La eventual candidatura presidencial de Álvaro Noboa se ha convertido en un fantasma para Guillermo Lasso y es una baza de negociación en el juicio político de María Paula Romo.
Faltan 76 días para las elecciones presidenciales de Ecuador y aún el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le puede decir al país cómo quedará la papeleta que recibirán los ecuatorianos el próximo 7 de febrero.
La candidatura de Andrés Arauz, por la alianza Unión por la Esperanza (UNES) y favorito en las encuestas aún no está en firme. Ahora se suma una nueva novela: la eventual postulación de Álvaro Noboa.
El político y empresario juega desde hace seis meses con esa eventualidad lo que pone de los pelos de puntas a la campaña de Guillermo Lasso que ve amenazado su segundo lugar y su posible pase al balotaje. Por eso hace todo lo posible para evitarlo.
Esta novela empezó cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), órgano de administración de justicia electoral, habilitó al movimiento Justicia Social, que el CNE había borrado de sus registros para cumplir con la Contraloría.
El contralor Pablo Celi metió sus narices en el proceso electoral, como lo están haciendo muchas entidades de Estado, e intentó dejar fuera de juego a cuatro organizaciones políticas, incluidas Justicia Social.
El TCE no lo permitió y habilitó a Justicia Social para que participe. Entonces el CNE, acogió este falló y emitió una resolución en la cual da un plazo extra a este movimiento para que organice primarias e inscriba candidatos.
Pero sorpresivamente, una semana después y solo cuando se enteró que Justicia Social inscribió a Álvaro Noboa, el mismo CNE dio de baja su resolución, la que daba tiempo extra porque el periodo de inscripciones ya había pasado. El TCE ordena en su fallo darle esa oportunidad porque Justicia Social no pudo ejercer sus derechos políticos, por la intromisión de la Contraloría.
En cambio el CNE asegura que Justicia Social siempre pudo ejercer sus derechos porque la resolución que los eliminaba del registro electoral nunca estuvo en firme. Tanto que ellos postularon, en un principio a Fabricio Correa como su candidato presidencial, pero que este renunció y eso no es culpa de ellos.
El fin de semana se difundió un fallo del TCE en el que pide al juez y presidente del organismo, Arturo Cabrera que se cerciore que su sentencia se haya cumplido. Mientras que el CNE publicó un comunicado en el que asegura que el fallo sobre Justicia Social sí se acató, pero insinúa que Álvaro Noboa no puede ser candidato porque eso sería darle tiempo adicional e irrespetar el principio de igualdad de condiciones.
Con ello el proceso electoral se empantana aún más porque ahora resulta que la aprobación de la candidatura de Noboa es una baza de negociación en el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que se desarrollará este martes 24 de noviembre de 2020.
Así lo dijo Silka Sánchez, la lugarteniente de Noboa en entrevista con Teleradio. Mientras que el propio Noboa denunció que Lasso controla el CNE.
En la Asamblea, si Romo consigue que los 20 asambleístas de CREO se abstengan en la votación, no habrá votos suficientes para destituirla. Se necesita llegar al número mágico de 91 votos a favor.
Se sabe que Revolución Ciudadana y el PSC irán por el sí. Mientras que Alianza PAIS probablemente vote dividida al igual que los independientes que participaron en el reparto de los hospitales.
Si Romo evita el sí a su destitución de CREO, se habrá salvado. A cambio entregaría a Guillermo Lasso sus poderosas gestiones en el CNE para cerrar el paso a Álvaro Noboa.
Todo esto enturbia el proceso electoral porque aunque el gobierno insista en que no interfiere en él lo hace desde el primer día: con su contralor para impedir que Revolución Ciudadana participe, con su Ministro de Economía para limitar el presupuesto y ahora con Romo tratando de favorecer a Lasso a cambio de su salvación. Son este tipo de amarres politiqueros que causaron las explosiones sociales en Perú y Guatemala; acá juegan con fuego. (O)
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