El Defensor del Pueblo pide a la Fiscalía que ordene la prohibición de salida del país de Lenín Moreno al considerarlo responsable de delitos de lesa humanidad por la represión de octubre de 2019.
Todo el mundo sabe que el presidente Lenín Moreno no ve la hora de fugarse. Sabe que a partir del 24 de mayo la inmunidad se le acabará por eso incluso algunos sueñan con una salida anticipada del cargo.
Con una aprobación de apenas el 4%, los ecuatorianos le tienen hambre a Moreno. Sobre él pesan dos grandes acusaciones: la represión de octubre y el desastre que significó para el país el manejo de la pandemia.
Por el primer caso, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, ya hizo su primera movida con el objetivo de evitar la impunidad. La semana pasada presentó un informe de una comisión de la verdad que él estructuró.
Las conclusiones son demoledoras. El documento asegura que desde las altas esferas del Gobierno se lanzó una cruenta campaña de represión a las protestas de octubre de 2019 contra el gasolinazo que había decretado Moreno.
El reporte asegura que la represión fue tan salvaje que se cometieron delitos de lesa humanidad. Responsabiliza de ello a Moreno, a la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo y al todavía ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
Esta semana Carrión dio un paso más. Pidió a la Fiscalía General del Estado que solicite la prohibición de salida del país de Moreno, para anticiparse a la fuga que hará luego de entregar el cargo el próximo 24 de mayo.
De esta forma empieza la carrera por llevar a Moreno a la justicia. Es una tarea muy difícil porque una vez que salga del país, poner tras las rejas al Mandatario será casi imposible, peor si pisa suelo estadounidense.
Los delitos son muchos, desde la desinstitucionalización del país hasta la feria de vacunas, pasando por la masacre en las cárceles, el reparto de los hospitales o la mortandad en Guayaquil producto de la pandemia.
Todo dependerá también de quién gane las elecciones del próximo 11 de abril. Aunque la carrera contra la impunidad enfrenta un obstáculo enorme: la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Pese a los tímidos intentos por iniciar acciones penales contra el Gobierno, estos han quedado en nada. Al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, solo le allanó la casa. En el caso INA Papers se resiste a continuar la investigación y sobre octubre lo único que hizo fue encarcelar a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
Pese a todo ello el defensor del Pueblo ha puesto a soñar al país de que Moreno y su círculo no quedarán impunes.
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