Las funcionarias participaron en una sesión de la Comisión de Seguridad y no respaldaron la propuesta oficialista. La asambleísta de la RC, Jahiren Noriega, acusó a Castillo de generar violencia machista.
El pasado 11 de junio, la Comisión de Seguridad de la Asamblea empezó el tratamiento de la llamada “Ley Antimafias” que fue propuesta por la hoy presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno y que cuenta con el apoyo del ministro del Interior, John Reimberg.
En aquella sesión de la Comisión se recibieron a delegadas de la Fiscalía General del Estado para que ofrezcan sus aportes a la iniciativa legal.
Las funcionarias sorprendieron porque no se ajustaron al libreto oficial. Ellas aseguraron que la propuesta no contiene una justificación técnica jurídica suficiente para plantear el incremento de penas.
Eso generó el reclamo del vicepresidente de la Comisión, Andrés Castillo (ADN), quien acusó a las funcionarias de proteger delincuentes.
“Quisiera saber si el Fiscal General está al tanto de lo que se ha dicho hoy día”, aseguró. Luego protestó porque “la entidad encargada de la vendetta pública venga a decir que este proyecto es inconstitucional, que no hay que dar paso a la extinción de dominio en la forma en que está porque viola derechos constitucionales”.
Entonces, la asambleísta de la RC e integrante de la Comisión de Seguridad, Jahiren Noriega, defendió a las delegadas ante las acusaciones de Castillo.
“Violencia pura y dura, violencia machista además hacia las delegadas de la Fiscalía General del Estado”, cuestionó.
Y agregó: “señora presidenta el debate es entre los asambleístas, los expertos invitados tienen. Otra función y puede gustarme o no lo que me dicen, pero eso no nos da carta blanca para faltarle el respeto a los delegados”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea es Inés Alarcón, de ADN, quien toleró la agresión verbal contra las funcionarias.
La llamada Ley Antimafias ha recibido críticas por parte de sectores de la sociedad civil porque se convertiría en una herramienta de persecución contra abogados y ciudadanos en general.
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