La ministra de Gobierno, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, dijo que hay que diferenciar las responsabilidades de los comandantes de la policía con la suya, como autoridad civil.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se defendió ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el juicio político en su contra. Para ello montó un escenario en el Palacio de Carondelet en el que estuvo acompañada del mando policial y de uniformados que fueron secuestrados durante las protestas de octubre de 2019.
En la primera parte de su alocución, Romo hizo un recuento del paro del año pasado desde su visión: 11 pozos petroleros tomados, 94 bloqueos de vías principales, 57 ambulancias atacadas, 290 vuelos suspendidos y 400 policías o militares secuestrados. “Esa es la magnitud del caos en la que actuó la policía”, explicó.
Dijo que ella envió un documento a la Policía con las directrices a implementar durante el estado de excepción que rigió aquellos días. “Yo no soy una policía. Yo soy una autoridad civil que tiene responsabilidad sobre las políticas públicas y lineamientos generales”, aclaró.
Aunque aseguró que no hace un lavado de manos porque respalda a la Policía, luego expresó que “las instrucciones operativas que se dieron en octubre de 2019 no me corresponden a mi como ministra. Hay que diferenciar las tareas del comandante de la policía y los comandantes de zona”.
Una de las causales del juicio político es el uso de bombas lacrimógenas caducadas, algo que Romo reconoce pero que asegura no tienen efecto en la salud humana, sino que son menos eficientes.
Sin embargo, responsabilizó de este uso al mando policial. “La policía no me informo que había bombas caducadas, ni me pidió permiso, pero si lo habría hecho habría dicho que sí”, expresó.
Justificó el uso de las bombas lacrimógenas porque de lo contrario era pedirle a la Policía que se repliegue o que use armas letales, lo cual afirmó no iba a hacer.
La otra causal es la tardía convocatoria del comité de protección de periodistas luego de la retención de reporteros en la Casa de la Cultura de Quito.
Sobre este punto, aclaró que el hecho fue un secuestro. Después dijo que ella no preside ese comité sino la Secretaría de Comunicación por lo que no era responsabilidad suya convocarlo.
Uso político de la Policía
Romo aprovechó su intervención para defender la actuación de la Policía e insistir en el mensaje de que el juicio también es contra la fuerza pública. “Si el juicio político es sobre las bombas lacrimógenas es un juicio a la policía”.
Señaló que esas bombas lacrimógenas sirvieron para desalojar a los manifestantes que se tomaron la Asamblea, y por ese hecho el presidente del Legislativo, César Litardo, felicitó a los uniformados.
“Tuvimos policías que resultaron quemados, que perdieron uno de sus ojos, que fueron secuestrados”.
“Me llama la atención que la asamblea ponga en duda la misión constitucional de la policía”.
María Paula Romo, ministra de Gobierno
Otra acusación contra Romo es el ataque a los centros de paz, que era donde se albergaban los indígenas.
La ministra criticó el uso de ese término porque son propios del derecho internacional humanitario y equivaldría a señalar que había zonas de guerra en Quito.
“Nunca desalojamos lugares donde estaban los manifestantes ni ninguna de las 8 gobernaciones del país tomadas”, aseguró.
Aunque reconoció que la noche del 9 de octubre de 2019 cayeron bombas lacrimógenas sobre las dos universidades donde se alojaban los indígenas. Por eso dijo que se disculpó y no volvió a ocurrir un hecho igual.
Está previsto que la próxima semana, la Comisión de Fiscalización vote si envía o no el juicio político al pleno de la Asamblea, donde la ministra podría ser destituida.
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