Junto con Adum también serán enjuiciados por el delito de fraude procesal el propio Salcedo, su novia Jocelyn Mieles y el piloto Franklin Lara. El hijo de Adum, Samuel, fue sobreseído.
De los 9 procesados por el delito de fraude procesal, en el caso originado por la fallida huida de Daniel Salcedo, la Fiscalía solo presentó dictamen acusatorio contra cinco de ellos.
De ese grupo, únicamente cuatro irán a juicio por decisión de la jueza de garantías penales, Mónica Caicedo, tras la audiencia realizada el pasado viernes 30 de octubre, en Guayaquil.
La Fiscalía acusó a Daniel Salcedo y el piloto Franklin Lara como autores. En calidad de cómplice se acusó al político y empresario Alfredo Adum Ziadé, quien fuera diputado y prefecto del Guayas por el desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).
En esa misma situación quedó la novia de Salcedo, Jocelyn Mieles, y Samuel Adum, el hijo de Alfredo. Pero la jueza Caicedo declaró inocente a este último porque no encontró suficientes elementos de convicción, aunque la fiscalía anunció que apelará esta decisión.
Este caso se origina tras la fallida huida de Salcedo y Mieles, el pasado 8 de junio de 2020, a Perú, a bordo de una avioneta que era piloteada por Lara y que era propiedad de la empresa de los Adum.
Salcedo emprendió el viaje pese a que tenía una boleta de detención y de que era investigado por haber participado en el caso de venta de insumos médicos con presunto sobreprecio a hospitales públicos de Guayaquil.
Para ello utilizó nombres falsos e indujo a engaños a las autoridades judiciales, aseguró la Fiscalía en un comunicado.
El vuelo se frustró porque la avioneta se accidentó el mismo día de la partida en Zarumilla, al norte de Perú. En el percance falleció uno de los pilotos de la avioneta, Alfredo Espinoza.
El plan de vuelo de la avioneta siniestrada era la ruta Guayaquil – isla Puná, por lo que el viaje a Perú era ilegal.
La jueza Caicedo dictó prisión preventiva contra Salcedo, medida que ya cumple por otros procesos vinculados la corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por lo que está preso en la cárcel El Inca, de Quito.
Mientras que para Lara, Adum Ziadé y Mieles se mantuvieron las medidas cautelares ya vigentes. El primero tiene arresto domiciliario, el segundo debe presentarse cada semana a las cortes y la tercera no puede salir del país.
El artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de fraude procesal con prisión de uno a tres años.
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