Mónica Palacios fue suspendida por 90 días por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado totalmente por el oficialismo.
Mónica Palacios estaba en su permiso de maternidad, luego de dar a luz. El pasado 10 de septiembre interrumpió su vacancia para acudir a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.
Ese día, la comisión, presidida por la cuencana Camila León, convocó a las ministras de Ambiente y Energía para analizar la situación del proyecto minero Loma Larga, en Quimsacocha.
Las ministras no fueron, pero Mónica Palacios, cuencana de nacimiento, sí. Ella no forma parte de la comisión, pero solicitó participar en la sesión.
León, acorralada por la ira de los cuencanos que se oponen a Loma Larga por afectaciones a sus fuentes de agua, en un momento le dio la palabra a Palacios.
Ella centró su intervención en un post de la primera dama, Lavinia Valvonesi, donde agradecía un auspicio a su proyecto social por parte de Dundee Precious Metal. Esta empresa es la encargada de explotar Loma Larga.
Palacios llevó impresa la publicación, pero León la interrumpió y le dijo que se centró en el tema que generó la convocatoria de la comisión.
Palacios no acató y siguió, incluso después de que se le apagó el micrófono. Ella se puso de pie y, a viva voz, denunció la cercanía de la primera dama con la empresa minera.
Eso ocasionó que Nataly Morillo, asambleísta de ADN y que también estaba en la sesión, le presentara una denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Este órgano de la Asamblea está totalmente integrado por miembros de la mayoría oficialista. Así que no hubo sorpresa: Palacios recibió una suspensión de tres meses, tiempo en el que no podrá actuar como asambleísta, ni percibirá su salario.
Esa sanción se le impuso pese a su periodo de maternidad. Por lo que Palacios presentará acciones legales dentro y fuera del país.
En una rueda de prensa, ella le habló a Cuenca. Le dijo que recibe esa sanción como retaliación por su defensa de Quimsacocha.
La sanción de Palacios se enmarca en medio de una asedio y hostigamiento que vive la oposición en la Asamblea. La legisladora de RC, Nuria Butiñá, enfrenta una posible destitución por supuesto cobro de diezmos.
De igual manera Niels Olsen, presidente de la Asamblea, lleva adelante un proceso contra 45 legisladores opositores por supuesto abandono del Pleno. Ellos se ausentaron 7 minutos para ofrecer una rueda de prensa.
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