La Policía Internacional (Interpol) considera que en el juicio contra Solís, quien tiene una sentencia por el caso Sobornos, hubo elementos políticos y se le negó el debido proceso.
Nueva derrota internacional para la justicia ecuatoriana. Interpol, que había localizado a Walter Solís, exministro de Obras Públicas y secretario del Agua, en Estados Unidos, lo borró de su lista de personas buscadas.
Así lo informó su abogado Alembert Vera quien publicó la resolución de la comisión de juristas de Interpol.
En su parte pertinente, esta comisión señala que hay dudas en el caso por la existencia de elementos políticos.
Agrega las dudas son porque se le negó el derecho a un juicio justo a Solís. Por eso ordena retirar de sus registros la orden captura en contra del exministro.
En diciembre de 2019, Ecuador pidió a Interpol que localice a Solís, lo que se hizo en febrero de 2020, cuando la Policía Internacional informó que estaba en Estados Unidos, con estatus legal. Por eso pidió iniciar los trámites de extradición, lo cual no ha ocurrido.
“Encontramos justicia fuera del país, muestra de la dictadura con la cual hemos tenido que luchar, Walter Solís es inocente y la barbarie cometida por la Fiscalía y la Corte Nacional deberá ser corregida por la Corte Constitucional”, reclama Vera.
El abogado califica al juicio como espurio y una vergüenza nacional. En Ecuador Solís tiene una boleta de captura ya que fue encontrado culpable en el caso Sobornos.
El fallo condena a 8 años de cárcel por el delito de cohecho a 20 personas, entre ellos Solís y al expresidente Rafael Correa.
Este último, en su cuenta de Twitter, afirmó que “Interpol niega alerta roja por Caso Bochornos contra Walter Solís, miserablemente perseguido desde la época de la ministra Roxana Alvarado”.
El caso Sobornos tiene su génesis en una supuesta investigación periodista realizada por el político Fernando Villavicencio, hoy candidato a asambleísta por la alianza entre el Partido Socialista y el movimiento Concertación.
Esa supuesta investigación, que acogió la fiscalía y los jueces ecuatorianos, denuncia un esquema de sobornos a contratistas del Estado en el gobierno de Rafael Correa.
Aparte Solís enfrenta un proceso por peculado por supuesto desvío de fondos para pagar abogados en un juicio privado.
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