficialismo no utilizó ese fracaso como oportunidad para rectificar, sino que profundiza sus políticas. Y en eso se enmarca la persecución desatada contra la plana mayor de la RC, prácticamente el único movimiento político de oposición en el país.
La lista de perseguidos no deja de crecer. Ya no solo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sino también su homólogo de Quito, Pabel Muñoz.
Eso significa que los alcaldes de las dos ciudades más grandes del país enfrentan procesos penales. Y la política de persecución no solo es a título personal, si no que también abarca a los municipios que lideran.
En Quito el Sercop boicoteó las fiestas de fundación de diciembre y en Guayaquil han hecho de todo: desde el retiro de competencias hasta bloquear obras de desarrollo, como un acueducto o un paso elevado.
Aunque Alvarez no forma parte de la RC, llegó al cargo por este movimiento y se mantiene cercano a Rafael Correa.
Por su fuera poco, la persecución además incluye a los candidatos presidenciales de la RC en las elecciones de 2021, 2023 y 2025. Ellos son Andrés Arauz y Luisa González, esta última fue hasta hace dos semanas presidenta de la tienda política.
En la nómina de perseguidos también consta el coordinador de la bancada legislativa de la RC, la única de oposición. Juan Andrés González enfrenta dos demandas por calumnias interpuestas por Mishel Mancheno, vicepresidenta de la Asamblea y Janina Rizzo, legisladora de ADN.
Ese fue el costo que Juan Andrés González pagó por denunciar el caso Porsche y asegurar que la explosión de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue un autoatentado del régimen.
Por si fuera poco, a finales del año pasado, Fiscalía reactivó una denuncia contra Viviana Veloz, quien fuera presidenta de la Asamblea y actualmente es legisladora por la RC.
Ella, además, forma parte del grupo de legisladores que impulsa un juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Cada proceso penal forma parte de una política que tiene un objetivo final: la proscripción de la RC. Es el único obstáculo que tiene el Gobierno para controlar todas las instituciones.
De cara a unas elecciones seccionales en 2027, una eventual muerte cruzada o revocatoria del mandato, eliminar a la RC de la contienda electoral significa dejarle el camino libre a ADN.
Es decir, la política de persecución tiene como fin último eliminar a la oposición política de Ecuador. ¿Dirán algo en el extranjero los activistas y mandatarios que defienden la democracia en Venezuela?
Cinco procesos judiciales contra figuras de la oposición. se interpusieron o reactivaron en las últimas horas. Con ello, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuenta con herramientas para probar su fidelidad al régimen y así lograr su salvación.
El presidente de Ecuador dirigió un gabinete de seguridad el pasado 17 de enero de 2026.
Parece que el oficialismo ya tomó una decisión: salvar de la censura a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Se trata de un cambio de postura luego que, a inicios del año, ADN se mostrara proclive a defenestrar a Godoy.
Pero, la oposición, tanto la que tiene representación parlamentaria como la ciudadana, están dispuestos a pasar una alta factura al oficialismo. Es que, si salvan a Godoy, se les cae el relato de que luchan contra las mafias o esa imagen de “mano dura”.
Frente a ello, el oficialismo reacciona intensificando la persecución política. Y parte de esa estrategia se desarrolla en los juzgados del país.
La judicialización de la política vuelve con fuerza. Eso le da una oportunidad a Godoy; desde su cargo puede presionar a jueces y fiscales para obtener fallos favorables al régimen.
De hecho, por este tipo de presiones es que Godoy enfrenta un juicio político. Ya lo hizo con el caso Triple A o con el de la exvicepresidenta Verónica Abad.
Godoy podrá probar su fidelidad al régimen, que a su vez tendrá más recursos para presionar a su bancada legislativa.
Pero ¿cómo se desarrolla esta nueva judicialización de la política? Estos cinco casos lo demuestran:
Aquiles Alvarez, el primer perseguido
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, podría ser definido como el primer perseguido del gobierno de Daniel Noboa. Ni bien se sentó este en el cargo empezó una cruzada contra el burgomaestre.
La campaña empezó con un cerco al Municipio de Guayaquil y luego de extendió al ámbito personal con el caso Triple A.
Luego vino un segundo proceso penal, esta vez por supuesto lavado de activos que incluyó un allanamiento a su domicilio. Por este proceso, Alvarez fue llamado a rendir versión en la Fiscalía hace dos semanas y este sábado 31 de enero se reinstala la audiencia por el caso Triple A.
En este último proceso también se vinculó a la agencia de comunicación Rompekabezas, proveedoras del Municipio de Guayaquil y cuya dueña es Catrina Tala.
Ella rompió el silencio y actualmente realiza una gira de medios para denuncia el hostigamiento del Gobierno.
Esto es hostigamiento institucional.
Actúan en bloque: Fiscalía, Contraloría, SRI, Superintendencia de Compañías, UAFE. Todas. Reiteradas veces. Sin resultados.
Eso busca desgastar, busca intimidar.
Qué distinto sería si ese despliegue del Estado se usara para perseguir a los… pic.twitter.com/QiKate4t6J
Dos demandas contra Juan Andrés González por el caso Porsche
El coordinador de la bancada legislativa de la RC, Juan Andrés González, hizo del caso Porsche su bandera de lucha. Fue él quien denunció que el auto que visita la casa del señalado como autor del atentado en la Bahía de Guayaquil estaba a nombre de Industrial Molinera.
A mediados de diciembre del año pasado, González ofreció una rueda de prensa para señalar que la firma el certificado médico presentado por la mujer que estaba en el vehículo no podía verificarse.
También dijo que no hay registros de que la hija de la señalada se haya atendido en el hospital Los Ceibos, como dijo el abogado de la familia Noboa. Eso llevó a González a concluir que lo de la Bahía fue un autoatentado del Gobierno.
Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea, y Janina Rizo, asambleísta de ADN, le interpusieron sendas demandas por calumnias.
Por último, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión que debía analizar si levantaba la inmunidad parlamentaria a González. Y hasta ahora no hay nueva convocatoria.
Si en un mes, la Asamblea no se pronuncia, automáticamente la inmunidad queda levantada.
Demanda contra Mónica Palacios por descubrir el vínculo del Gobierno en la compra de terrenos en La Libertad
La asambleísta de la RC, Mónica Palacios, fue quien descubrió el nexo entre la compra irregular de terrenos en La Libertad (Santa Elena) y el Gobierno.
La mujer que hizo la compra no contaba con respaldo financiero por lo que fue acusada de testaferrismo. Palacios denunció a la prensa que la madre de la señalada trabajaba en la casa de Cynthia Gelibert como empleada doméstica.
Presenté con evidencia en mano, una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado, para que se investigue el presunto tráfico de influencias y asociación ilícita que existiría entre la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario… pic.twitter.com/8z7NifdpO0
El Gobierno y Gelibert hasta hoy guardan silencio. Pero Palacios no se quedó tranquila y luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, para denuncias los nexos de ella con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
Mancheno respondió con una demanda penal por calumnias. Ese proceso aún no llega a la Asamblea por lo que no se ha debatido el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
Juicio a Pabel por comprar troles con el respaldo del PNUD
El concejal de Quito, Wilson Merino, interpuso una demanda por peculado contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.
El edil se basa en los cuestionamientos hechos por la Contraloría en la compra de 60 trolebuses que se hicieron por medio del PNUD, una agencia de la ONU.
Desde las fiestas de Quito pasadas, Muñoz elevó el tono contra el Gobierno. No cumplió con la tradicional serenata al presidente de la República porque el Sercop no dio paso al proceso de contratación.
La política no se hace desde el odio, la ignorancia y la pura denunciología. Esta administración ha enfrentado ataques y persecución desde el primer día, pero seguimos firmes y enfocados en trabajar para mejorar la vida de nuestra gente. Las obras están ahí y la gente lo siente… pic.twitter.com/ChgVWSghpb
Acusó a Daniel Noboa de incumplir su palabra para financiar la extensión del Metro de Quito. Y desde el oficialismo se pretende abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea al alcalde, pese a que el Legislativo no tiene esa competencia.
Demanda contra Ecuador en Directo
La semana pasada el periodista Andrés Durán, el Chochólogo, lanzó una denuncia contra la asambleísta de ADN, Paola Jaramillo.
La denuncia giraba en torno a Antonio Velasco, supuestamente pareja de Jaramillo. Incluso, en redes circuló un video de la madre del hijo de Velasco, donde responsabilizaba a él y a Jaramillo por su integridad.
#ATENCIÓN | Ecuador en Directo Informa a la ciudadanía sobre una denuncia penal interpuesta por la asambleista Paola Jaramillo, que representa un intento de vulnerar nuestras libertades de expresión y prensa.
Jaramillo reaccionó con una demanda penal, que incluye al director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, en calidad de coautor.
Ecuador en Directo es un medio guayaquileño con gran crecimiento nacional en los últimos años ya que se convirtió en una plataforma para difundir el “otro relato”.
Así las cosas, Godoy tiene un amplio margen para maniobrar en la justicia. El Gobierno sabe de la debilidad del presidente del Consejo de la Judicatura, por lo que intensifica la judicialización de la política.
La Asamblea resucita el tema del agua contaminada con caca en Guayaquil. Los legisladores de oposición enfrentan demandas penales por injurias y campañas de desprestigio en redes sociales.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, durante su intervención en la Asamblea el pasado 5 de enero de 2026.
Le tomó casi tres semanas al Gobierno de Daniel Noboa y su bancada reaccionar al escándalo protagonizado por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
La presión mediática paralizó al oficialismo que apenas alcanzó a convocar una sesión extraordinaria el primer día laborable de 2026 para que Godoy hablara lo que quisiera en el Pleno de la Asamblea.
Mientras llegaba ese día, la oposición no descansó y presentó un juicio político contra Godoy. Se trata de una iniciativa de los asambleístas Viviana Veloz, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Xavier Lasso y Raúl Chávez; todos de RC excepto el último que es de Reto.
Ante la parálisis, la oposición avanzó, gracias también a una revuelta de la prensa hegemónica que, en este tema, retiró el respaldo al Gobierno.
Como resultado de eso y de la presión ciudadana, ADN se fracturó en dos bloques: uno que apoyaba al juicio y otro que no. Al oficialismo no le quedó otra que dar paso al procedimiento, el primero de esta legislatura.
El Gobierno parece salir de la noqueada de la consulta popular
Esta semana, finalmente ADN salió del transe y pasó a la ofensiva, la cual apunta a dos objetivos: Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil y los legisladores de la RC.
Alvarez afronta una descarnada campaña de persecución desde que Noboa llegó al cargo hace poco más de dos años. Pero en estos días, el cerco se apretó.
El alcalde fue llamado a rendir versión en Quito por un segundo proceso penal en su contra (el primero es el caso Triple A) por supuesto lavado de activos.
Luego la Fiscalía allanó la agencia Rompecabezas, proveedora de servicios de comunicación del Municipio de Guayaquil. Su propietaria y asesora en comunicación de Alvarez, Catrina Tala, no aguantó más y rompió el silencio.
Denuncio un acoso desde hace más de un año y que su empresa está intervenida por la Superintendencia de Compañías. Que ya lleva más de tres interventores sin que se encuentre alguna anomalía. Hasta su cuenta de Instagram intentaron piratearla.
De manera paralela, el oficialismo reactiva la narrativa de que los guayaquileños consumen agua contaminada. Se trata de un bluf lanzado por el propio Noboa en noviembre del año pasado, en las vísperas de la consulta popular que días después perdió.
El relato, con tuit incluido, aseguraba que los guayaquileños tomaban agua con caca. A Alvarez no le tomó ni 24 horas desarmar la mentira.
Por lo que, a Inés Manzano, ministra de Energía y Ambiente, no le quedó más que “reducir” la denuncia. Cambió la versión a que Interagua lanza las aguas servidas al río Guayas, cuyo afluente es el Daule, de donde toma la ciudad el agua que consume.
Eso le sirvió hasta para amenazar a Alvarez con la cárcel. Montado el show, el asambleísta de ADN y representante de Guayas, Álex Morán, presentó el 8 de noviembre una propuesta de cambio de orden del día.
Morán propuso abrir un proceso de fiscalización al agua de Guayaquil, Quito y Cuenca. La moción pasó, pero nunca se trató porque el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, suspendió la sesión.
Así el cambio del orden del día fue al congelador. Olsen retomó la propuesta y la Asamblea debatirá la “fiscalización” este jueves 21 de enero.
El Gobierno ve en Alvarez un contrincante formidable de Godoy. Es que este último ha hecho todo cuanto está a su alcance para que el caso Triple A corra. Hasta nombró fiscal general del Estado al mismo agente que ha solicitado dos veces su encarcelamiento.
Llueven las demandas contra asambleístas de oposición
El otro flanco de ataque es el Legislativo. Allí el Gobierno fijó dos cabezas de turco: Juan Andrés González, coordinador de la bancada de RC y Mónica Palacios, asambleísta de la misma bancada.
El primero enfrenta dos demandas por calumnias. La primera proviene de Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea y antigua coordinadora de la bancada oficialista.
Una foto suya en el matrimonio de Godoy ha sido la comidilla en las redes sociales. Y a ella se la señala como la líder del bloque de ADN que quiere salvar a Godoy.
La segunda demanda la interpuso Janina Rizo, asambleísta de ADN de Guayas. Su esposo y a la vez alterno es nada más y nada menos que Luis Alvarado, dueño de Galamedios. Esta empresa saltó a la fama por la compra de La Posta.
Ni Rizo ni Alvarado nunca explicaron de dónde salió el millón de dólares que pagaron por La Posta, medio que, por cierto, hoy forma parte de los panfletos virtuales del Gobierno.
Ambas demandas son por la rueda de prensa ofrecida por González en diciembre pasado donde señala que el estallido de una bomba en la Bahía de Guayaquil fue orquestado por el Gobierno.
La Asamblea debía debatir el pasado martes 20 de enero si levantaba la inmunidad parlamentaria de González en ambos casos. Pero Olsen suspendió la sesión sin que se trate ese punto.
Si la Asamblea no se pronuncia en un mes, luego de ser notificada, la ley establece que se entenderá que la inmunidad queda levantada.
Y por si fuera poco, Mancheno puso otra denuncia por calumnia. Esta vez contra Mónica Palacios, una de las asambleístas más perseguidas en esta legislatura.
El CAL la suspendió el año pasado por señalar el nexo entre la primera dama, Lavinia Valvonesi con Dundee Precious Metal, la empresa que iba a explotar Quimsacocha, en Azuay.
A ella la suspendieron pese a que estaba recién dada a luz. Presentó una acción de protección que ganó. Volvió para destapar el escándalo de La Libertad, cuando encontró nexos entre la madre de la supuesta testaferro en la compra de propiedades en ese cantón de Santa Elena y Cynthia Gelibert, secretaria de la Administración.
Luego viajó a Riobamba, ciudad natal de Mancheno, donde, en rueda de prensa denunció los vínculos de ella con Godoy. El oficialismo hasta envió agitadores a aquella rueda de prensa.
A Palacios la denuncia le costó la demanda por calumnias que recién fue presentada por lo que aún no llega a la Asamblea para analizar si se levanta o no la inmunidad.
Por último, Viviana Veloz, expresidenta de la Asamblea y proponente del juicio político a Godoy, enfrenta una campaña de desprestigio en redes sociales.
La han señalado de aliada de Guillermo Lasso y, con inteligencia artificial, han manipulado imágenes de carácter sexual.
Así cierran la pinza. El oficialismo busca recuperar la iniciativa. Tras la derrota en la consulta solo acumulan escándalos.
Con un líder ausente enfrentaron las denuncias de Progen, HealthBird, la compra de terrenos en La Libertad, las narco mujeres y la crisis de seguridad. Y llegó Godoy para desbaratar el último relato que tenía el Gobierno: que lucha contra las mafias.
El Gobierno reacciona de la única manera que sabe: persiguiendo, con la esperanza de acabar con el rival antes de su propia ruina. Y para alcanzar ese objetivo violará cualquier ley porque en el trumpismo ecuatoriano el fin justifica los medios.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para exigir explicaciones sobre el vehículo de Industrial Molinera que visitó al principal sospechoso del bombazo en la Bahía.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, acudió a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, el 21 de octubre de 2025.
Cada vez que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, viaja a Quito, es un hecho político de enorme importancia para el país. Pero lo ocurrido ayer sobrepasa cualquier expectativa.
Alvarez y el gerente de Segura EP, Álex Anchundia, fueron convocados por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El motivo de la reunión era analizar el caso Porsche que involucra a un vehículo de esta marca, el cual está a nombre de Industrial Molinera (empresa cuyos dueños son la familia Noboa), con el que era el principal sospechoso de colocar una bomba en la zona de la Bahía, en Guayaquil.
A la cita también estuvieron convocados los ministros de Gobierno, Zaida Rovira y del Interior, John Reimberg, pero no acudieron. El caso de Rovira era especial porque cuando estalló la bomba ella era gobernadora del Guayas.
En aquella ocasión, en una muestra de soberbia ignorancia, dijo que la seguridad de la Bahía era responsabilidad del Municipio de Guayaquil. Pese a eso no fue, al igual que el fiscal que llevó la causa y se rehusó a presentar cargos contra el implicado.
Alvarez hizo una detallada descripción de los hechos y remarcó el silencio gubernamental. Que en este caso comunica mucho. Puso como ejemplo que la rueda de prensa semanal de la vocera de Noboa, Carolina Jaramillo, fue suspendida sin ofrecer explicaciones.
Nadie ha reaccionado. Ni Rovira, ni Reimberg, y en este último es raro porque es muy conocida su costumbre de empapelar a jueces y fiscales.
La claridad de Alvarez fue tan contundente que dejo mudos a los cuatro asambleístas de ADN que acudieron a la Comisión con la clara misión boicotear la sesión.
La única que se atrevió fue Nathalie Morillo, exConstruye y hoy chearleader de Daniel Noboa, como ella mismo se reconoció. Ella solo alcanzó a preguntar a Alvarez si acudirá a la Comisión de Justicia, donde también fue convocada para analizar la bomba en Mall del Sol.
La pregunta fue acompañada de una loa a Noboa y destacando como este no tiene procesos judiciales, ni grillete. Alvarez, que tiene este dispositivo por la persecución del Gobierno, respondió: claro, porque controlan la justicia.
Y de ahí destrozó a toda la bancada de ADN. Le enrostró el caso Progen y la negativa de la mayoría oficialista a fiscalizar. Morillo solo pudo bajar la cabeza. Contesten, gritó el alcalde de Guayaquil.
Después dijo algo que quedará grabado en la hemeroteca. El poder es efímero, y cuando termine este mandato, en el corto o largo plazo, el presidente se irá a Nueva York y cambiará el chip de su teléfono, y nunca más le contestará mientras ustedes enfrentan procesos judiciales, les espetó.
Por eso les aconsejó que revisen bien su posición porque ellos creen que están defendiendo al “Divino Niño”. Los asambleístas de ADN no pudieron reaccionar.
Pero más allá del gran performance de Alvarez en la Asamblea, el alcalde de Guayaquil se lleva un gran logro: romper el cerco mediático.
Él mismo, al igual que el coordinador de la bancada de la RC, Juan Andrés González, ofrecieron ruedas de prensa sobre el caso Porsche, pero ningún medio hegemónico, excepto Expreso, publicó.
Al acudir a la Asamblea, Alvarez se colocó en otra plataforma que resultó imposible para los medios ignorar. Ahora, el caso Porsche está en la agenda mediática, pese a las prevernciones de los periodistas de evitar a toda costa nombrar a Industrial Molinera.
Así Alvarez logró aumentar la presión sobre los voceros gubernamentales e incluye a los asambleístas de ADN. Además, logró sembrar la idea en el imaginario público la sospecha del autoatentado, un pensamiento que hasta ayer solo recibía burlas.
Lo hecho ayer coloca a Alvarez en un sitial, donde probablemente él no quería estar. Y es el del líder de la oposición. Está allí obligado por las circunstancias, frente a una salvaje persecución.
A ese factor se suma las contradicciones internas de la RC, que no ha podido articular una oposición real, en gran parte porque su máximo líder, Rafael Correa, está fuera del país.
De igual manera, lo ocurrido ayer, generará odio entre el Gobierno, poco acostumbrado a los golpes. Así que Alvarez y el Municipio les toca esperar el nuevo golpe que vendrá del régimen.
La Fiscalía, con base a un informe de la UAFE, allanó las viviendas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez y sus hermanos. Lo acusan ahora de “lavado de activos”.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Está ocurriendo lo mismo que sucede en julio y octubre, meses en que Guayaquil celebra sus fiestas. El Gobierno aprovecha la atención mediática en esta ciudad para arreciar la persecución contra el alcalde Aquiles Alvarez.
En la víspera de las fiestas del 9 de octubre, la Fiscalía allanó la vivienda de Alvarez y sus hermanos. Hasta publicaron imágenes de su vivienda en redes sociales, como parte de un escarnio pública contra el líder de la oposición.
Alarcón cumplió con todos los pedidos de Carondelet: perseguir a Alvarez, a la exvicepresidenta Verónica Abad y a los Goldbaum, todos archienemigos de Noboa. Así que, ya en el cargo, Alarcón acentúa el acoso.
La Fiscalía se basa en un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que está a cargo de José Julio Neira, un alfil de Noboa que realiza los trabajos sucios.
Neira es piedra angular en la política de persecución contra Alvarez. Él impulsó el caso Triple A por supuesto tráfico de combustible y ahora presenta otro, por lavado de activos.
Neira también lidera el Sercop. Desde allí boicotea los procesos de contratación pública del Municipio de Guayaquil para impedir que se haga obra pública en la ciudad y truncar la reelección de Alvarez.
El Alcalde reaccionó en redes, aclarando que nada empañará las fiestas de la ciudad. Y calificó la acción judicial como nueva cortina de humo frente a las protestas contra el Gobierno.
Nada va a empañar la fiesta de mañana en Guayaquil.
Quieren volumen para distraer todos sus problemas, no se los voy a dar. Aquí seguimos parados y seguiremos parados. Ya todos saben cómo actuar este gobierno, siempre jodiendo antes de las fiestas de Guayaquil.
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 8, 2025
Es tan obvia la persecución y la pinza (Fiscalía y UAFE) que solo hay que evidenciar el doble rasero.
¿Investiga la UAFE lavado de activos? No porque en el caso de la compra de los medios La Posta y Radio Centro la entidad permanece muda.
Esa transacción la hizo el asambleísta de ADN, Luis Alvarado, que solo tiene un patrimonio de 60.000 dólares. Sin embargo, compró dos empresas en 2.4 millones de dólares.
En este caso nadie dice nada, ni en la Asamblea, ni en el Gobierno, ni en la esfera mediática. Los titulares y las condenas solo son cuando los señalados son opositores.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) multó a Aquiles Alvarez con USD 4.700 al acoger una denuncia de Juan Esteban Guarderas.
La mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, informó que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le impuso una multa de USD 4.700.
El TCE encontró culpable a Alvarez por una denuncia de Juan Esteban Guarderas, exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien lo acusó de hacer campaña electoral a favor de Luisa González, en las anteriores elecciones.
“No hay destitución, No hay pérdida de derechos políticos. Lo que existe es una multa con la que no estoy de acuerdo porque no hemos incurrido en ninguna falta; en todo caso, la aceptamos con humildad, más aún en este contexto de persecución, lo considero una victoria”, escribió el Alcalde.
Recibimos la notificación de esta resolución del TCE alrededor de la 1 am. Importante aclarar: NO hay destitución, NO hay pérdida de derechos políticos. Lo que existe es una multa con la que no estoy de acuerdo porque no hemos incurrido en ninguna falta; en todo caso, la… pic.twitter.com/9LhDGEiAsD
Guarderas es el “denunciólogo” del Gobierno. Interpone denuncias en el TCE contra cualquier autoridad o actor político de oposición. Lo hizo con la exvicepresidenta Verónica Abad y con el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Para ello se vale con la obsecuencia del TCE con el Gobierno.
Luego de anunciar el fallo, Alvarez emitió una disculpa pública. “Ofrezco disculpas públicas a la ciudadanía ecuatoriana, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral”, publicó el Alcalde en la red social X.
Ahora:
En virtud de la resolución dentro de la causa N.º 478-2025-TCE, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral, procedo a publicar lo siguiente:
Ofrezco disculpas públicas a la ciudadanía ecuatoriana, en cumplimiento de la sentencia dictada por…
La sentencia llegó luego que el abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, despedazar a la perita en la audiencia.
La perita firmó un análisis en el que asegura que Alvarez hizo campaña a favor de Luisa González en un tuit. García la interrogó y en las respuestas ella dice exactamente lo contrario al documento que firmó: que en el tuit analizado el alcalde no hace promoción alguna a favor de una opción electoral.
Pobrecita la señora perito: en su informe dijo que induje al voto con un tuit, pero en la Audiencia se contradijo en todo. Quedó pésimo. Gran defensa del Dr. García, brillante como siempre. Esta causa debería archivarse, es una mamarrachada. Mientras el país se derrumba por… https://t.co/ej0XHErEctpic.twitter.com/OlqvLkha0p
Alvarez sortea así una de las estrategias de persecución del oficialismo. Sin embargo, la amenaza más grande, por ahora, proviene de la Fiscalia que, nuevamente está solicitando la prisión para el alcalde.
El argumento es que Alvarez no se presentó ante el juzgado, como parte de sus asistencias periódicas ordenadas en el marco del caso Triple A.
Alvarez no acudió porque ese día viajó a Quito, convocado por el Gobierno junto a los alcaldes de Cuenca y Quito para analizar temas de seguridad.
Pese a la pública ocupación del Alcalde y que este ya lleva grillete electrónico, la Fiscalía insiste en encarcelar al burgomaestre y líder de la oposición.
