Los dos organismos electorales del país, TCE y CNE, colisionan por la candidatura de Álvaro Noboa. Los integrantes de ambos organismos fueron escogidos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
La última crisis institucional que vive el país, y que amenaza el desarrollo de las elecciones generales del próximo 7 de febrero, es también una consecuencia de la consulta popular que convocó el presidente Lenín Moreno.
Ese proceso, que convirtió al difunto Julio César Trujillo en el hombre más poderoso del país, fue el inicio de la destrucción de una incipiente institucionalidad que había en el país.
Trujillo, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), se declaró de plenos poderes y demolió todas las instituciones del país. Supuestamente su tarea serviría para sentar nuevas entidades, más fuertes, que no estén sujetas al vaivén político. Por supuesto eso no ocurrió.
La reciente pugna en la Función Electoral lo demuestra. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió una sentencia que permite al movimiento Justicia Social realizar sus primarias e inscribir candidatos a 54 días de las elecciones. El millonario Álvaro Noboa aprovechó este fallo para embarcarse en su sexta aventura presidencial.
El TCE está conformado por cinco jueces. Trujillo y sus consejeros destituyeron a tres y dejaron a dos en el cargo. Curiosamente uno de los que se salvó, Arturo Cabrera, es ahora el presidente del organismo y quien denuncia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caído en desacato.
Esa acusación vino porque el CNE se ha rehusado a permitir la candidatura de Álvaro Noboa. Para ellos abrir las inscripciones, fuera de plazo, vulneraría el derecho de los otros postulantes y pone en riesgo el calendario electoral. No es solo organizar primarias sino también permitir impugnaciones, las mismas que tuvieron a Andrés Arauz dos meses esperando porque su candidatura queda en firme.
Los cinco vocales del CNE fueron destituidos por Trujillo y en lugar de convocar a un concurso de méritos y oposición pidió a los partidos políticos que envíen sus candidatos. Según él y los medios que lo apoyaban eso aseguraría justicia y transparencia en los procesos electorales.
Así Trujillo conformó un nuevo CNE, con Diana Atamaint como presidenta. Pero dos consejeros de este nuevo organismo, Enrique Pita y Luis Verdesoto, denunciaron un cuasi fraude electoral en los comicios seccionales de 2019 en algunas jurisdicciones. Otro fracaso más de Trujillo.
Pero el relajo de la Función Electoral tiene una estrella invitada, otro hijo político de Moreno y Trujillo. Se trata del contralor Pablo Celi, la única autoridad de control que sobrevivió a la demolición institucional que llevó a cabo el CPCCS-T.
Celi, que ha desaparecido de los medios luego del destape de la corrupción en los hospitales del país, fue quien inició este embrollo. Se metió en las funciones del CNE y aseguró que cuatro movimientos debían ser borrados del registro electoral porque supuestamente no contaban con las suficientes firmas de respaldo, entre esas agrupaciones estaba Justicia Social.
Por supuesto esa acción formaba parte de su persecución a la oposición porque intentó dejar sin partido a esta corriente política. Uno de los afectados era Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, que ahora postula a Andrés Arauz junto con Centro Democrático.
El CNE, que en un principio se mantuvo firme, luego cedió a los chantajes de Celi que amenazó con destituirlos. Pero el TCE falló a favor de todas las tiendas políticas afectadas y les devolvió su personería jurídica.
Qué curioso. Quien desató esta tormenta fue la única autoridad que no cambió Trujillo, pese que fue el número dos del excontralor Carlos Pólit.
Lo peor es que ahora intervendrá otra institución conformada por Trujillo: la Corte Constitucional “de lujo”. Ante el conflicto de competencias, el CNE pidió que la CC dirima. El problema es que los tiempos de este organismo son eternos, así la candidatura de Noboa queda en el limbo.
Y la CC ya ha demostrado que poco le interesa la ciudadanía porque la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Humanitaria, que permitió la rebaja salarial de medio mundo, duerme el sueño de los justos.
Es la herencia de Julio César Trujillo, con la venia de Lenín Moreno: la destrucción de la institucionalidad del país que ahora amenaza la realización de las elecciones el próximo 7 de febrero. (O)
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