Anabel Hermosa y Paulina Vercoutere defendieron a sus pueblos durante la violenta represión estatal en Imbabura, durante el paro convocado por la Conaie en contra de la eliminación del subsidio al diésel.
El presidente Daniel Noboa dijo que era un mal enemigo. Y eso lo están viviendo en carne propia la viceprefecta de Imbabura, Pauila Vercoutere y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.
Ambas autoridades salieron en defensa de su pueblo cuando la fuerza pública reprimía de manera salvaje las protestas en contra del Gobierno.
Hermosa, por ejemplo, fue protagonista de un video donde se la observa caminando junto a su pueblo. Al ver la barricada de militares ella dice a los manifestantes “hasta aquí no más”. Y sola empieza a caminar para dialogar con los uniformados.
Ella logró sentar en una mesa a las fuerzas indígenas de Otavalo y el ministro del Interior, John Reimberg, cuando este se rehusaba a dialogar.
Después dio la cara a los manifestantes que están furiosos por el diálogo.
Vercoutere tuvo un desempeño similar, con el “agravante” de que ella es una mujer indígena, también de Otavalo.
Desde esa posición ofreció entrevistas a los medios explicando las lógicas del mundo indígena en Otavalo. Explicación que también se la dio a la vicepresidenta María José Pinto, que por esos días hacía oficina en esa ciudad.
Vercoutere denunció la represión que sufrían los manifestantes, que incluyó corte de servicio eléctrico e internet en ciertas comunidades.
Ambas, además de ser autoridades locales, tienen otra condición que es clave para entender la persecución que sufren: llegaron al cargo por la Revolución Ciudadana.
A partir de allí el hostigamiento no ha dejado de crecer. Empezó con el congelamiento de sus cuentas bancarias sin explicación alguna. Todo se manejó en secreto en nombre de la seguridad nacional.
Recién el pasado jueves 6 de noviembre se levantó esa medida arbitraria.
Hermosa enfrenta investigaciones en la Fiscalía por financiamiento al terrorismo y enriquecimiento ilícito.
A eso se suma la persecución institucional al Municipio de Otavalo que lleva cuatro meses sin que se les paguen las rentas. Y la única oferta que recibe del Ministerio de Finanzas es pago en bonos, que al negociarlos puede tener un castigo de hasta el 30%.
Por su parte, Vercoutere enfrenta las mismas investigaciones en la Fiscalía. Su programa emblemático de asistencia social, Las Warmi, está siendo boicoteado por entidades del Gobierno.
La prefectura de Imbabura también sufre retrasos en el pago de sus rentas.
El paro concluyó, pero la persecución no. Todo lo contrario, se refuerza contra dos mujeres valientes que pusieron el cuerpo ante las balas, los gases y los perdigones.
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