Para acceder a un juicio rápido y una menor condena, el exasambleísta reconoció el delito de delincuencia organizada. Fue condenado a cuatro años de prisión.
Daniel Mendoza era uno de los asambleístas favoritos del establishment: joven, guapo, pero cuyo mayor mérito era haber roto con Rafael Correa y convertirse en un incondicional de María Paula Romo y Lenín Moreno.
Tan leal era que lo pusieron al frente de la comisión legislativa que redactó las leyes para viabilizar los resultados de la consulta popular de 2018, aquella que cimentó la desgracia que vive el país actualmente.
Luego lo volvieron a premiar con la presidencia de la Comisión de Régimen Económico para que saque adelante todas las reformas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía, además de un asiento en la Comisión de Fiscalización, donde sirvió de escudo del gobierno.
Ahora ese mismo político, ya exlegislador, ha reconocido el delito de delincuencia organizada, lo que significa que se asoció con varias personas para delinquir. Concretamente para esquilmar al Estado y robarle así su hospital a Pedernales (Manabí). Porque el dinero que debía financiar la construcción de esa casa de salud se la repartió él y otros políticos.
Reconoció el delito para acogerse al juicio abreviado, una figura pernal que permite al acusado un proceso rápido y con penas reducidas, siempre y cuando no haya tenido antecedentes. Por eso fue sentenciado a 4 años de prisión, que cumplirá en la Cárcel 4 de Quito, aquella que se hizo para policías y donde también están Daniel Salcedo y Jacobo Bucaram. Casualmente es la misma cárcel que se le niega a Jorge Glas, que cumple condena en Latacunga.
Junto con Mendoza reconocieron la culpa el que fuera su principal asesor Jean Carlos Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob) René Tamayo y José Véliz, principal accionista del Consorcio Pedernales, la empresa que debía construir el hospital.
Según Fiscalía, estos ciudadanos planificaban y dirigían actividades ilícitas utilizando mecanismos como la contratación pública y la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito.
Esta estructura tenía roles determinados. Los líderes de la organización, desde la Asamblea Nacional, gestionaban cargos en varias instituciones públicas. Además, designaban a miembros de la estructura en puestos directivos y en comisiones técnicas para la adjudicación de contratos a las empresas.
Pero la pregunta sigue sin respuesta por parte de la Fiscalía: ¿quién permitió este reparto? Se podrá cree que fue Tamayo, quien entregó el contrato. Pero ¿por qué a este le interesaba que Mendoza y otros legisladores se mantengan con el oficialismo?
Es ingenuo creer que un asambleísta tan influyente como Mendoza accedió a tantos recursos, sin una contraparte en el Ejecutivo, que no puede ser Tamayo por su bajo perfil político y porque su nombramiento provino de otro asambleísta vinculado, Eliseo Azuero.
Es muy obvio que Mendoza y Tamayo no actuaban como una mafia independiente dentro del Legislativo. El propio exasambleísta aseguró que los recursos se repartieron a colegas suyos como pago por sus votos. Pero ese testimonio no fue tomado en cuenta por la Fiscalía, que se rehusó a vincular a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pese a que ha sido señalada como cabeza de esta estructura criminal.
La diferencia con el caso Sobornos
Cuando estalló el caso Sobornos, Pamela Martínez mostró un cuaderno como prueba y acusó a una serie de funcionarios del anterior gobierno, entre ellos Rafael Correa. Fue suficiente para vincularlo y acusarlo.
Pero el mismo trato no recibe el testimonio de Mendoza, pese a que la propia Romo confesó que recibía “sugerencias” de nombramientos.
Si la ministra hubiera recibido el mismo trato que Correa, hace rato su ministerio y casa habrían sido allanados y ella estaría bajo prisión preventiva. Pero a ella nadie la toca. Y eso no tiene sentido: ¿para qué fue entonces la compra de votos? La investigación no siguió su curso natural que es llegar hasta Romo y su jefe, el presidente Lenín Moreno. (O)
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