Mesa Servida… Lo que debes saber
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El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional finalmente tomó una decisión: recomendó a los municipios cerrar los cementerios desde el 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020.
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La Fiscalía solicitó vincular a dos nuevas personas al caso de delincuencia organizada que se desprende de la venta del medicamento Actemra.
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Luego que la Corporación Financiera Nacional (CFN) anunciara que se convierte en banca de segundo piso con lo que deja de prestar dinero directamente a los ciudadanos, el gobierno creó un nuevo mecanismo para entregar créditos a los agricultores.
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El caso de los extrabajadores de los medios incautados, que llevan semanas reclamando por el pago de sus liquidaciones, dio un giro este 20 de octubre de 2020.
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El gobierno publicó los resultados de la última encuesta de empleo realizada en septiembre pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
En una rueda de prensa ofrecido en el Palacio de Carondelet, el director del INEC, Diego Andrade, dijo que el 98% de las encuestas fueron presenciales.
El anterior estudio, que se realizó en mayo y junio pasado, fue vía telefónica por la pandemia.
Andrade explicó que la tasa de desempleo en Ecuador es actualmente del 6.6%, lo que implica que 522.000 personas se encuentran en la desocupación.
Sin embargo, si se toma como referencia la anterior encuesta, la que se hizo vía telefónica, el desempleo registro una reducción considerable.
En junio de 2020, en plena pandemia, el desempleo era de 13.3% y afectaba a un millón de ecuatorianos.
Consultado por qué el drástico descenso en menos de tres meses, Andrade dijo “no tenemos parámetros de comparación histórica. Ahora estamos viendo tendencia de recuperación, si es rápido o lento, en el futuro se va a generar ese análisis”.
Mientras que el ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien también participó en la rueda de prensa rechazó un supuesto maquillaje de las cifras.
Aseguró que la recuperación obedece a las políticas adoptadas por el Gobierno. “Las decisiones de política pública están en el camino correcto. Queremos aprovechar los buenos resultados en ciertas políticas y seguirlas ampliando”, señaló.
Dijo que las iniciativas sociales del gobierno, como la entrega de alimentos y bonos a los sectores más vulnerables funcionó. Isch también destacó el proceso de reapertura económica adoptada tras el confinamiento. Según el ministro, Ecuador fue el primer país de la región en caminar hacia la nueva normalidad.
Según la encuesta del INEC, el 93.4% de la Población Económicamente Activa (PEA) tiene un empleo, lo que equivale a 7.3 millones de personas.
Sin embargo, de ese grupo solo 32,1% tiene empleo adecuado, es decir que está afiliado a la seguridad social y goza de todos los derechos laborales.
El resto se encuentra en la informalidad y el subempleo. Por eso el exdirector del INEC, Byron Villacís, explicó que “hay 7.8 millones de personas en la PEA: medio millón desempleados, 1.8 millones subempleados, 2 millones con otro empleo no pleno (en realidad son subempleados pero se inventaron categoría para maquillar datos) y 800.000 no remunerados. En pocas palabras, 65% de la PEA está en problemas”.
Para el exfuncionario lo correcto es comparar el índice de subempleo de septiembre de este año (6.6%) con el mismo mes de 2019 cuando fue de 4.9%.
Esta encuesta de empleo generó un problema político para el gobierno. El pasado miércoles 14 de octubre los gremios empresariales denunciaron una acusación que hizo Carondelet contra el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón.
El dirigente gremial publicó cifras de la encuesta de empleo antes que lo hiciera el INEC. Al respecto, la secretaria de Comunicación, Caridad Vela, quien también participó en la rueda de prensa, justificó la acción.
“No se ha puesto una demanda contra Patricio Alarcón si no una demanda por filtración de información, la Fiscalía llama a Patricio quien publicó la información filtrada para que rinda versión libre y voluntaria para esclarecer esos hechos”, dijo Vásquez.
Añadió que el objetivo es “entender de qué manera Alarcón tuvo acceso a información restringida”.
El caso es el mismo en el que están los hermanos Jacobo, Dalo y Michel Bucaram, además de Daniel Salcedo. Ellos están acusados de corrupción en los hospitales del IESS de Guayaquil.
La Fiscalía vinculó formalmente a Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en un caso de delincuencia organizada.
Lo mismo hizo con Paola Mera, exgerenta del hospital Los Ceibos, del IESS, en Guayaquil.
En este caso por delincuencia organizada también están involucrados los hermanos Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Pulley, además de la esposa de este último, Gabriela Pazmiño.
También constan en el proceso los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla. En total son 15 procesados que aumentarán a 17, si es que el juez acepta la vinculación de Granda y Mera.
Este proceso cambió el pasado 7 de octubre porque antes se investigaba un delito por asociación ilícita.
Sin embargo, la Fiscalía encontró elemento para cambiar la figura penal por delincuencia organizada, un delito más grave que se sanciona con 7 a 10 años de prisión.
Ahora la Fiscalía solicita hora y fecha para la audiencia de vinculación contra Granda y Mera.
Paúl Granda renunció el pasado 22 de abril de 2020 al IESS, en plena pandemia del coronavirus, luego de que se denunciara la compra de bolsa de cadáveres con sobreprecio en el hospital Los Ceibos.
Esa denuncia permitió develar una red de corrupción que tenía como eje a Daniel Salcedo, quien actualmente guarda prisión en Quito.
Según investigaciones de la Fiscalía, Salcedo se reunió en varias ocasiones con Granda en Guayaquil. Pero el exfuncionario negó esta versión.
Granda reaccionó en su cuenta en redes sociales. Dijo que ha acudido a la Fiscalía en cuatro ocasiones y que no saldrá del país.
Desde que Jacobo Bucaram fuera capturado en Medellín (Colombia) y posteriormente deportado a Quito, su familia luchó por un solo objetivo: que guarde prisión en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
El pretexto era que en esta ciudad vive su familia y sus abogados. Y que llevarlo a la cárcel de Latacunga lo aleja de su hogar y pone en peligro su derecho a la defensa.
La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en la cárcel más peligrosa del país. Las matanzas constantes en esa prisión ocasionaron la segunda emergencia penitenciaria en el gobierno de Lenín Moreno.
El pasado 4 de agosto de 2020, en el enésimo enfrentamiento entre las bandas Los Choneros y Los Lagartos 11 presos murieron.
Cuatro días después, el 8 de agosto, era asesinado Shy Dahan, el israelí capturado en Santa Elena con USD 300.000 en efectivo.
En su declaración, antes de morir, Dahan dijo que ese dinero era producto de las ventas de pruebas rápidas que había hecho a Jacobo Bucaram.
Por eso antecedentes la fiscal Claudia Romero consideró que la vida de Jacobo Bucaram corría peligro en la Penitenciaría por lo que solicitó su traslado a la cárcel de Latacunga, lo que fue aceptado por el juez Ronald Guerrero, que lleva una de las causas contra el hijo mayor de Abdalá Bucaram.
Pero un día después, tres ciudadanos colombianos acudieron al despacho de Guerrero, en Guayaquil. Allí hablaron con su secretaria para que traslade una amenaza: u ordena el traslado de Jacobo Bucaram a la Penitenciaría o enfrentaría consecuencias.
Desde ese día, Guerrero ingresó al programa de testigos protegidos y tiene custodia policial.
La amenaza no resultó, así que la defensa legal de Bucaram solicitó al juez Juan Carlos Terán que ordenara el traslado.
Este juez dijo que sí y argumentó que Bucaram debía estar cerca de su familia y de sus abogados, y además que pertenece a los grupos de atención prioritaria que protege la Constitución. El juez se rehusó a decir qué condición tiene Jacobo Bucaram que le permite acceder a este privilegio.
Con el fallo, los Bucaram celebraron. No importaron los hechos de sangre en la Penitenciaría; se había logrado el objetivo de que Jacobo Bucaram esté en esta peligrosa cárcel.
Sin embargo, la felicidad duró poco. El mismo día que el juez Terán ordenaba el traslado la Policía detenía al director de la Penitenciaría, Héctor Reina.
A él se le formuló cargos por concusión porque Shy Dahan, antes de ser asesinado, grabó una videollamada que mantuvo con Reina.
En el video Reina le pide dinero a cambio de protección. Dahan le contesta hastiado, dice que desde que llegó a la cárcel ha pagado más de USD 40.000 por medicinas, alimentos y protección.
La Fiscalía reveló que Reina encabeza una estructura criminal que involucra a guías y doctores de la cárcel que vende de todo: alimentos, medicinas, cuidado médico, salidas al patio, protección, camas. En la cárcel de Guayaquil los derechos más básicos cuestan.
Es a esa cárcel a la que Jacobo Bucaram y su familia morían por ir. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso la Penitenciaría del Litoral es parte de su reinado o del reparto? Ojalá la Fiscalía responda esa interrogante.
Una vez que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo préstamo por USD 6.500 millones para Ecuador se empezaron a difundir las condiciones que el país deberá cumplir para conseguir esos recursos.
El pasado 4 de octubre, en cadena nacional, el presidente Lenín Moreno informaba que Ecuador debe “ampliar la base impositiva”.
Esa frase significa crear o aumentar impuestos, pero esa tarea quedará para el nuevo gobierno, que se instale en mayo de 2021.
Moreno ya no tiene mayoría en la Asamblea y una reforma tributaria ahora, en época preelectoral, es políticamente inviable.
Pese a ese panorama el FMI plantea lo siguiente, en materia tributaria:
En una rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que esas medidas contemplarían ingresos al fisco por USD 2.000 millones.
El propio gobierno aseguro que una cantidad igual ya transfirió el FMI. Esos recursos servirán para pagar sueldos atrasados en el sector público y liquidaciones en empresas públicas cerradas; deudas con proveedores del Estado y con gobiernos locales, además de devoluciones de impuestos que no han realizado este año.
De hecho, el pasado lunes, en una ceremonia en el Palacio de Carondelet, Moreno lideró la entrega de jubilaciones a maestros.
Fue un acto para defender el nuevo endeudamiento del país, puesto que los recursos, indicó el Mandatario, sirven para pagar a los grupos más vulnerables.
Sin embargo, desde gremio de profesores se advirtió sobre despidos de profesores y personal administrativo del Ministerio de Educación.
“Como no hay plata para las copias ahora se obliga a los padres de familia que no tienen internet que entreguen dinero para imprimir las fichas”, dijo una fuente del Ministerio.
Esas fichas sirven como guía de estudio en la educación virtual.
El nuevo crédito con el FMI es a 10 años plazo y contempla cuatro años de gracia y 2% de interés.