Mesa Servida… Lo que debes saber
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Tras meses de encierro por la pandemia al ser grupo vulnerable, Jaime Nebot ha regresado a la primera línea en el Municipio de Guayaquil.
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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha recibido un golpe mortal con el triunfo de Luis Arce en la elección presidencial de Bolivia.
El organismo con sede en Washington llegó a ser uno de los más respetados del continente. Sus misiones electorales de observación eran una garantía de transparencia en los comicios de todo el continente.
Pero desde la llegada a la secretaría general de Luis Almagro, la entidad ha sufrido un deterioro hasta llegar a avalar un golpe de Estado. Es decir hizo exactamente lo contrario para lo que fue creada.
Fue en octubre de 2019 cuando ante el triunfo en primera vuelta de la reelección de Evo Morales, la misión de observadores de la OEA denunció un fraude en medio de violentas protestas en todo el país a las que se sumaron grupos ultras y la propia policía.
El veredicto de la OEA sirvió para que los militares retiren el respaldo al entonces presidente Evo Morales, quien debió renunciar junto con su gobierno ante una cacería de brujas que se desató en el país contra toda la militancia del Movimiento al Socialismo (MAS).
Pese a que Morales ofreció repetir las elecciones, sin que se haya demostrado una sola prueba de fraude, la OEA permaneció muda mientras se consumaba el golpe.
El mundo vio escenas de espanto como la quema de la casa de Morales, una presidenta de facto, Janine Añez que se posesionaba en una cámara legislativa vacía, una alcaldesa del MAS humillada públicamente y su cabellera cortada, embajadas asediadas por fuerzas fascistas y el retiro de la whipala del palacio presidencial.
Pero el baño de sangre ocurrió con las masacres de Senkata y Sacaba que dejaron 22 muertos tras la violenta represión ordenada por Añez contra las manifestaciones democráticas y de apoyo al Estado de derecho.
Más allá de la responsabilidad de los propios golpistas bolivianos como Añez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Arturo Murillo hay que evaluar el rol de la OEA en el golpe y el posterior baño de sangre.
Tras avalar el golpe, la OEA ahora es irrelevante y su secretario general, Luis Almagro, es un criminal de lesa humanidad que debería ser juzgado por un tribunal internacional.
Sus supuestas defensas de la democracia en Venezuela no tienen ya valor alguno, sus opiniones son intrascendentes. Almagro debe enfrentar la justicia porque funcionó como un pilar fundamental del golpe, al dar el marco necesario para destruir el régimen democrático en Bolivia.
Almagro es un criminal y él mismo ha destruido la OEA; ni siquiera un perdón sirve ya. Si regresa el progresismo como tendencia regional, ese organismo debe desaparecer por su nefasto rol en el continente en el siglo XXI. (O)
Luego de días de incertidumbre finalmente la candidatura presidencial de Andrés Arauz quedó confirmada.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con tres votos a favor, negó la impugnación interpuesta por Michael Aulestia, del movimiento Ahora.
Aulestia pretendía que el binomio presidencial de Unión por la Esperanza (Unes) no pueda participar en las elecciones de febrero de 2021.
En el movimiento Ahora milita el asambleísta Fabricio Villamar, señalado por usar un carné de discapacidad para rebajar la pensión alimenticia paga a la madre de su hijo.
Líderes de UNES convocaron para esta tarde a una marcha hasta el TCE en Quito, para exigir que la aceptación de la candidatura de Andrés Arauz.
El propio Aruz, que cumplía agenda en Manabí, llegó casi de noche a Quito para participar en la vigilia. Al conoce la confirmación de la candidatura la multitud celebró.
¿Quién permitió la entrada de los Bucaram a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil? La Fiscalía parece que ya tiene una respuesta y apunta a Paúl Granda, expresidente del Directorio del IESS.
Por eso la fiscal Claudia Romero, a cargo del proceso de delincuencia organizada donde están los hermanos Bucaram y Daniel Salcedo, pidió vincular a la causa a Granda.
La audiencia de vinculación se realizó el pasado 13 de octubre de 2020 en Guayaquil pero se suspendió porque la defensa de Granda alegó que el exfuncionario tiene fuero de corte.
En otras palabras, la defensa quiere que a Granda lo juzgue un magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) donde el gobierno tiene influencia.
El juez Ronald Guerrero solicitó a la Presidencia de la República que indique cuál era el cargo de Granda y si este efectivamente tiene fuero de corte.
De hecho, esta es la tesis del Gobierno. El secretario general del gabinete presidencial, Juan Sebastián Roldán, telefoneó a la fiscal Diana Salazar para recordarle que Granda tiene fuero de corte. ¿Acaso el gobierno intenta proteger a Granda?
Durante meses el propio Granda ha maniobrado para que su nombre no aparezca en los medios de comunicación. Él mismo llamaba a los directivos cuando veía alguna noticia que que lo relacionaba con la corrupción de los Bucaram.
Pero, ¿qué elementos de convicción tiene la Fiscalía para involucrar a Granda? Su nombre aparece en la bitácora de visitantes de la Torre Colón I, en el norte de Guayaquil.
En ese mismo edificio guarda prisión domiciliaria Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS y quien también consta en el proceso por delincuencia organizada porque allí vive.
Además, ahí tiene un departamento el exasambleísta Dalo Bucaram Pulley. Y allí mismo arrendó otro departamento Daniel Salcedo.
El propio Granda reconoció que se reunió con políticos en Guayaquil, pero negó conocer a Salcedo.
La Fiscalía cree que en esas reuniones se habría negociado el reparto de los hospitales a los Bucaram, quienes pidieron el nombramiento de Jairala Zunino para que facilite los negocios.
Pero Granda responde que fue él quien ordenó la remoción de Jairala Zunino e interpuso denuncias por actos de corrupción ocurridos en el Teodoro Maldonado Carbo.
Ahora el futuro del proceso está en manos del Gobierno, que debe decidir quién juzgará a Granda.
Nívea Vélez cobró diezmos mientras era asambleísta, en el periodo 2009 – 2013. Así lo aseguró la Fiscalía que la acusó de concusión.
Según las investigaciones la exlegisladora cobró a dos exfuncionarios de su despacho USD 33.000 que sirvieron para financiar las actividades de su Convocatoria, un movimiento local de la provincia de Loja.
Según un comunicado de la Fiscalía “Mercedes T., exfuncionaria, habría entregado a la exlegisladora USD 4.000 y Vicente O. USD 28.000, a través de una cuenta abierta en conjunto con la ahora procesada Adriana C”. Esta última también enfrenta cargos por concusión.
El juez nacional Wilman Terán aceptó los cargos y prohibió a Vélez salir del país. Además la exlegisladora tendrá que presentarse todas las semanas ante la Corte Provincial de Justicia de Loja, de donde es oriunda.
También se le prohibió enajenar bienes por USD 132.000 dólares. Ahora el proceso está en etapa de instrucción fiscal que durará 90 días.
Luego de ese plazo Fiscalía debe decidir si presenta cargos o no contra Vélez para iniciar la etapa de juicio. La concusión se sanciona con 5 a 7 años de prisión.
Durante su etapa de asambleísta, Vélez hizo oposición al gobierno de Rafael Correa y apoyó a Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales de 2013.
En los comicios seccionales de 2014 su movimiento Convocatoria hizo una alianza con CREO con la que Rafael Dávila ganó la prefectura de Loja y ella se convirtió en viceprefecta.
En las elecciones locales de 2019, la alianza se mantuvo y se llamó Loja Progresa con la que Vélez buscó la alcaldía de Loja, pero quedó en cuarto lugar.
Para Richard Martínez, ahora exministro de Economía, la misión está cumplida. Por eso puede abandonar el cargo porque renegoció la deuda externa y concretó un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6.500 millones de dólares.
A cambio de ese crédito, Ecuador se compromete a subir el IVA al 15% en el segundo semestre de 2021. Será una tarea para el nuevo gobierno, si es que quiere seguir recibiendo los recursos del FMI.
Para obtener ese logro Martínez debió cumplir a cabalidad con los tenedores de bonos, incluidos los que estafaron al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Así, el 24 de marzo de 2020, cuando la pandemia ocasionaba cientos de muertos en Guayaquil, Martínez honró la deuda externa, pese a las recomendaciones internacionales que pedían lo contrario.
Eso costó despidos masivos en el sector público, retraso en el pago de los sueldos de los funcionarios y en las rentas de los gobiernos locales que apenas tenían recursos para combatir al Covid-19.
Martínez eligió a quien pagar: los bonistas en lugar de los ecuatorianos, lo que acrecentó la crisis que ahora enfrenta el país.
Pero el saliente ministro de Economía no lo ve así. Se asume como el hombre que salvó la economía ecuatoriana y por eso ahora puede ocupar una de las vicepresidencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero, ¿cómo es que Martínez consiguió ese trabajo? Todo se remonta a la elección del nuevo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, quien era el candidato de Donald Trump.
Trump rompió el consenso internacional que reina desde el fin de la II Guerra Mundial que establece que el mando del FMI es para un europeo, el Banco Mundial queda en manos de un estadounidense y el BID lo controla un latinoamericano.
Fiel a su estilo, Trump tumbó esa costumbre e impuso a Claver-Carone, de nacionalidad estadounidense. Pese a la protesta internacional, incluidos expresidentes de la región y de la propia Unión Europea que pidió aplazar la elección hasta después de los comicios de Estados Unidos, Trump siguió adelante.
Ahora se sabe que Claver-Carone vendió puestos entre los países para lograr su elección. Según el excanciller peruano, Rafael Rocangliolo, se ofrecieron puestos a Brasil, Ecuador y Jamaica a cambio de votos, además de un millonario préstamo a Colombia.
Ecuador efectivamente votó por Claver-Carone y un mes después se concretó el ofrecimiento: una vicepresidencia para el saliente ministro de Economía, Richard Martínez.
Pero para cumplir su objetivo, Martínez tendrá que violar la Constitución. El artículo 153 de la Carta Magna establece lo siguiente:
Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.
Artículo 153 de la Constitución de Ecuador
Ante esa expresa prohibición, Martínez señaló que no le afecta porque, según él, el BID no es una entidad financiera.
De esta forma, Martínez prepara su viaje a Washington, donde tiene sede el BID, sin que la Asamblea nunca haya podido tramitar los juicios políticos en su contra.
Tampoco hay pronunciamientos de los legisladores, de la Corte Constitucional o del propio gobierno ante la violación a la prohibición constitucional.
Al frente del Ministerio de Finanzas quedará Mauricio Pozo, quien ya ocupó el cargo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que también se firmó un acuerdo con el FMI.
En las elecciones de 2017 Pozo fue compañero de fórmula de la candidata a la Presidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, quien hoy es alcaldesa de Guayaquil.
Con diez votos a favor y por unanimidad, la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó que el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, pase al pleno del Legislativo.
El asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano, también expresó su respaldo al informe pero no votar por problemas en su conexión de internet.
El informe encontró que Cruz violó el principio de probidad notoria que la Constitución exige a los miembros del CPCCS.
Ahora el proceso pasa al Pleno, donde los 137 asambleístas deberán decidir si destituyen o no a Cruz.
Cruz fue acusado de obtener de manera irregular un carné con discapacidad, aunque el defiende sus deficiencias para escuchar y ver.
Sin embargos esas limitaciones no le impidieron obtener una licencia de conducir profesional. Cruz asegura que ese documento lo obtuvo con anteojos y audífonos.
Este es el primer juicio político que aprueba la Comisión, que se reestructuró el pasado 10 de septiembre de 2020.
Casi al borde de la medianoche el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) reinstaló la sesión que debía decidir el futuro de la candidatura presidencial de Andrés Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES).
La sesión estaba convocada para las 14:00, pero luego se cambió a las 22:00 y finalmente los consejeros se reunieron a las 23:00.
En las afueras del CNE se instaló una vigilia de simpatizantes de UNES, en la que también participó Andrés Arauz y Carlos Rabascall, quien será su compañero de fórmula.
Santiago Vallejo, secretario del CNE, leyó el informe jurídico en el que se acepta la impugnación a la candidatura a Vicepresidente de Rafael Correa. Además, se mencionaron inconsistencias en la inscripción de Arauz, específicamente en su número de cédula.
El consejero Luis Verdesoto hizo una larga exposición en la que justificó porque se debería negar la inscripción del binomio en su totalidad. Pero esa posición no contó con el respaldo de sus compañeros.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint y los vocales Estela Acera y José Cabrera aprobaron el informe sobre el binomio de UNES y les da 48 horas para subsanar los errores, incluido el cambio de candidato a Vicepresidente.
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, también votó en contra y pidió no dar paso al binomio de UNES.
Rafael Correa será sustituido por el periodista Carlos Rabascall, anunciaron previamente los dirigentes de UNES. En los exteriores del CNE, los simpatizantes de la alianza celebraron la decisión del CNE.
Además, el CNE negó la impugnación contra la candidatura de Guillermo Lasso, que presentara UNES porque supuestamente el candidato tiene bienes en paraísos fiscales.
De esta forma quedó ratificada la candidatura presidencial de Lasso por la alianza entre el movimiento Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC).