Las organizaciones sociales que apoyaron la consulta de Jaime Nebot anuncian una reforma a la Carta Magna para limitar las funciones de la Corte Constitucional.
Terminó la luna de miel entre la Corte Constitucional (CC) y parte del espectro político del país. El tribunal, que fue bautizado como corte de lujo porque fue conformada por el difunto Julio César Trujillo, ahora enfrenta la ira del Partido Social Cristiano (PSC).
La agrupación, a través de las organizaciones sociales que promueven la consulta popular de Jaime Nebot, le han declarado la guerra a la CC. El causus belis fue la negativa de los magistrados a tramitar la consulta.
El comunicado de los colectivos denuncia una “mayoría ideológica” conformada por los jueces Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Karla Andrade y Agustín Grijalva.
“Dicha mayoría, que viene actuando continuamente como una aplanadora con su propia agenda ideológica”, señala el texto. Para los firmantes se “ha obstaculizado con evidentes sesgos ideológicos disfrazados de tecnicismos que solo constituyen leguleyadas”.
Incluso señalan que la jueza ponente, Daniela Salazar, “en la sesión convocada para discutir el fallo, habría tenido expresiones sectarias, regionalistas y descalificadores de la inteligencia del pueblo”.
Por ello anuncian una reforma a la Carta Magna “a fin de que la Corte Constitucional tenga límites en sus actuaciones, y sus integrantes respondan legal y políticamente, como todas las demás autoridades del país”. Actualmente los magistrados de la CC no son susceptibles a juicio político.
Luego de declinar una candidatura presidencial, Nebot planteó una consulta popular sobre diversos temas, entre ellos autonomías, seguridad social y agricultura.
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