La asambleísta Verónica Iñiguez argumentó la demanda: no es económica urgente, no contó con consulta prelegislativa al abordar derechos de las comunidades, no respeta la unidad de la materia, no contó con debate democrático puesto que se impidió la participación ciudadana y es regresiva a los derechos de la naturaleza.

Primero fue la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de GAD y ahora una acción similar, pero contra la Ley Minera. Son las acciones de la Bancada de la Revolución Ciudadana como parte de su actividad política de resistencia al gobierno de Daniel Noboa.
Este miércoles 4 de marzo de 2025, los legisladores de la RC, liderados por la asambleísta Verónica Iñiguez acudieron a la Corte Constitucional para presentar la demanda.
Allí Iñiguez ofreció una rueda de prensa donde argumentó detalladamente las razones de la demanda.
Primero, no es económico urgente puesto que sus efectos no son inmediatos. Segundo, no contó con la consulta prelegislativa, un requisito indispensable cuando se tramitan leyes que afecten los derechos colectivos de las comunidades.
Tercero, no respetó la unidad de la materia puesto que aborda temas de minería, energía, inversiones, tributarios y más.
Cuarto, no contó con el debate democrático que toda ley requiere antes de ser aprobada. En la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó el proyecto, nunca quiso recibir a grupos ecologistas.
A la propia Iñiguez se le negó la palabra durante la comparecencia de la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, en la comisión.
A Iñiguez tampoco le dieron la palabra durante el segundo y definitivo debate que se realizó la semana pasada en una universidad privada de Samborondón (Guayas).
La quinta y última razón es que la norma es regresiva de derechos, especialmente a los de la naturaleza, consagrados en la Constitución.
Los legisladores de la Revolución Ciudadana, en su demanda, solicitaron medidas cautelares para que la Corte suspenda cuanto antes los efectos de toda la Ley Minera.
Esta norma y la de los GAD fueron enviados por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Ambas se tramitaron en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN.
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