La Corte Constitucional consideró que las leyes de Solidaridad e Integridad violan derechos y no respetaron la unidad de la materia.
Una de cal y otra de arena. Esa es la actitud de la Corte Constitucional. Si días atrás dio paso al referendo para instalar una Constituyente; la noche de este 26 de septiembre de 2025 echó abajo las leyes de Solidaridad e Integridad.
Se trata de las primeras dos leyes económicas urgente enviadas por Daniel Noboa, una vez que ADN se hizo con el control de la Asamblea. En total, ya van cinco leyes de este tipo. De hecho, la última, la que permite la venta de cartera del Biess se aprobó ayer.
Las dos leyes declaradas inconstitucionales eran fundamentales para el Gobierno, en lo que se refiere a su agenda de regresión de derechos y de obediencia al FMI.
Es así que la primera ley, la de Solidaridad, es la que instauraba un nuevo estado, no contemplado en la Constitución: el conflicto armado interno. Eso permitía una violación de derechos básicos como detener personas o incautar propiedades sin orden judicial.
Además, creaba un indulto anticipado para los miembros de la fuerza pública que cometieran excesos. Represión pura para supuestamente dar seguridad a los ecuatorianos.
El mismo discurso maniqueo de siempre: que la ciudadanía entregue derechos a cambio de una seguridad que nunca llega. Lo mismo dijeron para subir el IVA.
La defensa de esta ley fue el argumento del asambleísta Sergio Peña para abandonar la RC. Actualmente, él siempre vota con el oficialismo en el Legislativo.
Mientras que la otra norma inconstitucional, la de Integridad, fue la que precarizó los derechos laborales en el sector público. Permitía capacitaciones ad hoc y otorgaba súper poderes al Ministerio de Trabajo para despedir funcionarios.
También permitió el juzgamiento de menores de edad como si fueran adultos, cortesía del asambleísta Andrés Castillo. Además, eliminó la acción afirmativa a los sectores de la economía popular y solidaria en las compras públicas.
La oposición, representada por la Revolución Ciudadana, siempre advirtió que la ley violaba el principio jurídico de unidad de la materia. Esto es que una ley económica urgente solo puede abordar una temática.
Al final la ley quedó como un shampoo, una especie de Ley Trole. Y eso reconoció la Corte Constitucional en su dictamen puesto que la ley trataba una diversidad de temas.
La ponente de ambas leyes fue la otrora jefa de bloque de ADN y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Valentina Centeno. Ella hoy está desaparecida porque supuestamente está estudiando en el extranjero. Por eso va una vez al mes a la Asamblea para renovar su permiso, en lo que es una trampa más del oficialismo.
Pero ella tendrá que explicarle al país porque impulsó y aprobó normas abiertamente inconstitucionales, como lo advirtieron la oposición y expertos jurídicos.
No solo que hacen perder tiempo y recursos; ADN usa la Asamblea para impulsar leyes que no benefician al país. Y en eso tiene un rol preponderante Niels Olsen.
Finalmente este es un logro de la oposición porque los asambleísta de la RC siempre lo dijeron: esas leyes no pasarán el filtro de la Corte. Pese a eso, ADN siguió adelante, incluso comprando voluntades.
Ahora el Gobierno y sus acólitos otra vez redoblan sus ataques a la Corte. Se quedaron mudos cuando le dieron paso a su referendo. El fallo lo ven como una oportunidad para impulsar la Constituyente.
¿Aprobará Ecuador semejante despropósito, habiendo visto que el único norte de Daniel Noboa es la destrucción del Estado y de los derechos, como forma para enriquecer aún más a su familia? Eso se sabrá el 16 de noviembre.
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