Los dirigentes Janeth Cabadiana y Édgar Zavala comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el marco del juicio político a María Paula Romo. “Hubo exceso de la fuerza púbica, personas que resultaron heridas y lesionadas”, denunció Cabadiana.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea escuchó los testimonios de Janeth Cabadiana y Édgar Zavala, quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos en la provincia de Sucumbíos durante las protestas de octubre de 2019. Mencionaron detenciones arbitrarias, amedrentamientos y palizas por parte de la policía.
Las comparecencias se rindieron en el marco del juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que se tramita en esta comisión de la Asamblea.
El testimonio más fuerte fue el de Cabadiana, quien recordó que la situación social de Sucumbíos ya era tensa antes del paro nacional porque en agosto de 2019 hubo una protesta en la provincia para reclamar por la desatención del Gobierno.
Para desactivar esa protesta se firmó un acuerdo con la Gobernación, que no se cumplió. Entonces cuando estalló el paro, Sucumbíos se sumó a la movilización.
“Hicieron uso de cartuchos, balas de goma direccionados a la humanidad de los manifestantes, el uso de gas lacrimógeno era excesivo”, narró Cabadiana.
“Ciudadanos que pasaban por la calle también eran detenidos y por eso los jueces les otorgaban la libertad porque no había pruebas de cargo, se detuvo a dos periodistas que estaban cubriendo la manifestación”, denunció.
La dirigente indicó que se capturaban a líderes sociales que eran sometidos a “castigos físicos, toques o palizas por parte del personal policial”.
Cabadiana aseguró que el 7 de octubre de 2019 se produjo una emboscada en la que se detuvo a 130 personas. Todos fueron liberados, excepto 9.
“Las 9 personas fueron detenidas se les violento sus derechos humanos, no se les garantizó el debido proceso, permanecieron secuestrados 18 horas porque no tuvieron acceso a comunicación alguna, no se sabía dónde estaban, estaban desparecidos, la policía no daba respuesta donde estaban, incluso temíamos por la vida de ellos”.
Janeth Cabadiana, activista social de Sucumbíos
Por su parte Zavala denunció que los 9 estuvieron en Petroecuador y luego llevados a Quito. Actualmente todos están libres menos 3, que dijo son los más humildes.
Ellos guardan prisión en Archidona, en un lugar más lejos que la capital del país. “Sus familias dependían de ellos, sus esposas han tenido que ver por las necesidades de sus hijos en medio de esta pandemia”, describió.
Zavala denunció que la Gobernación intimidó a los familiares para que no protesten y que se luego de produjeron allanamientos con el mismo fin.
Por esa razón, Zavala y Cabadiana pidieron justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y que se censure a la ministra Romo.
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